Zonas de refugio pesquero: lecciones del corredor San Cosme-Punta Coyote, Baja California Sur, México.
Fishing Refuge Zones: Lessons from the Fishing Corridor San Cosme-Punta Coyote, Baja California Sur, Mexico.
Concepción Molina Islas[1]
Resumen: La pesca en pequeña escala es esencial para las comunidades costeras de México, pero enfrenta desafíos críticos como la sobreexplotación y el limitado cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y sus normativas. Tras el anuncio federal de 2025 de ampliar el Sistema Nacional de Zonas de Refugio Pesquero (ZPR) de 28 a 83 áreas, resulta necesario evaluar la viabilidad operativa de esta política. Este artículo analiza el Corredor San Cosme a Punta Coyote (CSCPC) en Baja California Sur —la primera red de ZRP en el país— para identificar las condiciones que permitieron su funcionamiento entre 2012 y 2022. A partir de una revisión documental cualitativa y del análisis de reportes técnicos mediante indicadores de diseño, gobernanza, variables biológicas —agregadas por tratarse de una pesquería multiespecífica— y esquemas de financiamiento, se constata un éxito biológico notable: un aumento del 630% en la biomasa de especies comerciales y un incremento del 22% en tallas promedio dentro de los refugios. Sin embargo, estos avances conviven con una marcada fragilidad institucional derivada de la discontinuidad del apoyo gubernamental, especialmente en vigilancia y financiamiento desde 2018. Se concluye que la efectividad de las ZRP depende de una fuerte apropiación comunitaria y de un financiamiento sostenible que trascienda los ciclos administrativos públicos.
Palabras clave: pesca en pequeña escala, gobernanza comunitaria, manejo pesquero, fragilidad institucional, financiamiento sostenible.
Abstract: Small-scale fishing is essential to Mexico’s coastal communities, but it faces critical challenges such as overexploitation and limited compliance with the General Law on Sustainable Fisheries and Aquaculture (LGPAS) and its regulations. Following the federal announcement in 2025 to expand the National System of Fishing Refuge Areas (ZRP) from 28 to 83 areas, it is necessary to assess the operational viability of this policy. This article analyzes the San Cosme to Punta Coyote Corridor (CSCPC) in Baja California Sur —the first ZRP network in the country— to identify the conditions that allowed it to function between 2012 and 2022. Based on a qualitative document review and analysis of technical reports using indicators of design, governance, biological variables —aggregated because it is a multispecies fishery— and financing schemes, a remarkable biological success is evident: a 630% increase in the biomass of commercial species and a 22% increase in average sizes within the refuges. However, these advances coexist with marked institutional fragility derived from the discontinuity of government support, especially in surveillance and financing since 2018. It is concluded that the effectiveness of ZRPS depends on strong community ownership and sustainable financing that transcends public administrative cycles.
Keywords: small-scale fisheries, community governance, fisheries management, institutional fragility, sustainable financing.
Introducción
La pesca en pequeña escala y artesanal desempeña una función vital en la seguridad alimentaria, la nutrición, la erradicación de la pobreza, el desarrollo equitativo y el uso sostenible de los recursos. Por lo general, este tipo de pesca está firmemente arraigado en las comunidades, tradiciones y valores locales (FAO, 2015). Sin embargo, la percepción histórica del mar como una fuente inagotable de recursos ha fomentado prácticas que hoy amenazan a la mayoría de los recursos pesqueros, principalmente a través de la sobrepesca, la pesca ilegal y el escaso o nulo cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y sus normativas derivadas, tales como los periodos de veda, el uso de artes de pesca permitidas y la posesión de permisos vigentes.
