La víctima como categoría en México. De la representación tradicional a la agencia en la construcción de paz

Victim as a category in Mexico. From traditional representation to peacebuilding agency 

Tadeo Luna de la Mora[1]

Resumen: Este artículo analiza críticamente la categoría de “víctima” en el contexto de las violencias estructurales e impunidad en México. Se argumenta que dicha categoría no constituye una entidad neutral, sino una construcción social y política en disputa. El estudio expone que el Estado emplea tres dispositivos principales —leyes, prácticas institucionales y discursos políticos— para enmarcar, jerarquizar y burocratizar el sufrimiento, lo que favorece la producción de la figura de la “víctima ideal” (entendida como pasiva e inocente), y, en consecuencia, la mercantilización del dolor de las personas victimizadas. Se subraya la necesidad de trascender esta representación para destacar la agencia de las víctimas. A pesar de los esfuerzos por confinarlas a un rol pasivo, numerosas víctimas y familiares se han transformado en actores políticos organizados. Su agencia se manifiesta a través de acciones de ciencia ciudadana, supervisión y rendición de cuentas, iniciativas de memoria y una ética del cuidado. Estas acciones están orientadas a la construcción de paz como un proceso que busca justicia, verdad y reparación, logrando redefinir la justicia desde la base social.

Palabras clave: víctimas, agencia de las víctimas, politización de las víctimas, burocratización del dolor, construcción de paz.

Abstract: This article critically examines the category of “victim” within the context of structural violence and impunity in Mexico. It argues that this category is not a neutral entity but rather a contested social and political construction. The study shows that the State employs three main mechanisms —laws, institutional practices, and political discourse— to frame, rank, and bureaucratize suffering, thereby reinforcing the notion of the “ideal victim” (understood as passive and innocent) and, consequently, the commodification of the pain experienced by victimized individuals. The article highlights the need to move beyond this representation in order to foreground victims’ agency. Despite efforts to confine them to a passive role, many victims and their families have become organized political actors. Their agency is expressed through citizen science initiatives, oversight and accountability practices, memory-building efforts, and an ethics of care. These actions are directed toward peacebuilding as a process aimed at achieving justice, truth, and reparation, ultimately contributing to a redefinition of justice from the social base.

Keywords: victims, victims’ agency, politicization of victims, bureaucratization of suffering, peacebuilding.

Introducción

En la actualidad, México enfrenta una crisis de violencias estructurales e impunidad caracterizada por cifras masivas de victimización. La magnitud del fenómeno se hace patente al considerar que en la última década (2014-2023) se calcula que hubo más de 229 millones de víctimas de delitos en el país (Inegi, 2024).

Esta realidad sitúa a las personas afectadas en el centro de la atención política y social. A pesar de lo cual, tradicionalmente, las víctimas de violencias han sido consideradas como sujetos pasivos de los conflictos, necesitadas de asistencia y, en el mejor de los casos, proveedoras de información en procesos judiciales o beneficiarias de ayudas y programas (Barton-Hronešová, 2020).

Si bien, la incorporación de la perspectiva de derechos humanos y el desarrollo de mecanismos de justicia restaurativa y transicional han ido transformando la escasa participación de las víctimas, al transitar de proveedoras de información o beneficiarias pasivas a constructoras de políticas públicas (Wemmers, 2012; Daly, 2013; Méndez, 2016), aún se encuentran en disputa las formas en que se concibe el rol social de las personas victimizadas.

Frente a la visión reduccionista de la víctima pasiva, o como sujeto manipulable con fines político-electorales o mediáticos, este artículo argumenta que la categoría de “víctima” no es una entidad neutral, sino una compleja construcción social y política en disputa, tanto desde la visión hegemónica como desde las propias personas victimizadas, que se han organizado y movilizado hasta constituirse como interlocutores frente al Estado y como agentes de transformación social.

