Memoria viva, traición del Estado. La experiencia del mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad
Living Memory, State Betrayal: The Experience of the Historical Clarification Mechanism of the Truth Commission
David Fernández Dávalos[1]
Resumen: El documento se centra en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 durante la llamada “Guerra Sucia”. Se destaca el derecho a la verdad y a la memoria como pilares fundamentales para la dignidad humana y la democracia. Las comisiones de la verdad buscan reconstruir el tejido social mediante el reconocimiento de los crímenes, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. El mecanismo de esclarecimiento histórico (MEH), creado en 2021 por decreto presidencial, enfrentó múltiples obstáculos: falta de recursos, tensiones internas, y resistencia institucional, especialmente por parte de la Secretaría de Gobernación y las fuerzas armadas. A pesar de ello, logró documentar más de 15 000 violaciones graves, identificar 10 000 víctimas y señalar a cerca de 600 perpetradores. Sin embargo, no se obtuvo reconocimiento oficial ni justicia penal. El informe final, dividido en “Fue el Estado” y “Verdades Innegables”, priorizó la voz de las víctimas y propuso una nueva narrativa ética y política. Se subraya que las violaciones no tienen justificación alguna y que el reconocimiento público es esencial para restaurar la dignidad. El MEH actuó como ejercicio fundante de memoria y justicia, con miras a transformar la cultura democrática del país.
Palabras clave: verdad, memoria, justicia, víctimas, impunidad.
Abstract: The document is focused on grave human rights violations committed between 1965 and 1990 during the so-called “Dirty War.” It emphasizes the right to truth and memory as essential to human dignity and democracy. Truth commissions aim to rebuild the social fabric through acknowledgement of crimes, victim reparations, and guarantees of non-repetition. Established by presidential decree in 2021, the mechanism of historical clarification (MEH) faced major challenges: lack of resources, internal tensions, and institutional resistance, especially from the Ministry of the Interior and the military. Despite this, it documented over 15,000 serious violations, identified 10,000 victims, and named nearly 600 perpetrators. However, no official recognition or judicial accountability was achieved. The final report, split into “It Was the State” and “Undeniable Truths,” prioritized victims’ voices and proposed a new ethical and political narrative. It asserts that such violations are never justifiable and that public recognition is vital to restoring dignity. The MEH acted as a foundational exercise in memory and justice, aiming to reshape Mexico’s democratic culture.
Keywords: truth, memory, justice, victims, impunity.
El derecho a la verdad y a la memoria
El derecho internacional dice que el derecho a la verdad es aquel que tienen las víctimas, sus familiares y la sociedad en general a conocer la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Este derecho implica la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar porque haya recursos efectivos y se obtenga reparación. El derecho a la verdad es un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la dignidad humana y a la democracia.
En ese sentido, se entiende la verdad como un bien de carácter común, público, lo cual implica una participación ciudadana amplia para su defensa, y el compromiso de adoptar una serie de medidas que lleven paulatinamente a la decisión social de no permitir jamás que horrores como los que han dejado los conflictos civiles vuelvan a repetirse.
El derecho a la memoria, distinto del anterior, es un derecho individual y colectivo reconocido jurídicamente también en el derecho internacional. Se refiere a la necesidad de entender y elaborar el pasado para conocer la verdad. La memoria se ha convertido en una categoría ético-filosófica, política y jurídica, convirtiendo el recuerdo en un deber moral auténtico. El olvido en que han caído muchas veces las víctimas de las violaciones de los derechos humanos más básicos es una violación a este derecho. El derecho a la memoria es también el derecho de las víctimas y familiares a que las atrocidades cometidas en el pasado sean objeto de penas ejemplares para evitar que se cometan injusticias en el presente y en el futuro.
Un par de matices más: el derecho a la memoria es de las víctimas, pero podemos entenderlo también como un derecho diferente al de la memorialización, que es un derecho social. Este último incluye problematizar la memoria social hegemónica para reivindicar la de los grupos disidentes, silenciados, invisibilizados o reprimidos por aquella. En este sentido, la memorialización debe ser parte de la política pública, presente en la legislación, la difusión oficial, la educación (textos, contenidos lectivos…), la nomenclatura de los espacios públicos, y en la administración de justicia (penal, civil, administrativa).
Son, pues, deberes del Estado la memoria y la memorialización. Esto incluye generar elementos que prevengan la deformación de la memoria o la verdad memorializada.
