Tendencias y causas del agravamiento del contexto migratorio mexicano, 2025-2026
Trends and Causes of the Worsening Migration Context in Mexico, 2025-2026
Karen V. Pérez Martínez[1]
Francisco Rocha, SJ[2]
Rafael E. Moreno Villa, SJ[3]
Guillermo Yrizar Barbosa[4]*
Resumen. Este ensayo analiza el agravamiento del contexto migratorio en México entre 2025 y la primera mitad de 2026, situándolo dentro de la dinámica regional de Centroamérica y Norteamérica. Identifica una intensificación de las causas estructurales de la migración forzada –violencia, desigualdad, crisis institucional y deterioro ambiental– combinada con políticas más restrictivas y una creciente criminalización de las personas migrantes. Se destaca que México ha consolidado su papel como país de origen, tránsito, destino y retorno, enfrentando presiones externas, particularmente de Estados Unidos, que han derivado en la militarización fronteriza y en prácticas de contención. El texto identifica tendencias como el aumento de migrantes “atrapados”, mayor peligrosidad de las rutas, expansión del control del crimen organizado, debilitamiento de redes de apoyo y aumento de la xenofobia. Asimismo, subraya la vulnerabilidad diferenciada de grupos como niñeces, mujeres y personas indígenas. Concluye que la crisis es multidimensional y requiere replantear las políticas hacia un enfoque basado en derechos humanos, fortaleciendo la cooperación regional y la acción de organizaciones sociales para atender y transformar esta realidad.
Palabras clave: movilidad forzada, exclusión social, derechos humanos, políticas de control migratorio, migración internacional.
Abstract. This essay analyzes the worsening migration context in Mexico between 2025 and the first half of 2026, situating it within the broader regional dynamics of Central and North America. It identifies an intensification of the structural drivers of forced migration –violence, inequality, institutional crises, and environmental degradation– alongside increasingly restrictive policies and growing criminalization of migrants. The study highlights that Mexico has consolidated its role as a country of origin, transit, destination, and return, facing strong external pressures, particularly from the United States, which have led to border militarization and containment practices. It identifies key trends, including the rise of “trapped” migrants, increasingly dangerous migration routes, expanding control by organized crime, the weakening of support networks, and the spread of xenophobia. It also underscores the differentiated vulnerability of groups such as children and adolescents, women, and Indigenous peoples. The essay concludes that the crisis is multidimensional and calls for a shift toward a human rights–based approach, as well as stronger regional cooperation and the engagement of social organizations to address and transform this situation.
Keywords: forced mobility, social exclusion, human rights, migration control policies, international migration.
Introducción
En el primer cuarto de este siglo, América y México experimentan contextos migratorios sumamente complejos, caracterizados por el incremento de las causas estructurales de la emigración –violencia, empobrecimiento, colapso institucional, deterioro ecológico– junto con el endurecimiento de las políticas (in)migratorias, la criminalización de determinados perfiles de personas migrantes trabajadoras y el debilitamiento de los sistemas de protección internacional y ayuda humanitaria. La ofensiva antinmigrante impulsada desde Estados Unidos, particularmente durante las dos administraciones presidenciales de Trump, está reconfigurado negativamente el sistema migratorio continental, con efectos profundos en países y regiones de origen, tránsito, destino y retorno, así como en las diversas fronteras internacionales e intraestatales.
Nuestro objetivo en este ensayo es enunciar algunas de las principales características y causas del agravamiento de la migración internacional forzada en México durante 2025 y la primera mitad de 2026. Para alcanzar ese objetivo, consideramos imprescindible tener en cuenta el contexto migratorio geográfico más amplio e inmediato conformado por la región que en la Red Jesuita con Migrantes (rjm) suele denominarse como “CANA” (Centroamérica-Norteamérica).[5]
México aparece como uno de los países más afectados por esta dinámica, al ser simultáneamente país de emigración, de tránsito irregularizado, de destino o inmigración, de retorno y desplazamientos forzados internos. La política migratoria mexicana se encuentra fuertemente condicionada por presiones externas desde la Casa Blanca, afectada por corrupción institucional, colusión con el crimen organizado y carencia de recursos o presupuestos adecuados para la atención integral. Esto ha derivado en la militarización y externalización de fronteras (por ejemplo, hasta la selva del Darién), la dispersión territorial de personas migrantes, la prolongación arbitraria de detenciones, experiencias de abandono urbano o de situación de calle en ciertas ciudades mexicanas y ausencia de políticas efectivas de integración a inmigrantes y sus familias.[6] A esto se suma la violencia ejercida por integrantes del crimen organizado, quienes desde al menos un par de décadas controlan rutas migratorias y han constituido una causa directa de desplazamientos.