Ante la creciente crisis de los ecosistemas marinos, las zonas de refugio pesquero (ZRP) han ganado importancia como un instrumento clave para la restauración de pesquerías de pequeña escala. A nivel internacional, la transición hacia esquemas de manejo pesquero basados en derechos y responsabilidad comunitaria ha demostrado ser una estrategia eficaz para revertir la degradación de los recursos. Destacan casos emblemáticos como el sistema de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos en Chile, que, mediante la asignación de derechos territoriales de uso (TURF, por sus siglas en inglés), ha logrado la recuperación de pesquerías críticas como el “loco” (Concholepas concholepas) y fortalecido la resiliencia socioecológica (Gelcich et al., 2010). De igual forma, en el Indo-Pacífico, las áreas marinas manejadas localmente en países como Fiji y las reservas marinas comunitarias en Filipinas (e.g., Isla Apo), han evidenciado cómo el cierre parcial o total de zonas de pesca, legitimado por la gobernanza local y el conocimiento tradicional, genera efectos de desbordamiento (spillover) que benefician tanto a la biodiversidad como a los rendimientos pesqueros adyacentes (Govan, 2009; Russ & Alcala, 2011). Estas experiencias globales subrayan que el éxito biológico no depende únicamente de la restricción espacial, sino de la solidez de las instituciones comunitarias que las administran.
En México, esta herramienta ha cobrado relevancia en el periodo de gobierno federal 2024-2030, como lo demuestra el anuncio oficial en la Tercera Conferencia de la ONU sobre los Océanos (2025), de crear un Sistema Nacional de ZRP y pasar de 28 a 83 zonas para 2026 (Conapesca, 2025; IMIPAS, 2024). Sin embargo, este ambicioso objetivo plantea interrogantes sobre la viabilidad y efectividad de su implementación, considerando que tan solo la mitad de las áreas establecidas están operando en la actualidad (Torre, 2025), con un presupuesto mínimo (Causa Natura, 2021), en un contexto de austeridad fiscal, a pesar de la urgencia ecológica y social.
El Corredor San Cosme-Punta Coyote (CSCPC), establecido en 2012 como la primera red de ZRP en México, sirve como caso de estudio fundamental. Al corte de noviembre de 2025, se contabilizaron 14 acuerdos regulatorios vigentes que incluyen 33 polígonos que abarcan una superficie total de 65.518 hectáreas; este cálculo excluye al Golfo de Ulloa, dado que no cumple con las características básicas de una ZRP.
El CSCPC surgió como una respuesta comunitaria a la sobreexplotación de las pesquerías locales; pero su camino, desde la propuesta hasta la implementación, ha estado marcado por importantes desafíos institucionales y sociales. Aunque su historia ha sido documentada (González-Medina et al., 2025; Quintana & Basurto, 2021), existe un vacío en el análisis de las condiciones clave que permitieron su éxito biológico, el cual coexiste con una alta fragilidad socioinstitucional.
Comprender estos factores es crucial para evitar que la actual expansión nacional de ZRP se convierta en una iniciativa “de papel”, sin resultados tangibles. Por lo anterior, el objetivo de este artículo es identificar las condiciones para el establecimiento y la operación de la red de refugios pesqueros del CSCPC durante el periodo 2012-2022. Los resultados de este análisis podrán complementar la política actual de expansión de ZRP en México, de tal forma que los nuevos refugios se diseñen sobre bases sólidas que promuevan tanto la restauración de los ecosistemas como el bienestar de las comunidades pesqueras.
Este documento se estructura en tres secciones. La primera detalla el área de estudio y la metodología para alcanzar el objetivo propuesto. La segunda contextualiza el origen de la red de refugios pesqueros del CSCPC y presenta los resultados operativos tras diez años de implementación. Finalmente, la tercera sección discute los factores que favorecieron u obstaculizaron dicho proceso y presenta las conclusiones clave sobre la efectividad ecológica y la viabilidad socioeconómica de las ZRP en la región.
Área de estudio
El Corredor San Cosme-Punta Coyote se localiza en la costa oriental de Baja California Sur (BCS), México, y está conformado por parte del litoral de los municipios de Loreto, Comondú y La Paz, abarcando aproximadamente 150 km de costa. Esta región es de gran importancia ecológica, ya que se caracteriza por una diversidad de hábitats marinos que incluyen fondos rocosos y arenosos, lechos de sargazo, parches de coral y estuarios con manglares, los cuales contribuyen a una elevada productividad biológica (Saldierna, 2017).
La región se encuentra ubicada entre el Parque Nacional Bahía de Loreto y el Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo. Esta área ha sido considerada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), como un Área Prioritaria para la Conservación Terrestre, Marina y Dulceacuícola (Niparajá & Pronatura Noroeste, 2011).