El problema fundamental reside en el tratamiento hegemónico de la categoría de “víctima” y en las formas en que las lógicas estatales configuran y administran la victimización, promoviendo una imagen de “víctima ideal” y creando una jerarquía moral del sufrimiento. Esta administración gerencialista despolitiza el dolor, despojándolo de su dimensión estructural e impide abordar las raíces profundas de las violencias. Ante este panorama, el presente artículo se estructura en torno a la siguiente interrogante: ¿De qué manera los dispositivos estatales de control configuran una categoría de “víctima” limitada y pasiva, y cómo logran las personas afectadas subvertir esta imposición para constituirse en agentes políticos de construcción de paz?

Con ello en mente, el objetivo central de este artículo de reflexión es trascender la representación limitante de la víctima para visibilizar cómo, a pesar de los esfuerzos por confinarlas a un rol pasivo y de la dificultad de concebirlas como agentes constructores de paz (Barton-Hronešová, 2020), en México las víctimas y sus familiares han demostrado capacidad de agencia, al constituirse en actores políticos organizados con capacidad de liderar procesos de cambio.

Así, en este trabajo, la agencia se entiende desde una perspectiva relacional como una competencia situada que opera en tensión dialéctica con las estructuras institucionales: si bien estas constriñen, también constituyen el terreno donde los sujetos habilitan nuevas posibilidades de acción (Giddens, 1984). Siguiendo la propuesta de Emirbayer y Mische (1998), se define la agencia como la capacidad práctico-evaluativa de los actores para distanciarse de sus esquemas habituales, reconfigurar sus circunstancias presentes y proyectar futuros alternativos de justicia y verdad (Garza Placencia, 2017; Bustamante, 2017). Esta capacidad se convierte en un motor clave de procesos orientados a la verdad, la memoria y la no repetición, que se traducen en la transformación estructural del conflicto y en la construcción de paz como proceso profundo.

La crítica a la categoría de víctima desarrollada en este texto se articula directamente con los Horizontes de Paz y las Perspectivas Críticas para la Justicia Socioambiental, en la medida en que ayudan a revelar las raíces profundas de la violencia en México. El análisis subraya que el sufrimiento no es accidental, sino el resultado de la modernidad colonial y el modelo económico vigente, un sistema que genera violencia estructural contra las vidas humanas y el territorio por igual. La crítica a la individualización y mercantilización del dolor, propia del enfoque legal hegemónico, exige una justicia que trascienda la reparación económica para abordar la dimensión colectiva y relacional del daño, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes.

Metodológicamente, este trabajo se plantea como un estudio de reflexión crítica. El análisis se sustenta en la triangulación de una revisión teórica sobre la sociología del sufrimiento y la victimología crítica, junto con el examen de literatura especializada sobre la violencia reciente en México. Para situar la discusión teórica, se analizan casos paradigmáticos que, por su impacto mediático y político, permiten ilustrar cómo operan en la práctica los dispositivos de control y las respuestas de agencia aquí descritas.

El desarrollo del artículo se estructura de la siguiente manera: la primera sección revisa la categoría de víctima como construcción discursiva e instrumental en el ámbito público y académico. La segunda sección analiza la configuración estatal de la victimización en México a través de los dispositivos legales, las prácticas institucionales y los recursos discursivos. La tercera sección explora las estrategias de resistencia y construcción de paz de los colectivos de víctimas. Finalmente, la sección de conclusiones sintetiza los hallazgos y propone líneas futuras de investigación.

La víctima como categoría en disputa

La discusión en torno al concepto de “víctima” ha sido central en la criminología y la victimología contemporáneas, pero su aparente neutralidad es engañosa. Esta categoría no es solo descriptiva, sino que constituye una construcción social y política cargada de poder. En contextos como el mexicano, marcados por la desigualdad y las violencias, el término adquiere aún más complejidad, pues implica pensar quién merece reconocimiento, reparación y legitimidad y quién queda excluido de esta distinción. Por lo tanto, este apartado explora las distintas concepciones de víctima, analizando su evolución desde la victimología tradicional, sus límites en el derecho, hasta las críticas a dichas posturas que invitan a pensar a la víctima como un recurso discursivo e instrumental en constante disputa.