Las comisiones de la verdad
Las comisiones de la verdad sobre conflictos del pasado tienen la finalidad, como todos los mecanismos de justicia transicional, de reconstruir un sistema político justo y sustentable. Respecto de las violaciones graves a los derechos humanos, tienen los objetivos de conocer y reparar los males causados y prevenir la recurrencia de esos hechos. La reconciliación nacional es una finalidad intangible, pero ha de ser el norte al cual apuntar. Sus instrumentos centrales son la revelación de la verdad, la presentación ante la justicia de los perpetradores, las medidas de reconciliación (amnistía o indulto) y la no repetición (reformas legales, memoriales, educación).
El principio central de estas comisiones es la afirmación inequívoca de que los crímenes de lesa humanidad no tienen justificación en ninguna circunstancia, ni aun en tiempos de guerra o de grave emergencia. Nos referimos a tortura, asesinato de prisioneros, desapariciones forzadas, genocidio. Generalmente estos crímenes son ocultados y negados por los gobiernos, o bien, se dan intentos de justificación o relativización. Hay circunstancias históricas que puedan hacer más explicables la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos, pero nunca justificarlas.
El exterminio sistemático de determinadas categorías de personas, por género, afiliación política, etnia, nacionalidad, presuntos delitos cometidos, constituye un delito contra la humanidad y la responsabilidad recae sobre quienes concibieron y dirigieron esa política.
No basta con que la verdad sea conocida, también debe ser reconocida y admitida la responsabilidad de cada cual. Hay responsabilidades institucionales o colectivas que no son de carácter legal, sino histórico, político y moral. En estos casos se requiere hacer gestos de reconocimiento, rectificar doctrinas institucionales y reparar los males causados. De lo contrario, se refrendaría la implícita doctrina de que matar personas inermes o torturar se puede justificar en situaciones extremas. No puede haber ambigüedad aquí.
Por todo esto, hay tres dimensiones de la justicia que procuran las comisiones de la verdad: a) la reivindicación de la dignidad y buen nombre de las víctimas; b) la reparación o compensación por los agravios cometidos, con pensiones, indemnizaciones y otros beneficios; c) el castigo judicial de los culpables. Cuando esto no es posible, se puede recurrir a formas de expiación pública o medidas de perdón social. No es, por tanto, legítima ninguna amnistía o indulto encaminada a encubrir la verdad, y que no haya pasado por el reconocimiento de las faltas cometidas.
Las comisiones de la verdad deben actuar con una “ética de la responsabilidad”, en términos de Max Weber: maximizar los objetivos deseables, entendiendo que las situaciones podrían no permitir lograrlos plenamente. En ocasiones, se requerirá de una conducta más asertiva y en otras una más cautelosa. Esto, en cualquier caso, no puede justificar la inacción o la pusilanimidad. No basta tener buenas intenciones. Importa lo que se produce en la realidad como consecuencia de su accionar. Implica prudencia, cálculo y aceptar que a veces se tienen que tomar decisiones difíciles. No bastan los principios, ideales o convicciones.
El mecanismo de esclarecimiento histórico (MEH)
Con estos lineamientos como guía de acción, el mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad sobre las Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, emprendió la tarea de elaborar un informe sobre los crímenes cometidos por el Estado mexicano en la época conocida popularmente como la “Guerra Sucia”. Una época en la que se combatió a las disidencias políticas y sociales a sangre y fuego, con miles de víctimas de gravísimas violaciones a sus derechos fundamentales.
Esa comisión fue resultado de la lucha de los distintos colectivos de sobrevivientes, víctimas y familiares agraviados por las violencias del Estado en aquella época. Su creación tuvo lugar mediante decreto presidencial emitido en octubre del 2021, y comenzó a trabajar en febrero de 2022.
Las tareas que, al inicio, pensamos posible realizar eran:
—Identificar colegiadamente los principales problemas pendientes, a fin de darles prioridad:
Esclarecer la suerte de los desaparecidos.
Esclarecer el paradero de los asesinados y precisar hechos y perpetradores.
Buscar el reconocimiento de la verdad y de las responsabilidades que competen a cada sector (DFS, Sedena, Semar, Segob…). Romper el pacto de silencio y la impunidad.