Actualmente, la red de zonas de refugio pesquero en el CSCPC abarca una superficie de 7.102 hectáreas y está integrada por nueve zonas de refugio totales-temporales y tres parciales-temporales En las ZRP totales, la pesca comercial se encuentra completamente restringida, mientras que en las parciales, la única pesca que se permite es para carnada y pesca doméstica (DOF, 2022). Las zonas de refugio vigentes representan un cierre y restricción de acceso al 20% de las zonas tradicionales de pesca (figura 1).
El CSCPC es una región de baja densidad poblacional (13 comunidades y 579 personas residentes en 2021), dedicada principalmente a la actividad pesquera ribereña con línea de mano y anzuelo como arte de pesca principal para la captura de recursos marinos (Castro-Salgado et al., 2024). El grado de marginación de las localidades está entre muy alto y medio (tabla 1).
El principal recurso de la pesquería es la escama marina multiespecífica, es decir, más de una especie puede ser capturada en el mismo lugar, en el mismo momento y por el mismo arte de pesca; además, la mayoría de las especies capturadas son de interés comercial. Las especies de mayor abundancia en la región son huachinango (Lutjanus peru), cadernal (Cephalopholis colonus), pierna (Caulolatilus princeps), jurel (Seriola lalandi), cochito (Balistes polylepis), cabrilla sardinera (Mycteroperca rosacea), pargo amarillo (Lutjanus argentiventris), pargo mulato (Hoplopagrus guentherii), estacuda (Hyporthodus niphobles), entre muchas otras (Torre, 2025). Pese a que la escama marina no es un recurso de alto valor, sí genera una derrama económica y es de gran importancia para el consumo local y nacional; además, en el caso de algunas especies, como el huachinango, también se destina a la exportación (Niparajá, 2022).
Metodología
Para la obtención de los resultados de este artículo, se hizo una revisión documental cualitativa en medios electrónicos, centrada en tres fuentes principales:
Documentos oficiales publicados en el Diario Oficial de la Federación (acuerdos de establecimiento y modificaciones de 2012, 2017 y 2022).
Literatura técnica, incluyendo los estudios técnicos justificativos avalados mediante la opinión técnica positiva del Inapesca (hoy IMIPAS [Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables]).
Reportes internos de monitoreo biológico y vigilancia proporcionados por Niparajá, que proveen evidencia práctica y datos de campo que no se encuentran en la literatura arbitrada.
La literatura gris fue validada con la opinión técnica positiva del Inapesca (hoy IMIPAS), emitida sobre los reportes técnicos presentados en dos ocasiones, como parte de las solicitudes para modificar los acuerdos de establecimiento de las zonas de refugio pesquero.
La búsqueda se sistematizó utilizando palabras clave específicas: refugios pesqueros, pesca en pequeña escala, gobernanza, manejo comunitario y vigilancia. Aunque el análisis operativo del caso de estudio se centra en la década de consolidación desde la publicación del acuerdo para su establecimiento y sus dos renovaciones de cinco años cada una (2012, 2017 y 2022), el periodo de revisión se extendió hasta 2025, con el fin de incluir el análisis de vigencia de los acuerdos actuales y contrastar los resultados con la reciente política pública del gobierno federal (2024- 2030) sobre la expansión del Sistema Nacional de ZRP.
Considerando que es escasa la literatura para definir indicadores de éxito de las zonas de refugio pesquero, se utilizaron las variables definidas en el trabajo que está realizando Comunidad y Biodiversidad (Caamal et al., 2025) en las ZRP, en las cuales esta organización ha trabajado (tabla 2). A estas variables se agregó el tema de financiamiento, por ser un aspecto fundamental para la operación de las ZRP.
Antecedentes
En 2009, la organización civil Sociedad de Historia Natural Niparajá (de aquí en adelante, Niparajá) comenzó la recolección sistemática de datos sobre problemas y soluciones propuestas dentro de las pesquerías del corredor. En ese momento, la zona operaba en un estado de libre acceso a los recursos naturales, es decir, sin regulaciones para el manejo de la actividad pesquera, sin evaluación del estado de los recursos ni vigilancia, lo que provocaba (Quintana & Basurto, 2021):
Agotamiento de recursos: las comunidades pesqueras locales, cuya principal actividad económica es la pesca, observaron una drástica disminución en la abundancia y el tamaño de las especies comerciales. En 2010, el 86% de los pescadores percibía que los recursos habían disminuido, lo que evidenciaba la sobreexplotación, el uso de técnicas de pesca dañinas y la falta de regulaciones de pesca.