La víctima desde la victimología tradicional

A pesar de que la victimología como disciplina científica ha experimentado una evolución acelerada a partir de los años noventa del siglo XX, promoviendo el reconocimiento de derechos y revalorizando la figura de la víctima, la disciplina no ha escapado a la inercia de modelos epistémicos tradicionales que se han permeado al ámbito legal.

La victimología tradicional ha abordado principalmente la figura de la víctima de manera unidimensional, centrándose en el hecho delictivo concreto y descuidando el contexto social, político e histórico. Central en este enfoque es la noción de “víctima ideal” (Christie, 1986), en la que la expectativa sobre la persona victimizada es que sea dócil, mansa y se ajuste a las siguientes características (Craig & Sailofsky, 2024):

a.       Que sea débil o vulnerable.

b.      Que esté involucrada en una actividad respetable al momento de la victimización.

c.       Que sea inocente en las circunstancias de su victimización y sea victimizada por un agresor cruel o desconocido.

d.      Que actúe racionalmente para escapar del abuso.

Este arquetipo reproduce y exacerba desigualdades, pues obliga a las víctimas a demostrar que son dignas de compasión (Craig & Sailofsky, 2024), y permite comprender qué narrativas de victimización son aceptadas. Quienes no se ajustan a este molde suelen ser excluidos del reconocimiento social y legal. Por ejemplo, en casos de violencia de género, los estereotipos sobre quién es la “víctima ideal” siguen determinando quién recibe apoyo y empatía y, en última instancia, acceso a la justicia.

Esta visión ha sido duramente criticada por su tendencia a culpabilizar a la víctima, por reducirla a mero objeto de estudio y por promover su pasividad (Bohórquez, Rojas & Anctil, 2017). A pesar de ello, la noción de víctima ideal ha perdurado hasta nuestros días y ha permeado tanto en la construcción y definición legal de “víctima” como en los estigmas a su alrededor.

La víctima en el derecho y los derechos humanos

Desde una perspectiva legal, el concepto de “víctima” resulta complejo dadas sus múltiples causas y consecuencias. Sin embargo, un rasgo distintivo de la tradición jurídica occidental ha sido la tendencia a invisibilizar el sufrimiento de quien padece el delito, relegando a la persona victimizada a un segundo plano dentro de la procuración y administración de justicia.

Esta marginación histórica no es accidental, sino constitutiva de la arquitectura jurídica del Estado moderno. Con la consolidación del monopolio de la violencia legítima y el surgimiento del derecho penal racional, el conflicto le fue “expropiado” a la víctima (Christie, 1977). Jurídica y políticamente, el delito dejó de concebirse como un daño entre particulares para redefinirse como una infracción contra el Soberano o el Estado. Bajo esta lógica, la víctima fue desplazada a un rol periférico, reducida a mera proveedora de evidencia (testigo) para que el Estado ejerciera el ius puniendi contra el infractor.

En el contexto mexicano, esta exclusión se vio exacerbada por la larga tradición de sistemas procesales de corte inquisitivo, en la que el expediente escrito prevalecía sobre los sujetos y la reparación del daño quedaba subordinada al castigo del culpable. Sin embargo, nociones más actuales han dotado de un estatus legal protagónico a la víctima. Una noción legal amplia de víctima incluye a toda persona o grupo que ha sufrido daño físico, psicológico, emocional, económico o una vulneración grave de sus derechos fundamentales, ya sea consecuencia de un delito, un abuso de poder, un conflicto armado o una catástrofe (ONU, 1985). Asimismo, actualmente se consideran víctimas a los familiares (CoIDH, 2009) y a aquellas personas dañadas al asistir a víctimas o prevenir la victimización (CoIDH, 2010).

La tendencia global y nacional es hacia una mayor participación de la víctima en el proceso penal y el reconocimiento de sus derechos, especialmente con el desarrollo de mecanismos alternativos al proceso penal tradicional, como la justicia restaurativa o la implementación de mecanismos especiales como la justicia transicional. Por ello, puede afirmarse que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la víctima es un actor central, no solo en casos de delitos, sino también de violaciones a derechos humanos (Ambos, 2012).