—Hacer aplicables a nuestro mandato figuras legales ya existentes sobre obligación de denunciar, obstrucción de la justicia, falsedad en declaraciones, entre otros.
—Crear (¿conocer?) mecanismos auxiliares de la justicia que investiguen, obtengan información, la procesen y concluyan acerca de la suerte y paradero de los desaparecidos y que puedan tener valor probatorio en los juzgados; por ejemplo, declaraciones voluntarias de militares en el ámbito civil, declaraciones de ministros de culto, entre otros.
—Trabajar estrechamente con la FGR para que nos auxilie de inmediato en acciones que requieren mandato judicial:
Inspecciones en predios privados.
Análisis de vinculaciones actuales entre perpetradores mediante estudios de llamadas o intercepciones.
Medidas de apercibimiento para declaraciones de perpetradores.
Otorgamientos de beneficios de ley por colaborar.
Otras medidas (para no olvidar), derivadas de esta tarea principal que pensamos posible realizar, eran:
—Incorporar el tema de la “Guerra Sucia” y los derechos humanos en los planes educativos.
—Tener medios propios de difusión y comunicación: Facebook, Instagram, X, a fin de sensibilizar y hacer conciencia entre la población, particularmente entre las juventudes.
En el fondo, el desafío central que advertíamos era convertir las conclusiones de la Comisión de la Verdad en fuerza histórica para desmontar las estructuras autoritarias vigentes del Estado; y que la experiencia fuera un paso adelante en el proceso social de verdad y justicia.
Para conseguir lo dicho, los comisionados —cuatro en total—, y los distintos equipos (conformados por 49 personas) nos distribuimos las atenciones prioritarias a archivos, regiones, sectores, instalaciones, instituciones. También nos repartimos las responsabilidades para sostener diversas relaciones institucionales. Todos, sin embargo, nos sabíamos corresponsables solidarios, y adquirimos el compromiso de que la información fluyera permanentemente entre nosotros.
Establecimos reuniones semanales ordinarias, seminarios académicos del equipo de investigadores e investigadoras, y numerosas visitas in loco a ocho regiones del país, escenarios marcados por esas graves violaciones a los derechos humanos, a saber: Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, Ciudad de México, Culiacán y Chilpancingo. Por supuesto, estas eran las ciudades sede de los encuentros, pero el trabajo era regional, como se ha dicho.
Luego de poco menos de dos años de trabajo, de un ingente esfuerzo, lo conseguido fue bastante más modesto de lo que nos propusimos. En este resultado tuvo que ver, principalmente, la falta de recursos materiales suficientes y oportunos para nuestro trabajo, las tensiones internas entre los comisionados, con diferencias fundamentales respecto de la metodología y contenidos del Informe Final, el distanciamiento hostil de los funcionarios públicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), su negligencia y compromisos con los militares, que siempre priorizaron, así como el desinterés real del gobierno por llegar al fondo en la investigación con sus consecuencias.
Se entregó un Informe Final en dos colecciones diferentes: Fue el Estado (siete tomos) y Verdades Innegables (dos volúmenes). Realizamos ocho “Diálogos por la verdad”, uno en cada región, en los que las víctimas hicieron oír su voz frente al Estado y la sociedad. Se entrevistó a profundidad a más de 2.000 personas; se identificó alrededor de 10.000 víctimas, con cerca de 15.000 distintas graves violaciones a los derechos humanos; se comprobó, además, la existencia de 124.000 personas víctimas de desplazamiento forzado; se emitieron 142 recomendaciones a 22 autoridades; se señaló con nombre y apellido a cerca de 600 perpetradores, además de las responsabilidades propias de 59 instituciones involucradas. No conseguimos, en cambio, el reconocimiento de parte de ninguna autoridad responsable, ni la reparación a las víctimas, ni garantías de no repetición, ni la persecución judicial de ninguno de los perpetradores. En realidad, no hubo nunca una voluntad política del régimen para llegar a estos resultados ni extraer las conclusiones debidas en verdad y justicia para las víctimas y la sociedad en general.