Conflicto y falta de control: los pescadores locales se sentían impotentes ante la incursión de embarcaciones externas y pescadores que utilizaban artes de pesca no selectivas, lo que exacerbaba el declive de las pesquerías y generaba conflictos.
Incertidumbre legal: solo cerca de la mitad de las embarcaciones de pesca activas en el CSCPC(47 de 104) tenían permisos legales para pescar. Muchos pescadores locales carecían de permisos de pesca, lo que los colocaba en una situación de vulnerabilidad legal y les impedía exigir derechos sobre sus zonas de pesca tradicionales.
Al ver un alto interés en el tema de los permisos, Niparajá intercedió ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en nombre de los pescadores para discutir la posibilidad de distribuir permisos y, al mismo tiempo, solicitó orientación sobre el establecimiento de refugios pesqueros. Con la información recopilada, Niparajá tuvo un rol fundamental para que, en 2010, las comunidades costeras fueran invitadas por parte de la autoridad a participar en un ordenamiento pesquero, en respuesta a la problemática descrita.
El proceso de ordenamiento incluía: la regularización de la pesca a través de permisos, debido a que la mayoría de los pescadores tradicionales carecía de ellos; la definición de los sitios de arribo; la finalización de la matriculación, rotulación y colocación de chips en sus embarcaciones; la elaboración de un Plan de Manejo Pesquero y una propuesta para establecer zonas de refugio (Conapesca, 2018). El establecimiento de las zonas de refugio pesquero implicaba el uso de una herramienta que, si bien desde 2007 estaba incluida en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), no había sido aplicada.
La Ley define las zonas de refugio pesquero como: “Áreas delimitadas, con la finalidad de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo de los recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como preservar y proteger el ambiente que lo rodea” (art.4º, fracc. LI, DOF, 2007). En otras palabras, son espacios definidos en los cuales se reduce o restringe la actividad pesquera, de forma que se permita a los organismos que ahí habitan seguir con su ciclo de vida, crecer y aportar nuevos ejemplares, equilibrando de alguna forma los efectos de la pesca en las zonas aledañas a dichos espacios.
En septiembre de 2010, Niparajá, junto con la mayoría de los pescadores establecidos permanentemente en la zona, presentó un escrito formal a Conapesca. En ese documento manifestaron su interés de establecer 11 zonas de refugios pesqueros que abarcaban el 5% de sus zonas de pesca. Dicha medida tendría una vigencia de cinco años, con el fin de proteger especies en etapas de reproducción y crecimiento (Quintana & Basurto, 2021). El dictamen técnico de la propuesta quedó estancado por casi dos años en el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), debido a que la institución no contaba con una metodología clara para evaluar propuestas de este tipo. Inapesca emitió una opinión técnica favorable, no tanto por razones ecológicas, sino por el fuerte respaldo social y el consenso comunitario que sustentaba la propuesta. El 16 de noviembre de 2012, los refugios pesqueros del corredor fueron publicados como un acuerdo secretarial (DOF, 2012), convirtiéndose en los primeros en ser establecidos a nivel nacional como un instrumento de manejo pesquero legalmente respaldado, en respuesta directa a una severa crisis de sobreexplotación pesquera que afectaba a la región (Quintana & Basurto, 2021).
Resultados
Gestión y diseño
Para identificar las condiciones que han facilitado el establecimiento y la operación de la red de refugios pesqueros del Corredor San Cosme-Punta Coyote durante el periodo 2012-2022, se partió del hecho de que Conapesca reconoció su éxito mediante la publicación, en dos ocasiones (2017 y 2022), de la modificación a la cláusula de vigencia del acuerdo original establecido en 2012, denominadas “renovación” para fines prácticos de este documento.
El numeral 4.8 de la NOM-049-SAG/PESC-2014 (DOF, 2014) establece tres condiciones indispensables para que la Conapesca determine la permanencia (es decir, la renovación) de una ZRP:
La determinación de permanencia, modificación o eliminación, la toma la Conapesca, pero debe estar “con base en la opinión técnica del Inapesca (hoy IMIPAS)”.