Las personas en movilidad forzada, ya sea internacional o interna, enfrentan condiciones crecientes de desarraigo, poca o nula visibilidad social –entre otras formas de desaparición–, indefensión y vulneración sistemática de sus derechos humanos y dignidad. Entre los grupos con mayor vulnerabilidad migratoria se identifican a las niñeces y adolescencias, con o sin compañía de familiares directos, las mujeres; las personas de pueblos originarios o indígenas; la población de la diversidad sexual; las personas deportadas de larga estancia, especialmente adultas mayores; las personas afrodescendientes y provenientes de sociedades no hispanoparlantes, como Haití; las personas de clases sociales bajas y de países muy distantes al continente, en África o Asia; e incluso quienes llevan a cabo desplazamientos de manera abrupta o repentina y sin redes de apoyo. Los clamores y llamados centrales que emergen de este análisis interpelan directamente a obras educativas y sociales que integran a la Compañía de Jesús en México y toda la región: la criminalización de las migraciones, la negación de la dignidad humana, la ausencia de condiciones de vida digna, la violencia ejercida por los gobiernos y actores criminales, y la total falta de protección de quienes han sido personas excluidas y descartadas.[7]
Este análisis consta de cinco apartados. En el primero nos referimos a una caracterización regional de las tensiones migratorias al sur de la frontera mexicana a inicios de 2025. En el segundo identificamos las nueve principales tendencias que manifiestan la vigente crisis migratoria en territorio mexicano. En el tercero abordamos la política del gobierno mexicano ante esta situación; en el cuarto identificamos al menos siete causas que están generando una afectación mayor a México. Cerramos con reflexiones e invitaciones sobre las repercusiones que estos escenarios tienen para el quehacer de organizaciones sociales y educativas comprometidas con el bienestar de todas las personas en movilidad a nivel local y regional, así como desde perspectivas transnacionales o transfronterizas.
Caracterización regional desde frontera sur
Centroamérica atraviesa actualmente la crisis migratoria más grave de los últimos años. Millones de personas, impulsadas por la violencia, la pobreza estructural, la corrupción, el cambio climático y la falta de oportunidades, se ven forzadas a abandonar sus países en busca de seguridad, empleo o una vida digna. La necesidad de emigrar y de solicitar protección internacional no ha dejado de crecer, como lo muestran los registros de autoridades migratorias en México y Estados Unidos.
Sin embargo, este aumento en la demanda de movilidad contrasta con una realidad cada vez más restrictiva: se endurecen los controles fronterizos, se reducen los apoyos institucionales, se cierran rutas y se incrementan las deportaciones, tanto dentro de la región como desde países como México y Estados Unidos. Estas medidas restrictivas, en lugar de frenar la migración, la han hecho más peligrosa y costosa, alimentando redes de tráfico y exponiendo a miles de personas –incluyendo mujeres, niñas, niños y adolescentes, afrodescendientes, indígenas y para quienes su primera lengua no es el castellano, o bien personas lgbtiq+ y adultas mayores– a graves violaciones de derechos humanos.
Como resultado de estas políticas, el tradicional o histórico flujo migratorio sur-norte se ha reducido de forma significativa en algunos momentos, pero ha dado paso a un aumento del flujo inverso: un retorno constante desde el norte hacia el sur, que puede ser voluntario en algunos casos, pero que en su mayoría responde a deportaciones o expulsiones forzadas. También responde a la falta de condiciones necesarias para sostener procesos administrativos que, para una gran cantidad de personas, implican tiempos prolongados que no se ajustan a sus necesidades humanitarias. En muchas ocasiones, las personas retornan a los mismos contextos de violencia o precariedad de los que huyeron, sin garantías de reintegración ni apoyo efectivo.