Los hallazgos centrales
Los hallazgos que realizamos con nuestra investigación fueron múltiples y de gran profundidad.[2] Sobresalen los siguientes: el Estado mexicano fue el último responsable de esas graves violaciones a los derechos humanos, aunque hubo participación de agentes paramilitares y privados. Fue el Estado, pues, quien instrumentó y operó la violencia estatal de manera sistemática y generalizada en distintos contextos, como la lucha armada, el movimiento campesino e indígena, las disidencias sexo-genéricas, el movimiento urbano-popular, los periodistas, los grupos obrero-sindicales, las grandes obras de infraestructura, entre otros. En esos ámbitos, el Estado mexicano reprimió a una amplia gama de disidencias que amenazaban la estabilidad política, económica y moral de la época.
Encontramos que, en esa época, los canales de participación política se encontraban severamente acotados. Así, tanto las vías armadas como civiles de quienes buscaron cambiar al país, fueron víctimas de graves violaciones y sufrieron la persecución del Estado. La política de contrainsurgencia salvaje no fue resultado de la acción armada de los grupos socialistas, sino que la precedió y la continuó después de su neutralización. Hubo, entonces, una política de contrainsurgencia contra la población, en general, sustentada en la Doctrina de Seguridad Nacional, que preconizaba la existencia de un enemigo interno al que había que aniquilar. Adicionalmente, hubo un afán cruento de disciplinamiento social.
Para lograr ese apaciguamiento social, el régimen tuvo la necesidad de construir una institucionalidad contrainsurgente, cuyos objetivos eran:
a) Garantizar la seguridad política del Estado, su supervivencia y la continuidad del modelo posrevolucionario del partido hegemónico.
b) Salvaguardar la reproducción de un modelo económico capitalista, desarrollista y extractivista y, más tarde, de uno neoliberal.
Al término de la “Guerra Fría”, hacia finales de la década de los ochenta del siglo XX, el Estado justificó su acción contrainsurgente bajo la cobertura de combate al narcotráfico. De este modo, el Estado consintió prácticas violatorias de los derechos humanos, pero también la formación de economías criminales y circuitos de extorsión e impunidad, en los que siempre participó.
La variedad de responsables y perpetradores también fue amplia. Iba de lo federal a lo estatal, de manera diferenciada. Participaron no solo las fuerzas de seguridad, sino organismos públicos no vinculados con ella, y también se contó con la colaboración de agencias extranjeras. Muchas autoridades locales tuvieron el respaldo de la federación para ejercer prácticas contrainsurgentes frente a conflictos locales, en defensa también de intereses particulares. Hubo estructuras civiles constituidas para la contrainsurgencia, agentes paralegales y empresas privadas que fueron también responsables de implementar la violencia en lo local.
Encontramos también que las técnicas contrainsurgentes migraron hacia el crimen organizado con el consentimiento de estructuras estatales, lo que en la actualidad favorece la persistencia de esas graves violaciones a los derechos humanos. Por eso la epidemia de crueldad y desapariciones forzadas que nos agobia y lleva a cabo ahora el crimen organizado: lo aprendieron del aparato contrainsurgente de aquellos años.
El amplio margen de acción del Ejército después de 1990 es también un factor de persistencia de inercias institucionales que mantienen la impunidad del presente y su actuación violatoria del derecho interno e internacional. Constatamos con nuestra investigación que los esfuerzos de verdad y memoria en este país son producto de años de resistencia y búsqueda de justicia de las víctimas, no de una concesión graciosa del Estado.
Vimos igualmente que no hay garantías suficientes para la no repetición de esas violaciones graves a los derechos humanos, y ni para remontar la impunidad frente a los hechos del pasado. Vivimos en carne propia la negación y el ocultamiento de información en archivos militares y públicos, a pesar del mandato presidencial. Lo entendemos ya como otro factor de persistencia de la impunidad, el silencio y la injusticia.
Reflexiones sobre la experiencia
Aunque con resultados muy lejanos a los que inicialmente pretendimos, de cualquier manera, consideramos que el ejercicio fue valioso, y hubo muchos aprendizajes para el futuro en este largo camino de la búsqueda de la verdad y la justicia.
Al actuar como mecanismo de esclarecimiento histórico, lo hicimos siempre con enorme convicción e, incluso, con pretensiones fundacionales. Es verdad: quisimos proyectarnos al pasado para esclarecer lo ocurrido durante el periodo de la violencia del Estado, pero también hacia el futuro. Investigamos graves violaciones a los derechos humanos y el resultado de esa investigación lo presentamos con miras a establecer una nueva narrativa que fundamentara también una nueva cultura de derechos humanos. En la exposición final que realizamos en el Informe, dejamos de lado multitud de injusticias sistémicas que fueron el marco de las atrocidades que relatamos. Nos enfocamos más bien en las víctimas y en los autores de los crímenes. El principio central de la investigación y el Informe —¿hay que repetirlo?— fue que las graves violaciones a los derechos humanos no tienen justificación en ninguna circunstancia, ni aun en tiempos de guerra o de peligrosa emergencia.