A pesar de estos avances normativos, persiste la crítica a los límites de la visión legal de víctima, pues el derecho tiende a la individualización de la víctima, dejando de lado dimensiones sociales, culturales y políticas de la victimización. Por lo tanto, el arquetipo de la “víctima ideal” y el enfoque puramente legalista resultan conflictivos, pues ambos operan como un filtro moral y legal que limita, excluye e invisibiliza las raíces profundas de la violencia. Estas limitaciones hacen indispensable abordar la categoría de “víctima” desde un punto de vista crítico, lo cual nos lleva al siguiente apartado para desarrollar las críticas fundamentales al esencialismo, la instrumentalización y la dimensión colonial de la categoría.

Críticas a la categoría de víctima

Para trascender la visión legalista y poder desmontar las lógicas hegemónicas que sustentan la visión reduccionista de la categoría de “víctima” es necesario abordar las críticas que cuestionan el enfoque tradicional: la crítica al esencialismo y la naturalización de la víctima; la crítica a la instrumentalización y burocratización de la categoría, y la crítica decolonial.

Víctima como construcción discursiva: la llorabilidad jerárquica

Desde las perspectivas postestructuralistas, la víctima no es una entidad preexistente al lenguaje y las instituciones, sino un término que produce subjetividades. Como argumenta Foucault (1991), esta categoría no es un estado natural, sino un dispositivo de poder que se constituye en el preciso momento en que un sujeto es nombrado, narrado y clasificado como tal dentro de un discurso jurídico, mediático o institucional. En esta lógica, como se mencionó, las instituciones construyen discursivamente el ideal de víctima (Christie, 1986), lo que tiene profundas consecuencias, pues quienes no se ajustan a este molde suelen ser excluidos del reconocimiento social y legal como víctimas.

Además, este proceso homogeneiza las experiencias de sufrimiento, borrando la pluralidad de voces y reduciendo el dolor a un relato codificable y gestionable por las instituciones (Rock, 2004). Al mismo tiempo, despolitiza a las personas, transformando procesos de violencia estructural en relatos individuales de dolor; es decir, mediante el silenciamiento de la capacidad de agencia de la persona afectada, la narrativa hegemónica desplaza la atención de las causas sociales hacia las heridas personales (Spivak, 1988).

Como advierte Butler (2009), esta construcción discursiva no solo brinda las condiciones de posibilidad para el reconocimiento, sino que además jerarquiza y organiza la empatía pública. Al determinar qué vidas y relatos son dignos de ser nombrados como “víctima”, solo ciertos cuerpos y experiencias son considerados “llorables” y dignos de reconocimiento.

Víctima como instrumento poder: sufrimiento como moneda de cambio

Siguiendo la crítica de la categoría de víctima como construcción discursiva, encontramos que la etiqueta de “víctima” es frecuentemente impuesta desde el poder estatal, jurídico o mediático. Dicha etiqueta no cumple únicamente la función de distinguir los sufrimientos de ciertas personas, como advierte Butler (2009), sino que, además, ese sufrimiento suele utilizarse para invisibilizar otros sufrimientos o para justificar políticas de mano dura.

Asimismo, la figura de la víctima puede ser instrumentalizada políticamente, convirtiéndola en un recurso político maleable. Garland (2001) muestra cómo, en contextos neoliberales, se recurre a esta para justificar políticas de control social y endurecimiento punitivo. En lugar de atender las causas estructurales de la violencia, el discurso de protección a las víctimas legitima la militarización, la represión o la criminalización de comunidades enteras. Esta instrumentalización exige de las víctimas un comportamiento acorde con la inocencia y la pasividad esperadas. Aquellos que cuestionan al Estado o politizan su dolor corren el riesgo de ser deslegitimados (Fassin & Rechtman, 2009).