Esta determinación debe hacerse “conforme a los resultados de los estudios que se realicen”.
El objetivo de dichos estudios es “evaluar los resultados en cuanto a los objetivos del establecimiento de dichas zonas”, es decir, los objetivos de reproducción, crecimiento o reclutamiento definidos en la LGPAS.
Los logros alcanzados durante 10 años de trabajo invertido por los pescadores de la región, que están dispuestos a continuar este esfuerzo por lo menos hasta 2027, motivados por los resultados positivos obtenidos, están integrados y resumidos en un Análisis de Impacto Regulatorio que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) presentó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), con la no objeción técnica del Inapesca. Estos resultados se reflejan tanto en términos productivos (mayor volumen y tallas de organismos de interés comercial) como en el sostenimiento de las condiciones del entorno natural que permite tales beneficios (Conamer, 2022), favorecido por la ubicación geográfica de las zonas de refugio pesquero del CSCPC, que facilita la conectividad ecológica con las áreas naturales protegidas de la región.
Gobernanza
En 2015, fue establecido el Comité Consultivo de Manejo Pesquero del CSCPC, con 24 integrantes, de los cuales 12 eran del sector productivo, además de representantes gubernamentales (Inapesca y Conapesca), instituciones académicas y de la sociedad civil representadas por Niparajá (Conapesca, 2015). Hasta 2019, las discusiones en el seno del Comité incluyeron mecanismos de gestión y exclusión formal de pescadores foráneos y la posible asignación de derechos en la forma de concesiones pesqueras exclusivas por 20 años. Sin embargo, en 2020, durante la pandemia de COVID-19, dichas gestiones fueron suspendidas, debido a que más de la mitad de los pescadores de pequeña escala se encontraban imposibilitados para realizar su actividad (Quintana & Basurto, 2021).
Desde su concepción en 2010, la vigilancia fue identificada como el mayor reto para la red de zonas de refugio pesquero. A pesar de que el Acuerdo por el que se establecen las ZRP especifica que la vigilancia estará a cargo de la Sader, por conducto de la Conapesca, así como de la Secretaría de Marina, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, la problemática ha persistido y se ha intensificado a lo largo del tiempo, con la pesca ilegal constituyendo una amenaza constante (El Organismo, 2023). El apoyo gubernamental para la vigilancia ha disminuido drásticamente. Entre 2013 y 2018, la Sader asignó subsidios para actividades de manejo pesquero (97%) e inspección y vigilancia (3%) en las ZRP. Aunque el CSCPC recibió 1.6 millones de pesos anuales en subsidios de la Sader entre 2013 y 2018, este apoyo cesó en 2019 (Causa Natura, 2021).
Ante la limitada capacidad de las autoridades federales para liderar actividades de inspección y vigilancia, Niparajá y los miembros de las comunidades que conforman el grupo de vigilancia comunitaria, promovieron el desarrollo de protocolos y planes de manejo de vigilancia, en coordinación con las autoridades y en colaboración otras organizaciones de la sociedad civil, particularmente la Red de Observadores Ciudadanos (especializados en inspección y vigilancia en la Bahía de La Paz).
La Federación de Cooperativas Zona Centro Baja California Sur, S.C. de R.L. de C.V. (FEDECOOP) ha desempeñado un rol relevante en la gestión de la renovación y modificación de las ZRP, así como en su operación. En los últimos años, su participación ha sido clave para fortalecer acciones de vigilancia comunitaria. La FEDECOOP realiza las contrataciones y pagos a los técnicos pesqueros, buzos monitores y técnicos de vigilancia comunitaria del Corredor, con recursos que ha recaudado tanto de fondos gubernamentales (Conapesca), como de recursos aportados por iniciativas como las que respaldan organismos internacionales como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y fundaciones como Walton Family Foundation y la Fundación Carlos Slim, entre otras.