En nuestro trabajo quisimos dar con la verdad de los hechos, por supuesto, y la relatamos cuidadosamente. Pero esta verdad la entendimos también como una muestra pública de los perpetradores y del régimen que los alentó y protegió. Nunca como hechos neutros u “objetivos”. Nuestro propósito primordial siempre fue el restablecimiento de la dignidad humana y cívica de las víctimas de esas graves violaciones a los derechos humanos, así como la realización de la justicia, involucrada en el (re)establecimiento de un respeto moral igualitario para las personas como las bases para una nueva cultura de derechos y una democracia básica.
La Comisión de la Verdad a la que pertenecimos no era parte del funcionamiento “normal” de nuestra democracia. Quiso ser un mecanismo extraordinario de verdad y justicia como proyecto fundante en el contexto transicional de consolidación de un nuevo régimen con pretensiones democráticas, con derechos y responsabilidades, expresión de la determinación democrática y de voluntad política de víctimas y sobrevivientes, acompañada, como vimos, solo por una parte del Estado.
Nuestra función “fundante” —como decía la Comisión de la Verdad de Sudáfrica— está orientada hacia la verdad del pasado para enfrentarlo como sociedad, pero se encuentra preferentemente dirigida a establecer un nuevo orden moral y político, sin impunidad, pactos de silencio, ni crímenes perpetrados por autoridades. Si miramos al pasado, lo hacemos como proyecto de fundación histórica. Tratamos con el pasado con el objetivo, también, de despejar el camino para un comienzo renovado. Por todo lo anterior, nuestro MEH actuó de manera pública, deliberativa y transparente, como modelo de actuación para cualquier Estado democrático, pero también quiso ser un ejercicio deliberado de educación política.
Priorizamos el proceso de esclarecimiento de la Verdad, por encima del producto esperado (el Informe Final). Lo hicimos poniendo en el centro a las víctimas y su palabra, tanto en la metodología de investigación como en la difusión de sus testimonios en los “Diálogos por la Verdad” que realizamos, y en diversos foros y programas. Esto constituyó nuestra expresión de reconocimiento a la urgente necesidad de restaurar la dignidad humana y cívica de víctimas y familiares, lastimada por el Estado. Cuando las víctimas cuentan sus propias historias no solo se declaran hechos específicos, sino que se enmarcan desde su propia perspectiva y pueden ser, así, reconocidas como fuentes legítimas de verdad y de reclamos de derechos y justicia.
En el camino recogimos hechos que ya eran del conocimiento público, pero también encontramos nuevos sucesos y atrocidades cometidas que habían sido ignoradas o invisibilizadas por la historiografía nacional. Sobre todo, descubrimos comunidades de víctimas diversas, al menos de 17 diferentes sectores sociales, que habían sido invisibilizadas e ignoradas, tanto por los gobiernos como por los estudiosos. Todo ello lo quisimos mostrar, sin embargo, no como un ejercicio académico, sino siempre desde el costo humano que significan y han significado esas graves violaciones a los derechos humanos, de suerte que a la verdad se le aprecie no como un dato más, sino como una catástrofe.
Por supuesto, no hay una absoluta separación entre proceso y producto, ni es posible la “objetividad”. Por eso, nuestro Informe declara en cada momento el significado y la interpretación que hacemos de la verdad de los hechos y de la justicia debida. Es inevitable: ese informe crea un marco comprensivo, integral, de esa verdad, y es, al mismo tiempo, acogedor y generoso para quienes han sido violentados.
En el camino escuchamos a muchos participantes en los hechos de violencia del Estado: víctimas, responsables, actores sociales. Con esto quisimos generar una verdad incluyente, que no solo diera cuenta de las atrocidades cometidas, sino que ayudara también a explicar las violencias y las graves violaciones a los derechos humanos, así como los factores de persistencia. Es decir, nuestra tarea no era solamente producir un informe, sino también contribuir a un proceso de asimilación de esa verdad que es mucho más amplio y se proyecta en el tiempo por venir.