La instrumentalización de la víctima no solo puede desarrollarse por parte del Estado. Autores como Kleinman, Das y Lock (1997) y Fassin (2012) han mostrado, mediante análisis basados en la “economía moral del sufrimiento”, las formas en que el dolor humano se convierte en un recurso movilizado en muchos casos por ong y organismos internacionales. Distintos estudios muestran cómo, en ocasiones, personas defensoras de derechos humanos se relacionan con víctimas de tal manera que las desempoderan y las representan de la forma tradicional (Knuckey et al., 2020).

Al respecto, Makau Mutua (2001) expone que el movimiento de derechos humanos a menudo se sostiene en una metáfora “salvaje-víctima-salvador”. Esta dinámica borra los esfuerzos de las víctimas por resistir estructuras opresivas y se vuelve especialmente problemática cuando personas defensoras provenientes de grupos privilegiados, y frecuentemente del Norte Global, actúan reproduciendo lógicas coloniales y marginalizadoras, tratando a las víctimas de forma maternalista (Engle, 1995).

En este marco, el reconocimiento como víctima puede convertirse en capital político y económico para acceder a financiamiento internacional o a programas de reparación, entre otras. En América Latina, esto se observa en programas de reparación simbólica que, aunque visibilizan a las víctimas de violencia política, a menudo lo hacen como parte de estrategias de legitimación gubernamental o de acceso a financiamiento internacional.

Todo lo anterior produce una mercantilización del dolor, en el que el reconocimiento como víctima se convierte en requisito para acceder a recursos de ayuda, indemnizaciones o proyectos financiados por organismos internacionales. De este modo, el sufrimiento es codificado y gestionado por instituciones, subordinando el acceso a la justicia a las lógicas del poder y la conveniencia.

Como resultado, las víctimas a menudo expresan sentirse utilizadas por investigaciones o campañas que producen conocimiento y narrativas que suelen ser controladas por defensores, pues perciben que quien extrae esta información decide qué imágenes y lenguajes emplear para captar la atención mediática o de financiadores, reforzando estereotipos como la “víctima indefensa” o la “víctima heroica” (Knuckey et al., 2020).

Crítica decolonial: la victimización relacional

En el contexto latinoamericano, la construcción de la categoría de víctima adquiere dimensiones específicas que revelan las jerarquías coloniales persistentes. La violencia no es un fenómeno accidental, sino una manifestación de la modernidad colonial y del modelo económico vigente (Quijano, 2000; Segato, 2013). Bajo estas condiciones, la utilización de la noción hegemónica de víctima corre el riesgo de ocultar las raíces estructurales de las violencias, privilegiando el sufrimiento de aquellas personas más cercanas a los estándares occidentales de humanidad, mientras se desestima el dolor de los pueblos indígenas, afrodescendiente o populares.

La crítica decolonial, impulsada por autores clásicos como Boaventura de Sousa Santos (2007) y Rita Segato (2013), señala que la categoría de víctima responde a un marco eurocéntrico de derechos humanos que no siempre se ajusta a las formas locales de concebir el daño y la reparación. Esta perspectiva pone de manifiesto la necesidad de trascender al individuo en la conceptualización del daño, pues en comunidades indígenas y afrodescendientes, el sufrimiento no se individualiza, sino que se entiende de manera colectiva y relacional, impactando al tejido social, el territorio y la memoria. Por lo tanto, la noción occidental de “víctima”, al ser inherentemente individualizante, puede fragmentar estas experiencias comunitarias. Con esta lógica, no bastan las reparaciones individuales, sino que se exige la restauración integral de la comunidad.

Además, el reconocimiento oficial de víctima depende de una serie de filtros normativos y morales que deciden quién es digno de ser escuchado y quién merece reparación, lo que conduce a la exclusión de ciertos sujetos (Christie, 1986). En América Latina, esto ha significado que las muertes de civiles “inocentes” sean reconocidas, mientras que las de jóvenes pobres, indígenas o militantes políticos se invisibilicen (Walklate, 2007).