Esta realidad pone en evidencia la urgencia de repensar las políticas migratorias en la región, pasando del enfoque de contención y criminalización a uno centrado en los derechos humanos, la protección internacional y las causas estructurales que obligan a las personas a migrar. Sin un abordaje integral y solidario, la región seguirá siendo escenario de desplazamientos forzados, crisis humanitarias y sufrimiento evitable.
No obstante, la gravedad de esta crisis histórica es multidimensional, y resulta muy ingenuo –o incluso prácticamente imposible– considerar que los gobiernos y sus políticas en fronteras lograrán detener la inmigración, la transmigración, la emigración hacia, por y desde México. La necesidad de emigrar tarde o temprano se impondrá sobre el esfuerzo por impedirla, aunque la reanudación de los flujos será por rutas más riesgosas, costosas y prolongadas. Consideramos que uno de los países más afectados en el continente por esta caracterización regional más acotada es, claramente, México.
Principales tendencias que manifiestan la crisis en territorio nacional
Primero, México se ha convertido en el país más grande del continente en términos de espera para las personas que no han encontrado una forma de acceder a procedimientos para solicitar refugio o regularizar su situación migratoria –las y los llamados migrantes atorados o en atrapamiento–,[8] así como en un destino forzado para una mayoría de personas inmigrantes, deportadas o retornadas. Todo indica que México está desempeñando esta función sin estar preparado ni haber implementado los medios necesarios para desarrollar su capacidad de acogida.
En segundo término, al interior del país está habiendo una reconfiguración: los circuitos migratorios y dinámicas de movilidad están cambiando. Es justamente aquí donde se siente con más fuerza que la migración internacional del sur hacia el norte ha disminuido, mientras que el retorno desde el norte-sur ha ido en aumento. Las rutas en ambas direcciones eran antes más visibles; sin embargo, ahora se tienden a invisibilizar de la mirada pública y se vuelven cada vez más peligrosas. Las solicitudes de refugio crecen al mismo tiempo que aumentan las deportaciones, retornos forzados o expulsiones desde Estados Unidos. Pero esto también ha cambiado: ya no son principalmente expulsadas las personas que intentan cruzar la frontera, sino aquellas que llevan años viviendo en el interior del país vecino del norte, con vidas construidas e integradas a sus comunidades durante décadas y con grandes esfuerzos.[9] Por otra parte, crece el número de personas obligadas a desplazarse como resultado de la violencia o la falta de oportunidades.
Tercero, miles de personas migrantes internacionales se han quedado atrapadas en México, en una suerte de incertidumbre sociojurídica o limbo legal. Casi todas estas personas, al parecer, pensaban transitar con la esperanza de acceder a los programas migratorios que ofrecía Estados Unidos antes de enero de 2025, los cuales fueron cancelados por la segunda administración de Trump. Como lo muestra la Gráfica 1, si bien en 2025 el estimado de personas en situación irregularizada y detenidas por el gobierno federal se redujo considerablemente, en 2024 las autoridades migratorias mexicanas registraron cifras récord de detención que superaron el millón 200 mil “eventos de detención” y venían anualmente al alza desde 2021.[10]
Cuarto, los riesgos de la trayectoria por las rutas migratorias se han incrementado. Además, el control que existe y ejerce el crimen organizado sobre las personas se ha intensificado principalmente para los distintos grupos que transitan. Para estos grupos, la migración forzada se ha convertido en una oportunidad de lucrar, extorsionar, secuestrar y aprovechar para sus actividades delictivas sin distinción entre la población local y la población migrante. La rivalidad entre los grupos criminales no solo ha incrementado los niveles de violencia e inseguridad en distintas regiones del país, sino que también se ha convertido en una de las principales causas del desplazamiento forzado interno.[11]
Quinto, lo recién descrito parece estar incrementado de manera notable y alarmante la vulnerabilidad y desprotección de la población que se ve obligada a migrar. Esto es resultado de la falta de opciones legales y del abandono institucional, sumados a la violencia y la incertidumbre que dejan a las personas en total indefensión.
Como un sexto elemento, observamos que, paralelamente, en México han ido creciendo la discriminación, la xenofobia y el peso de las narrativas nacionalistas en las comunidades locales. Con mayor frecuencia, estas narrativas permean actitudes de rechazo y temor hacia las personas que llegan en busca de protección internacional.