Después de la divulgación de las violaciones graves a los derechos humanos de los regímenes anteriores y de los conflictos del pasado, el paso que sigue, el más importante, es encontrar formas apropiadas para que sean reconocidos por el Estado y por los perpetradores. Eso también es parte de la verdad. Por supuesto, es necesario saber, antes de judicializar, de perdonar o iniciar un proceso de reconciliación. El problema está en que estas violaciones han sido negadas o justificadas por los perpetradores y por el Estado que los ha cobijado. El punto no es tanto una falta de conocimiento como de rechazo de los implicados a reconocer la existencia de estas atrocidades políticas, su índole injustificable y su papel en ellas. Esta es una cuestión estrictamente política. Como se ha dicho: no es legítima ninguna amnistía, indulto u olvido, encaminados a encubrir la verdad, y que no haya pasado por el reconocimiento de la falta.
Negar es una demostración de poder. Para las víctimas es una duplicación de la violación básica, una negación reiterada de su dignidad humana y ciudadana. A los agresores les sirve para definir su poder: no solo están en posición de cometer atrocidades, sino que además pueden hacerlo con impunidad. Este parece ser uno de los compromisos inquebrantables que los mandos del país asumieron con quienes condujeron y perpetraron los operativos de aniquilamiento de las disidencias sociales y políticas en su momento.
Por todo esto, en nuestras recomendaciones al final del Informe, insistimos en la necesidad de realizar procesos de memoria y reconocimiento público. Únicamente esto puede restaurar en forma pública la dignidad de víctimas y sobrevivientes mediante el reconocimiento de la verdad de lo que les ha sido infligido. Que los perpetradores reconozcan de forma pública esas violaciones lanza también el mensaje de que ellos y ellas también están sujetos a normas básicas de responsabilidad. Sin reconocimiento de las atrocidades políticas del pasado, se da la confirmación de la impunidad para los autores y una negación continua de la dignidad cívica y humana de las víctimas. De esta manera no se podrán reconocer derechos igualitarios a víctimas y victimarios, ni, por lo tanto, construir procesos democráticos que los implican.
Por supuesto, es necesario aspirar a judicializar todas aquellas violaciones graves a los derechos humanos que hemos conocido e investigado. Pero sabemos que no siempre será posible. La justicia penal tiene muchos requerimientos, se fija solo en lo que es relevante para la culpa o inocencia criminal del autor de los crímenes. No atiende a la verdad de la víctima.
A lo largo de nuestra colección Fue el Estado, del informe final —entre líneas y en las recomendaciones conclusivas—, hemos querido presentar formas alternativas de ligar la verdad con la justicia, dando prioridad a las víctimas. Ligar verdad con justicia es primordial. Al ubicar a los sobrevivientes como fuente igualitaria de verdad y como titulares de derechos, hemos pretendido señalar que la fuente de la justicia es la verdad narrativa, no tanto la verdad jurídica.
Por último, en verdad seguimos deseando que el Informe sea un revulsivo para la sociedad en general y, en particular, un estímulo para las víctimas y sobrevivientes. Pretendemos que este sea un apremio para seguir luchando por verdad, justicia, reparación y no repetición en nuestro país. Ningún reconocimiento sería mayor al trabajo que hemos realizado que el que las páginas que entregamos a víctimas, gobierno y sociedad abran un espacio de conversación amplio, que convoque a grupos humanos a enfrentar su pasado para construir un futuro más justo, democrático e incluyente. Nuestro informe fue un punto de llegada, pero también un punto de partida de nuevos escenarios y luchas. Es, pues, un punto y seguido.
[1] Sacerdote jesuita, maestro en Sociología por la Ibero CDMX y exdirector del Centro PRODH. Ha sido rector del ITESO, de la Ibero Puebla y de la Ibero CDMX y Tijuana. Fundó la Universidad Indígena Intercultural Ayuuk y recibió el reconocimiento del Conapred en 2016. Integró la Comisión de la Verdad 1965-1990, como coordinador del mecanismo de esclarecimiento histórico (MEH). Actualmente colabora en el Centro PRODH, en el área de Análisis y Comunicación. Cuenta con numerosas publicaciones sobre derechos humanos, educación, espiritualidad, teología y análisis social.
[2] Para la consulta del Informe completo, ver https://meh.org.mx/especial-informe.final.