No obstante, desde la región también surgen resistencias y resignificaciones. Colectivos de familiares de personas desaparecidas, colectivas de mujeres contra el feminicidio, grupos de sobrevivientes de dictaduras o de defensoras del territorio han tensionado la categoría de víctima. En lugar de asumirse como sujetos pasivos, han resignificado su condición para convertirse en actores políticos que denuncian las estructuras estatales, militares y económicas que sostienen la violencia (Jelin, 2003; Robben, 2005), utilizando el concepto de “víctima” de manera instrumental para obtener reconocimiento formal y, de esta manera, obligar al Estado a reconocer su responsabilidad, convirtiendo la categoría en palanca de visibilidad y movilización.  Los actos de denunciar, organizarse, construir memoria y exigir justicia y verdad desde una posición de “víctima” representan una praxis contrahegemónica y de resistencia decolonial.

Las distintas críticas a la categoría tradicional de “víctima”, al revelar la construcción discursiva, la instrumentalización y la negación de ciertos sufrimientos, establecen el marco analítico para abordar la victimización en México. El caso mexicano es paradigmático de las tensiones mencionadas, pues la magnitud de la victimización en el país coexiste con narrativas estatales que buscan imponer una visión concreta de cómo debería ser la víctima. En el siguiente apartado se describen los dispositivos mediante los cuales el Estado mexicano intenta imponer esta visión.

La victimización en México: del dato a la narrativa hegemónica

La cuantificación de la delincuencia revela una escala masiva de victimización en México. De acuerdo con el Inegi (2025), en 2024 hubo 23.1 millones de víctimas de 18 años o más. Sin embargo, como se argumentó en la sección anterior, estas cifras masivas son filtradas por los dispositivos de poder que deciden qué vidas son “llorables” y cuáles son prescindibles. En la práctica mexicana, la categoría de “víctima” no opera de manera homogénea, sino que materializa la jerarquía moral del sufrimiento y el arquetipo de la “víctima ideal” previamente descritos.

En la práctica, la institucionalización de la categoría de víctima en México, ya sea de delitos, de violaciones a derechos humanos o de violencias en general, produce un sistema en el que ciertas víctimas tienen un valor social y político mayor que otras. Mientras algunas violencias se reconocen con prontitud, otras se administran con sospecha; en algunos casos el sistema legal se pone en marcha mientras que en otros el Estado permanece omiso. Así, mientras víctimas “ideales” —niños, mujeres jóvenes, personas “inocentes”— reciben atención y empatía, aquellas que no encajan en ese molde, como personas migrantes, personas vinculadas marginalmente a la delincuencia o personas consumidoras de drogas, suelen ser criminalizadas o simplemente olvidadas, perpetuando así un ciclo de exclusión y violencia.

Esta selectividad se hace patente al contrastar la respuesta estatal frente a distintos perfiles de víctimas. Un ejemplo paradigmático de la activación total del Estado ante una “víctima ideal” es el secuestro de Hugo Alberto Wallace, en 2005, el cual, impulsado por una intensa campaña mediática de su madre, logró captar la atención nacional e internacional, lo que resultó en una movilización sin precedentes de las instituciones de seguridad del Estado. En contraste, las masacres de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, investigadas a profundidad por Marcela Turati (2023), representan un ejemplo contundente de indiferencia estatal ante “víctimas no ideales”: hombres jóvenes, migrantes en tránsito o jornaleros. La indiferencia institucional se manifiesta en el ocultamiento de cifras, la superficialidad de la investigación y la criminalización de las víctimas de parte de quienes investigan (Turati, 2023).

Este trato diferencial evidencia cómo el sistema legal y la atención mediática se activan de manera selectiva. Para operacionalizar esta distinción y filtrar dicha realidad, el Estado mexicano despliega tres mecanismos de control fundamentales que se analizan a continuación.

La paradoja legal: más derechos y más víctimas

En primer lugar, leyes y reformas legales (como la Ley General de Víctimas), son el primer dispositivo de control y administración de las víctimas. A través de ellas, el Estado define legalmente quién (y quién no) es víctima, estableciendo criterios de prueba, plazos de atención y los tipos de reparación.