A partir de lo señalado anteriormente y como un séptimo punto, vemos que en este escenario aumentan las necesidades de integración laboral y social para las personas migrantes que han terminado quedándose en México, incluso en ciudades como Monterrey, donde un gran número de trabajadores inmigrantes extranjeros encuentran empleo y requieren mayor apoyo psicológico, derivado del desgaste emocional vivido durante su tránsito.[12]
Octavo, se ha reducido notablemente la presencia y la capacidad para ofrecer asistencia y protección; las redes de apoyo se han debilitado. La presencia y capacidad de los organismos que atienden a la población migrante forzada por parte de los organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y de las organizaciones no gubernamentales (ong) nacionales e internacionales en México se han reducido y debilitado como consecuencia del recorte o suspensión de fondos que solían provenir del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.).[13]
Noveno y último punto: las expulsiones y deportaciones de migrantes mexicanos que residen en EE. UU. se han vuelto una constante, con llegadas al norte y sur de México de cientos de connacionales regresados por personal del ICE o del Instituto Nacional de Migración (inm) en vuelos provenientes territorio estadounidense. Los programas implementados por el gobierno federal no han dado los resultados esperados, y cientos de migrantes mexicanos han señalado malos tratos y abusos por las autoridades migratorias de EE. UU., como ICE.[14]
Política del gobierno mexicano: muro humano, reubicaciones, jornaleros y niñeces
La política migratoria del gobierno de México está siendo determinada principalmente por la presión de Trump. El país se ha visto obligado a aceptar y aplicar medidas más duras con tal de evitar el incremento de aranceles y el cumplimiento de otras amenazas por parte del presidente de EE. UU. El resultado es que México se ha convertido en un muro de contención burocrático, militarizado con la Guardia Nacional y disuasivo para la población extranjera migrante forzada interesada en ingresar a territorio estadounidense. Como consecuencia, se ha intensificado la militarización en las fronteras, el incremento de las detenciones en condiciones cada vez más precarias[15], la acumulación de personas deportadas o migrantes atrapadas en la frontera norte (y otros puntos del país), la reducción de trámites de regularización migratoria –como el de las tarjetas de visitantes por razones humanitarias, que permitirían transitar de manera regular de norte a sur por territorio por México– y la prolongación de los procesos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR), que actualmente exceden los tiempos del marco legal. Además, existe una intención premeditada de implementar políticas de limpieza social y “reubicación” de campamentos de migrantes, para desalojarlos o retirarlos, incluso de manera violenta, de los espacios públicos a los que han sido orillados a ocupar.[16]
Por iniciativa propia, el gobierno federal en México ha creado programas de información e integración para ciudadanas y ciudadanos mexicanos que residieron en Estados Unidos en situación irregular o deportados luego de varios años (KBI, 2025). Sin embargo, tales esfuerzos parecen insuficientes y generan dudas o desinformación sobre los procesos o ayudas disponibles. Resulta llamativo que las autoridades federales mexicanas no participen propositiva y activamente en las gestiones del empleo temporal agrícola de jornaleros con las visas H2A en EE. UU., al menos reduciendo costos en el acceso a pasaportes o facilitando información confiable y transportes dignos a una nueva modalidad de “braceros”. Esta modalidad ha ido en aumento incluso en los años más complicados de la pandemia, y también entre comunidades de pueblos originarios en diversas regiones y estados de México (Zepeda 2023, Yrizar Barbosa, et al., en prensa).
Poco se ha hecho por facilitar la acogida de inmigrantes internacionales, y aún menos por atender adecuadamente el desplazamiento forzado interno. Las niñas, niños y adolescentes, así como las familias –reconociendo diversos perfiles más allá del modelo nuclear familiar más tradicional–, son grupos con alta vulnerabilidad migratoria que requieren atención desde las migraciones internas o domésticas como ocurre, sobre todo, en las internacionales. Estas movilidades se complejizan bajo miradas interseccionales que reconocen, por ejemplo, sexo, género, etnicidad, clase social, entre otras variables culturales, económicas y sociodemográficas. A continuación, nos concentramos en uno de estos grupos: el de las niñas, niños y adolescencias como migrantes en tránsito internacional en la región.