Biológicos
Las evaluaciones de las poblaciones de peces, el seguimiento de las capturas y tallas de las especies de interés comercial capturadas en las zonas aledañas a las zonas de refugio, han sido desarrolladas por los pescadores locales con apoyo de Niparajá, siguiendo la metodología validada por el Inapesca (hoy IMIPAS). A nivel general, el análisis de las variables ecológicas muestra tendencias positivas tras una década de protección. Entre 2012 y 2021, la biomasa de las especies de interés comercial —analizada de forma agregada para la pesquería multiespecífica de escama— aumentó hasta en un 630%. Asimismo, la talla promedio de peces se incrementó en general un 22% dentro de las ZRP (Niparajá, 2022). Aunado a lo anterior, con base en información pesquera, se tiene registro que la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de la pesquería de escama ha tenido una tendencia positiva (Vázquez Garcés et al., 2019).
Las ZRP del CSCPC abarcan cerca del 20% de las zonas de pesca, por lo que Niparajá y otras organizaciones de la sociedad civil han asumido el compromiso de proporcionar las habilidades, capacidades y los mecanismos necesarios para que el sector pesquero pueda continuar pescando de manera responsable, al tiempo que contribuye a la protección y mantenimiento de estas zonas de refugio. Tal es el caso del proyecto de mejora pesquera (FIP, por sus siglas en inglés) desarrollado por Pronatura Noroeste y Niparajá para la pesquería de escama en el Corredor San Cosme-Punta Coyote desde 2017 (FisheryProgress, 2025).
Financiamiento
Entre 2014 y 2018, las comunidades del CSCPC recibieron apoyo gubernamental a través de programas como Propesca o Promovi, que representaron una de las pocas vías mediante las cuales la región recibió atención y apoyo financiero por parte del gobierno, en un contexto en el que históricamente había llegado poco o nada a esa región de Baja California Sur. Después de 2018, debido a recortes presupuestales y a la redirección del presupuesto federal hacia otros programas como el Bienpesca, dejaron de existir recursos desde el gobierno para apoyar directamente la operación de las ZRP en el país (Causa Natura, 2021). No fue sino hasta finales de 2023, cuando comenzó a observarse un interés creciente por parte del gobierno en respaldar esta herramienta, y en 2024, cuando el gobierno manifestó públicamente que las zonas de refugio son una herramienta indispensable para el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola.
Por otra parte, Niparajá ha contado con financiamiento continuo de fundaciones nacionales e internacionales para su programa de pesca sustentable, el cual funge como marco operativo para canalizar personal y recursos económicos para el manejo de las ZRP en el CSCPC. Las actividades financiadas incluyen monitoreo biológico, vigilancia y mejora pesquera (Niparajá, 2024).
La FEDECOOP ha hecho aportaciones económicas para el pago de técnicos pesqueros, buzos y técnicos de vigilancia comunitaria, con recursos que han recaudado de fondos gubernamentales (Conapesca), o de recursos aportados por iniciativas, como las que respaldan organismos internacionales como la AFD y corporaciones como Walton Family Foundation y la Fundación Carlos Slim, entre otras.
Discusión
A partir de la evaluación de los parámetros biológicos realizada por pescadores capacitados, y conforme al protocolo establecido por el Inapesca, es claro que el diseño de la red de zonas de refugio para la protección de un recurso natural —el cual se define como un bien público que, por su naturaleza de acceso abierto, se encuentra expuesto a la sobreexplotación— ha generado resultados positivos. Esto ha sido validado por la autoridad en dos ocasiones mediante la modificación de la cláusula de vigencia del Acuerdo original establecido en 2012.
Las ZRP han fomentado una mayor participación y colaboración en el sector pesquero desde el seno comunitario, con el fortalecimiento de una cultura de manejo compartido de los recursos pesqueros entre el sector productivo, las instancias de gobierno y la sociedad civil. En el Corredor, los pescadores han participado en acciones que contribuirán en el mediano plazo a lograr un ordenamiento pesquero que demuestre corresponsabilidad y co-manejo hacia la pesca, a través de la definición de tallas mínimas, restricciones en las artes de pesca, vedas temporales y el incremento de las zonas de refugio (Niparajá, 2025).
Sin embargo, este éxito parcial se sustenta en una compleja y frágil estructura de gobernanza comunitaria que ha debido compensar los vaivenes del apoyo gubernamental. Al contrastar este modelo con las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala de la FAO, se evidencia que la falta de un soporte institucional robusto transfiere una carga desproporcionada a las comunidades locales. Esta situación genera un progresivo desgaste de capital social, entendido como la erosión de la cohesión y la confianza comunitaria, debido a la fatiga de asumir responsabilidades estatales —como la vigilancia— sin contar con las atribuciones legales ni los recursos económicos necesarios. En consecuencia, la sostenibilidad a largo plazo de la red de ZRP se ve comprometida por la discontinuidad del apoyo gubernamental, particularmente en materia de vigilancia, lo que ha llevado a la persistencia de la pesca ilegal.