En México, la posición que ha tenido la víctima dentro del proceso penal ha sido históricamente la de un rol limitado, aunque reformas legales como la constitucional de 2000, la penal de 2008 y la expedición de la Ley General de Víctimas en 2013 han ido fortaleciendo, al menos normativamente, su posición (gráfico 1). La positivación de los derechos de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos representa un avance significativo al reconocer a las víctimas como sujetos de derechos y no solo como meros testigos o querellantes dentro de un proceso penal.

 Sin embargo, esta expansión legal no se ha traducido en la reducción de la violencia, ni en una mejora real en la vida de las personas victimizadas. La paradoja es evidente: mientras el marco jurídico se vuelve más robusto y los derechos de las víctimas se multiplican, las cifras de víctimas siguen aumentando y el acceso a la justicia y la reparación no alcanza a la mayoría.

Esta desconexión entre el derecho formal y la realidad encuentra explicación en dos cuestiones. Por un lado, el marco jurídico no atiende los factores estructurales que causan la violencia, como la impunidad, la corrupción o la desigualdad, sino que se enfoca exclusivamente en gestionar sus consecuencias; por otro lado, esta administración del dolor se traduce en la construcción de burocracias a las cuales tienen que acudir las víctimas para acceder a derechos, pero para esto deben someterse a un largo y complejo proceso de reconocimiento oficial, que a menudo les revictimiza.

Estos marcos legales e institucionales terminan por burocratizar el dolor. Siguiendo a Luna, Martínez & Ayala (2021), esto se entiende como “una serie de prácticas de dilación, simulación y sustitución que desarrollan las instituciones como estrategia para ocultar la falta de resultados o la carencia de capacidades para resolver las demandas y las situaciones que la realidad les impone” (p. 99). En la práctica, esto se traduce en convertir experiencias de violencia en categorías jurídicas, despojando al sufrimiento de su dimensión comunitaria y relacional, y reduciéndolo a un evento individualizado que debe ser “probado” ante una autoridad competente.

Esta ineficacia del derecho formal nos obliga a examinar el segundo dispositivo estatal de control: las instituciones de atención.

Prácticas institucionales: la administración gerencialista del sufrimiento

El segundo dispositivo estatal, las prácticas institucionales de atención a víctimas, representa el vehículo operativo de la burocratización del dolor, al traducir el mandato legal en una administración gerencialista del sufrimiento. Organismos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), las fiscalías y las comisiones de búsqueda de personas son las encargadas de implementar leyes, convirtiendo el sufrimiento en un trámite administrativo.

Sin embargo, es crucial matizar que este dispositivo institucional no opera de manera monolítica, sino que reproduce profundas asimetrías a nivel subnacional. Dado que la mayoría de los delitos en México pertenecen al fuero común, la configuración real de la categoría de “víctima” recae en las capacidades y voluntades de las fiscalías locales, los poderes judiciales locales y las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas (CEAV estatales). En este nivel, la burocratización del dolor se agrava por la precariedad presupuestal y la falta de autonomía política de las instancias locales.

Esto genera una suerte de “geografía de la victimización” desigual, en la que el reconocimiento de la calidad de víctima y el acceso a derechos no dependen solo del daño sufrido, sino del código postal y la entidad federativa donde ocurrió el hecho, fragmentando así la ciudadanía y el acceso a la justicia.

Estas instituciones y sus formas de proceder, analizadas desde la crítica de la víctima como instrumento político, son creadas para canalizar las protestas, centralizar demandas de justicia, controlar flujos de ayuda y determinar quién accede efectivamente al ejercicio de derechos. Al hacerlo, la respuesta institucional no solo busca atender, sino que termina por subordinar a las víctimas a un proceso administrativo que puede agotar su capacidad de exigencia (Luna, Martínez & Ayala, 2021).

Las víctimas, al acercarse a estas instancias, son forzadas a interactuar con un sistema que les exige adoptar sus modos, su lenguaje y sus procedimientos, lo que a menudo representa revictimización a través de procesos lentos, engorrosos y deshumanizantes.