Niñeces en las migraciones de Centro y Norteamérica[17]
Entre 2021 y 2024, la migración internacional de niñas, niños y adolescentes (nna) en países de Centro y Norteamérica creció. Unicef estimó que más de 300 000 personas, incluyendo 4 500 nna sin compañía, cruzaron el Darién panameño. Aproximadamente 20% de ese flujo de personas estuvo integrado por niñeces en movilidad internacional con alta vulnerabilidad, es decir, casi 65 000 nna. Además, entre 2015 y 2024, las y los nna –definidas como personas con menos de 18 años cumplidos– representaron casi 30% de los eventos de detención migratoria en México; en algunos de estos años cerca de 10% correspondió a personas con menos de 11 años sin compañía reconocida por las autoridades mexicanas. Las detenciones migratorias de niñas, niños y adolescentes en México pasaron de aproximadamente 77 600 en 2021 a 138 800 en 2024 (gráfica 2).
Si bien en un principio se trató de nna que nacieron en países del norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador), posteriormente aumentaron las nacionalidades de otros países caribeños (Cuba, Haití) y sudamericanos (Ecuador, Venezuela, Colombia), entre otros más o menos distantes (por ejemplo, de Asia o África, e incluso de Brasil y Chile, en estos últimos casos al haber nacido en esos países de madres y padres de origen haitiano). Vale la pena precisar que estas cifras sobre niñeces no alcanzan a comunicar “elementos emocionales” vinculados a procesos de irregularización migratoria, como lo muestra Pineda Chacón (2024) para el caso de adolescencias de otros países en Chiapas, o el juego y el arte en espacios de ayuda humanitaria (Ibero Puebla, 2026). Tampoco incluyen la situación de las niñeces en movilidades internas o intraestatales, como puede observarse en el trabajo de Sánchez García (2024) para el caso de personas de pueblos originarios de Chiapas en Puebla. En este último caso, se trata de personas en procesos de movilidad muy difíciles de cuantificar, de identificar y atender.
Causas que agudizan la crisis migratoria
Es indudable que las causas estructurales de la necesidad imperiosa de emigrar siguen siendo el incremento de la desigualdad socioeconómica, la discriminación de la mujer y de la comunidad lgbtiq+, las violencias, los desastres naturales y eventos asociados al cambio climático, tanto en México como en el resto de América Latina y el Caribe (LAC), junto con la corrupción de los gobiernos de estos países y su incapacidad para afrontar dichos incrementos. La militarización y el autoritarismo de líderes políticos se pueden sumar a estas situaciones agravando los escenarios de salida, tránsito y llegada.
La gran reducción del ingreso y tránsito de personas migrantes en tránsito irregular por México, así como la creciente concentración de las personas migrantes retornadas o atrapadas en territorio mexicano, el incremento del flujo migratorio internacional del norte hasta el sur, la reducción de posibilidades de asistencia humanitaria y de protección para estas personas se debe principalmente a la política antiinmigrante de Trump. Tanto la primera como la segunda administración trumpista han endurecido todos los ámbitos del sistema migratorio de Estados Unidos: han calificado de “invasores o terroristas” a personas migrantes trabajadoras en situación irregular; han desmantelado los programas de ingreso y protección implementados por Biden, con los que se han visto afectadas más de 530.000 personas que han quedado sujetas a deportación expedita si llegaron a EE. UU. entre 2023 y 2024; han eliminado de facto el acceso al refugio en la frontera con México; han incrementado las redadas en el interior del país; han reducido el financiamiento de agencias internacionales y de ong encargadas de darles asistencia y protección a personas migrantes con alta vulnerabilidad; y podrían exacerbarse notablemente la xenofobia contra múltiples perfiles migrantes por parte de la población estadounidense, sobre todo blanca, de clase media-baja y con ciudadanía por nacimiento.
La fuerte reducción del ingreso y tránsito de migrantes en situación irregular procedentes de América del Sur, Haití y de fuera del continente americano también se debe a que el gobierno de Panamá, por presión del gobierno de Trump, ha limitado el paso por la peligrosa ruta de la selva del Darién en la frontera con Colombia.