Si bien, las organizaciones civiles, como Niparajá, canalizan los fondos de la filantropía hacia los proyectos comunitarios, la permanencia del financiamiento externo depende de las prioridades de las fuentes de financiamiento, lo que deja un alto umbral de incertidumbre.
El caso del CSCPC demuestra que se requiere de un apoyo gubernamental estable, con las atribuciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las restricciones en las zonas de refugio, así como financiamiento continuo para generar y documentar los beneficios que resultan de limitar la pesca en el corto plazo, para que a largo plazo los recursos pesqueros de interés comercial puedan seguir desarrollándose sin los efectos negativos de la presión pesquera, como ha ocurrido durante 10 años; un periodo que resulta relativamente corto considerando las dinámicas poblacionales de los peces.
En el diseño e implementación de las ZRP del CSCPC, la participación de los siguientes actores es clave:
1. Gobierno federal: reguladores y aval científico.
Conapesca (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca): principal autoridad reguladora.
IMIPAS (Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sostenibles, antes Inapesca): entidad científica del gobierno, responsable de emitir la opinión técnica que valida la justificación científica de una propuesta de ZRP, así como de realizar las evaluaciones necesarias para determinar su renovación, modificación o eliminación.
Semarnat y Conanp (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas): su intervención es crucial cuando las ZRP se superponen o son colindantes con áreas naturales protegidas.
Comunidades pesqueras y cooperativas: custodios y beneficiarios.
Las comunidades son los actores centrales del modelo de ZRP: son las impulsoras de las propuestas, las poseedoras del conocimiento ecológico tradicional y las beneficiarias directas de la restauración de las pesquerías.
2. Organizaciones de la sociedad civil: catalizadores e intermediarios.
Expertos técnicos: apoyan a las comunidades a preparar los complejos documentos justificativos exigidos por la ley.
Desarrolladores de capacidades: capacitan a los pescadores en técnicas de monitoreo (ciencia ciudadana) y gobernanza.
Convocantes y facilitadores: fomentan el diálogo entre las comunidades, el gobierno y los financiadores.
Canales financieros: canalizan los fondos de la filantropía hacia proyectos comunitarios.
Academia e instituciones de investigación.
Proporcionan validación científica independiente, realizan estudios de línea base y contribuyen al monitoreo a largo plazo de la efectividad de las ZRP, aportando credibilidad y rigor al proceso.
Con base en lo anterior, resulta claro que la política nacional de expansión de las zonas de refugio pesquero fracasará si la Conapesca no establece mecanismos de financiamiento estables para la vigilancia, ni alianzas operativas con la Secretaría de Marina. Si bien existe un profundo involucramiento comunitario, como ocurre en el CSCPC, y la presencia de organizaciones civiles que facilitan el proceso y actúan como puente financiero ante la incertidumbre gubernamental, ninguno de estos actores cuenta con las atribuciones legales necesarias para intervenir de manera efectiva frente a la pesca ilegal.
Conclusiones
El análisis del Corredor San Cosme a Punta Coyote demuestra que el establecimiento de zonas de refugio pesquero trasciende la mera delimitación geográfica; se trata de un proceso social complejo que no debe reducirse a “una herramienta de moda” o a una política gubernamental transitoria sin acompañamiento institucional. La experiencia histórica de iniciativas fallidas, como el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) aplicado a la acuacultura, advierte sobre el riesgo de promover estas figuras únicamente como metas administrativas.
Una expansión desmedida de las ZRP sin bases sólidas, conlleva el peligro de desgastar el capital social de comunidades que poseen un “hambre” legítima de restaurar sus fuentes de trabajo, convirtiendo una solución prometedora en promesas incumplidas.