El flujo de migrantes extracontinentales que transitaban desde Nicaragua hacia EE. UU. se redujo, sobre todo, porque el gobierno de Ortega-Murillo canceló y ha estado negociado con Trump los vuelos internacionales que aterrizaban en su territorio.[18]
Las rutas alternas están generando una llegada importante de personas de nacionalidades específicas –por ejemplo, de Haití y de varios otros países en África–, lo que las obliga a buscar maneras de esperar por más tiempo en un lugar determinado, principalmente en las ciudades fronterizas.
Además de las cinco causas enunciadas en los párrafos previos, hay al menos un par más que están contribuyendo al agravamiento y que son: (i) la falta de un mecanismo de contención que frene el abuso cada vez mayor de la soberanía nacional de EE. UU. y su afán por imponer la supremacía blanca, por el total debilitamiento de las instancias multilaterales gubernamentales (onu, oea), de sus órganos especializados (Acnur, oim), del carácter vinculante de los tratados internacionales y de las instancias intergubernamentales de la región; y (ii) la total incapacidad de los gobiernos de América Latina y el Caribe para articularse y enfrentar juntos las presiones que el gobierno de Trump les está imponiendo mediante una relación bilateral muy desigual, ocasionando además una externalización de fronteras cada vez más marcada en el contexto actual.
Conclusión: consideraciones para acompañar, investigar e incidir en las migraciones
El agravamiento del contexto de la migración forzada en México –que no puede desvincularse a nivel global ni del continente americano, sobre todo a partir de considerar la región CANA– constituye un llamado a organizaciones sociales y educativas comprometidas con la justicia social, el bienestar integral, la dignidad humana y la defensa y promoción de los derechos humanos, para tomar más en serio esta realidad de cara a transformarla. Ante las múltiples repercusiones de estas realidades, en cambio acelerado y agudizado, y partiendo del acompañamiento a personas en movilidad, así como de actividades de investigación e incidencia desde obras sociales y educativas jesuitas en México y países de la región, a manera de conclusión proponemos tres consideraciones centrales.
A nivel local, las organizaciones que ya están o han estado trabajando con las personas migrantes forzada tendríamos que: (1) escuchar cada vez con mayor atención, cuidado y compromiso sus clamores, llamados e historias, buscando identificar, priorizar y dar mejores respuestas a sus necesidades emergentes, nuevos retos, sueños, anhelos, nuevas trayectorias, modalidades y formas de resistencia; (2) hacer ajustes en lo personal y colectivo a lo que ya estamos haciendo, con el fin de apoyar, colaborar y abrir caminos con estas poblaciones y nuevos perfiles, tejiendo redes y primando el diálogo con las instancias más próximas geográficamente a nuestro quehacer; (3) poner mayor atención al cuidado emocional, individual y grupal de nuestros equipos, cada vez más desgastados por el incremento de trabajo, los niveles de estrés con escasos recursos y múltiples riegos o desafíos del contexto inmediato; y (4) promover más y mejores colaboraciones o articulaciones a nivel local, nacional, regional y continental no solo como una sola localidad, ciudad, estado o país, sino buscando hacer diferentes tipos de enlaces o relaciones de confianza con organizaciones y redes aliadas con las que se comparten visiones para transformar la realidad de las mayorías populares en movimiento.
A nivel nacional, debemos primar o priorizar el trabajo en redes de mayor alcance territorial y con complementariedades temáticas. Por ejemplo como se hace con la rjm, un espacio desde el cual tendremos que hacer más por promover la profundización y actualización frecuente de los análisis contextuales, así como ampliar su difusión, sobre todo entre las personas más cercanas al trabajo de nuestras organizaciones hermanas, para fomentar que (a) sus integrantes sean cada vez más sensibles a los desafíos que nos está planteando la realidad y (b) un mayor número de personas e instituciones se comprometan con la migración forzada, se capaciten para dar una respuesta adecuada y oportuna, se incorporen a estas tareas y participen activamente integrantes de diversas obras, dispuestas también a colaborar entre sí. Por otro lado, es necesario retomar las comunicaciones directas, desde adentro y desde afuera, con los liderazgos o equipos directivos de organizaciones hermanas y afines a nuestra visión, misión y valores, sobre todo en espacios educativos, formativos y de investigación, para mantenerlos informados, sensibilizados, comprometidos y dispuestos a ofrecer apoyo institucional, principalmente a nivel de sus liderazgos. Asimismo, se precisa canalizar los puntos anteriores mediante labores ampliadas y fortalecidas de articulación del trabajo “en red”, buscando constantemente el desarrollo integral de quienes participan, la pertinencia de objetivos y la efectividad de sus actividades. Finalmente, conviene continuar desarrollando vinculaciones orgánicas hacia otras personas y organizaciones a lo largo y ancho del continente, e incluso más allá, si así lo exige la realidad de las personas migrantes, de sus familias y sus comunidades o lugares de origen, tránsito, destino o retorno.
A nivel de equipos directivos organizacionales o de instituciones de mayor alcance e interlocución con otras instancias nacionales, internacionales, continentales o globales, se requiere: (a) hacer mayores esfuerzos por acrecentar su interés por tener información actualizada que les permita tomar decisiones más sensibles y comprometidas con la población migrante forzada y demás grupos excluidos, empobrecidos y victimizados ante las diversas fronteras de exclusión y normalización de las violencias; y (b) dialogar y ratificar, con las y los integrantes o miembros y personas con más experiencias en las diferentes formas o modalidades de trabajo, así como con personas migrantes presentes en nuestras organizaciones y redes aliadas, identificando cuáles son las instancias más adecuadas o acordes para fomentar la unidad, la consistencia y la efectividad de un proyecto común entre múltiples territorios y sectores a favor de las personas migrantes.
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[1] Directora Nacional, JRS (Servicio Jesuita a Refugiados) México, Oficina Nacional; coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes (rjm) México.
[2] Coordinador, JRS México, Oficina en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; coordinador de la dimensión sociopastoral, rjm México.
[3] Asesor de la rjm en México, América Latina y el Caribe.
[4] Académico titular de tiempo completo, Departamento en Ciencias Sociales y Programa Universitario en Migraciones (PRUMIG), Ibero Puebla; profesor invitado del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER), Universidad Autónoma de Tlaxcala; coordinador de la dimensión investigativo-teórica, rjm CANA. Correo electrónico: guillermo.yrizar@iberopuebla.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6988-8226.* Autor de correspondencia. Nota: Un primer borrador fue escrito el 31 de julio de 2025 por Rafael E. Moreno Villa, el cual fue revisado, editado y ampliado por el resto del equipo. La coautora y coautores agradecen múltiples insumos y esfuerzos de integrantes de comisiones de trabajo, así como de las personas que integran la Asamblea de la Red Jesuita con Migrantes México.
[5] Este trabajo es resultado de una comisión designada por un grupo colaborativo más amplio basado en México a mediados de 2025. La autora y los autores agradecen las aportaciones de diversas personas que por motivos de confidencialidad y formalidad no son mencionadas, pero que aportaron para que este texto pudiera ajustarse a diferentes formatos y audiencias. Para conocer mejor la estructura y trabajo de la rjm desde el caso mexicano o latinoamericano, así como sobre las colaboraciones en lo migratorio desde las universidades jesuitas mexicanas, se sugiere ver De la Peña (2017) y Mino Gracia et al. (2024). Nuestro ensayo se suma a otros esfuerzos recientes por describir y señalar el uso político-electoral e inhumano de la retórica y las acciones públicas de los gobiernos de la región, especialmente desde Estados Unidos, por ejemplo, ver el lanzamiento del reporte “La crueldad como política” del Hope Border Institute (2026) en El Paso, Texas.
[6] Sobre la externalización de controles fronterizos y bloqueo a solicitantes de asilo, ver París Pombo (2002). En cuanto a la militarización del Instituto Nacional de Migración (inm) en México, ver informe de Ibero Ciudad de México (2024). Respecto a las políticas de contención y criminalización a personas migrantes en México y Estados Unidos, respondiendo a intereses económicos y racistas, ver Zepeda-Miramontes (2025).
[7] Una de las cuatro Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús para el periodo 2019-2029 es “caminar con los excluidos”, en otras palabras, “caminar junto con los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad en una misión de reconciliación y justicia” (https://www.jesuits.global/es/uap/).
[8] Ver participación de la socióloga Olga Odgers en Seminario rjm CANA (Ibero Puebla, 2023).
[9] Ver informe reciente sobre deportaciones, la Iniciativa Kino para la Frontera en Nogales (kbi, 2025).