Para evitar que la política nacional de expansión de ZRP derive en “reservas de papel”, es imperativo establecer un marco de evaluación que pondere la efectividad ecológica y la viabilidad socioeconómica en función de cuatro variables críticas identificadas en este estudio:
1) Apropiación comunitaria y diseño. La apropiación local constituye la piedra angular del manejo. A diferencia de otros modelos de conservación, como las áreas marinas protegidas con condiciones sociodemográficas distintas —por ejemplo, el Parque Nacional Cabo Pulmo—, el CSCPC se caracteriza por poblaciones pequeñas aisladas, cuya subsistencia depende de la pesca. Por ello, un diseño exitoso no se limita a la restricción espacial, sino que debe complementarse con otros instrumentos de manejo pesquero, como cuotas, planes de manejo para especies específicas y proyectos de mejora pesquera.
2) Monitoreo y salud del ecosistema. La recuperación de la salud del ecosistema ha sido validada mediante evaluaciones biológico-pesqueras realizadas por los propios pescadores con apoyo de la sociedad civil. Sin embargo, para garantizar la sostenibilidad, es indispensable fortalecer las capacidades internas de las cooperativas de pescadores, de modo que el monitoreo a largo plazo dependa cada vez menos del financiamiento filantrópico y más de la estructura productiva local.
3) Gobernanza y tejido social. El éxito parcial del CSCPC se sostiene en un tejido social que ha compensado la inestabilidad gubernamental. Una gobernanza efectiva requiere de un plan de trabajo anual con responsabilidades claramente definidas entre el complejo ecosistema de actores (gobierno, organizaciones de la sociedad civil, comunidad), alineado con directrices internacionales, como las definidas por la FAO para la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (FAO, 2019).
4) Financiamiento sostenible. La viabilidad operativa de las ZRP reside en la capacidad de asegurar recursos financieros mixtos (filantropía, gobierno y sector pesquero). Sin un mecanismo estable que soporte la vigilancia y el monitoreo, cualquier esfuerzo de diseño será insuficiente para mantener los beneficios biológicos alcanzados.
En conclusión, el caso del CSCPC evidencia que las ZRP son viables y efectivas: el modelo para la recuperación ecológica funciona cuando se construye desde la base comunitaria y cuenta con intermediarios técnicos comprometidos. El reto para la nueva política nacional no consiste únicamente en decretar más hectáreas, sino en garantizar las condiciones de gobernanza y financiamiento que permitan el funcionamiento de estas zonas como verdaderos motores de bienestar social y restauración ecológica.
El éxito biológico de las ZRP no debe enmascarar la precaria realidad social de sus custodios. Las comunidades del CSCPC operan en condiciones de marginación que van de “Media” a “Muy alta”, y cuya seguridad alimentaria y económica depende casi exclusivamente de la pesca ribereña. Aun así, los pescadores han restringido el acceso al 20% de sus zonas tradicionales de pesca en beneficio de la recuperación del ecosistema a largo plazo. Por lo que, en este escenario de expansión de las ZRP a nivel nacional, debe considerarse que la transferencia de la responsabilidad financiera del Estado para llevar a cabo la vigilancia no solo implica un incumplimiento de su ámbito de competencia, sino que se traduce en una carga económica adicional para las comunidades y la sociedad civil que de facto tienen recursos financieros limitados.
Existe, además, el riesgo del “desgaste del capital social”, el cual requiere al menos una década para construirse, si los actores de los distintos sectores no cumplen con los roles que les corresponden dentro de sus ámbitos de competencia. En este escenario, el modelo podría colapsar, al generar costos adicionales para los pescadores, quienes ya enfrentan retos asociados al mercado y al cambio climático.
Referencias
Caamal, Jacobo, Fulton, Stuart, Flores, Alesa & Amador, Imelda. (2025). Herramienta integral de diagnóstico de zonas de refugio pesquero. Comunidad y Biodiversidad, A. C.
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[1] Oceanóloga por la uabc y maestrante en Estudios Regionales en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Iberoamericana Puebla. Cuenta con experiencia en planeación estratégica, financiamiento para la conservación, manejo de áreas naturales protegidas y articulación entre políticas públicas, sociedad civil y comunidad científica. Entre sus logros destaca la implementación del Fondo para Áreas Naturales Protegidas como enlace del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza en el Gobierno Federal y la coordinación de la Alianza wwf-Fundación Carlos Slim. Actualmente se desempeña como coordinadora general del Programa de Medio Ambiente en la Fundación Carlos Slim