[10] Se les denomina “eventos de detención”, pues una persona puede ser detenida en más de una ocasión.
[11] De las estadísticas disponibles entre enero 2010 y marzo 2026 sobre presuntas muertes de personas migrantes en cruce clandestino por los condados de Pima y Maricopa (como resultado de la colaboración entre personal de oficinas forenses en Arizona y la organización Humane Borders; para más detalle ver https://humaneborders.info/, o bien para un análisis más cualitativo entre 2000 y 2023 consultar el trabajo de Reineke y Martinez, 2024), el 2021 ha sido el año con el mayor registro (229 casos), seguido de 2010 (224 casos) y 2023 (200 casos). Estas cifras son delicadas y se deben usar con cuidado, pues más allá de indicar que el cruce clandestino por esa zona de la frontera ha sido “menos letal”, al registrar menos casos, otra interpretación es que en otras partes de la frontera (más remotas o de más difícil acceso, o incluso del lado mexicano) está siendo más complicado identificar casos. Incluso como lo está documentando el proyecto de investigación “Voces Buscadoras” del Sistema Universitario Jesuita en México, es sumamente difícil estimar el número exacto de migrantes que han muerto o desaparecido al cruzar la frontera de manera irregular desde México debido a la complejidad de los registros y diversos obstáculos a los que se enfrentan quienes buscan a sus familiares migrantes en más de una localidad, ciudad, estado o país (Gómez, Meza e Yrizar, 2025).
[12] Los temas de salud mental y emocional están siendo cada vez más recurrentes en diversos foros y publicaciones de organizaciones en el terreno, por ejemplo, en los últimos informes de la Redodem (https://redodem.org/), especialmente en los años posteriores a la pandemia.
[13] Según una nota de la onu de marzo de 2025, la Organización Internacional para las Migraciones (oim) llevó a cabo ajustes estructurales esenciales “en respuesta a una reducción sustancial del 30 por ciento en el apoyo de los donantes para 2025, incluida una disminución significativa de los proyectos financiados por Estados Unidos” (ver: https://news.un.org/en/story/2025/03/1161221).
[14] El portal denominado ICE Death Memorial evidencia que 2025 ha sido el año en que más personas migrantes murieron en “custodia” de la Policía de Inmigración y Aduanas estadounidense, también conocida entre las comunidades latinas como “El Hielo”, ya que 29 personas perdieron la vida en detención y 8 más antes de ser llevadas a detención o estar en custodia (ver: https://icefalltracker.com/).
[15] Un ejemplo del maltrato y deterioro de condiciones, por ejemplo, en alimentos, se encuentra en Campos-Delgado (2025) cuando explica el caso de los alimentos en los centros de detención del inm en México.
[16] En febrero de 2026, el diario La Jornada reportó que la Coordinación de Movilidad Humana del Gobierno de la Ciudad de México pretendía desmantelar un campamento de irregular de personas migrantes en la colonia Vallejo (https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/19/sociedad/mas-de-200-migrantes-seran-reubicados-de-campamento-en-la-colonia-vallejo), proceso que fue iniciado luego en abril según IMER (https://noticias.imer.mx/blog/autoridades-inician-reubicacion-de-campamento-migrante/).
[17] Esta sección se apoya en material preparado para el reporte final del “Comité para hacer cumplir los derechos de las niñeces migrantes” (Committee on Enforcing the Rights of Children in Migration) de la International Law Association (ila) que prepararon en coautoría Amalia Campos-Delgado y Guillermo Yrizar Barbosa con apoyo de Ana Daniela Cortés Cadena, Mario César Pineda Chacón, María del Pilar Vélez Jiménez y María José Sánchez García en sus proyectos de formación universitaria.
[18] Diversos medios internacionales, tales como BBC News, reportaron a mediados de 2024 “El millonario negocio de Nicaragua como puerta de entrada para los migrantes irregulares hacia EE. UU.” (https://www.bbc.com/mundo/articles/cxrr2q3vnn5o). Un año después, a mediados de 2025, las autoridades nicaragüenses ya negociaban con el gobierno trumpista los vuelos con personas deportadas desde EE. UU. (https://confidencial.digital/politica/hay-una-negociacion-entre-ortega-y-trump-para-recibir-los-vuelos-de-deportados-nicas/).