El trámite administrativo no es neutral, sino que representa un dispositivo que construye una noción concreta y limitada de la víctima. Al someter el sufrimiento al protocolo burocrático, las instituciones fuerzan a la persona victimizada a adoptar un rol social concreto, codificable y gestionable, a través de varios mecanismos: 1) estableciendo plazos burocráticos ajenos a los tiempos de duelo; 2) reduciendo el sufrimiento a “evidencia”, donde la falta de pruebas niega la calidad de víctima, y 3) despolitizando y fragmentando el daño al enfocarlo únicamente en el individuo.

En la práctica, estas instancias poseen el poder de definir legalmente el daño, las pruebas, los tiempos y hasta el modo “aceptable” de duelo. Esto reordena identidades y trayectorias de vida, con la grave consecuencia de la revictimización para quienes no se ajustan a estos moldes burocráticos. La burocratización del dolor se intensifica cuando se convierte en gerencialismo, donde la persona es reducida a una estadística o a un expediente.

Un ejemplo claro de esta administración gerencialista del sufrimiento se observa en el manejo de los apoyos de ayuda inmediata y el Registro Nacional de Víctimas a cargo de la CEAV (CIDH, 2024).[2] La Comisión ha sido denunciada por ineficacia operativa, discrecionalidad y profunda burocratización.[3] Esta ineficiencia se tradujo, en momentos críticos, en la suspensión o el incumplimiento en la cobertura de gastos esenciales como traslados y alimentación, lo que obliga a la víctima a confrontar a la institución, en lugar de recibir apoyo (ProDH, 2025).

Otro ejemplo son las controversias metodológicas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los criterios y ajustes a este registro ilustran cómo el Estado reduce a la víctima a una cifra, gestionando estadísticamente la tragedia al definir quién cuenta, cómo se cuenta y cuándo deja de contar (Mendoza Castellanos, 2024).

La etiqueta de “víctima”, aplicada por las instancias con poder, convierte a la persona victimizada en un objeto del sistema burocrático más que en un sujeto de derechos, ya que su reconocimiento depende de su capacidad para adaptarse al protocolo. Esta falla sistémica en la gestión institucional facilita la instrumentalización del dolor y desplaza la responsabilidad estatal en la justicia a la mera administración del sufrimiento.

Discursos: la configuración narrativa de la jerarquía moral

El tercer dispositivo estatal, y quizás el más sutil, es el de los discursos políticos. A través de la retórica oficial, desde el aparato estatal se define la narrativa sobre las violencias y las víctimas, legitimando ciertas experiencias, mientras silencia e incluso criminaliza otras, lo que permite modular la percepción pública y orientar el debate hacia problemas específicos que le resultan convenientes.

En este sentido, los discursos oficiales no solo nombran a las víctimas, sino que también las clasifican y jerarquizan, lo que influye en qué historias son escuchadas y cuáles son relegadas al olvido. Como señala Romeu (2022), esta dinámica produce una jerarquía moral de víctimas, donde el reconocimiento se aplica de manera selectiva. Para el caso mexicano, esto sucede por medio de dos estrategias principales: la justificación punitiva y la deslegitimación política.

En la primera, el discurso gubernamental puede privilegiar la visibilidad de víctimas de delitos comunes para justificar políticas de seguridad punitivas y la militarización de la seguridad pública (Zavala, 2023). En este caso, el reclamo de justicia se instrumentaliza para justificar y promover reformas punitivas, a pesar de la evidencia de que ni la mano dura ni el castigo reducen el daño (Garland, 2001; Zavala, 2023).

Por ejemplo, Salgado López (2012) muestra cómo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa utilizó a las víctimas, presentándolas como personas débiles que deben ser rescatadas, para fortalecer su discurso punitivo y lanzar el operativo Michoacán, que dio inicio al proceso de consolidación de la militarización de la seguridad pública en 2006 (Luna, 2022).

La segunda estrategia de jerarquización e instrumentalización de las víctimas a través de discursos políticos se observa en los casos en que las autoridades minimizan el sufrimiento de ciertas víctimas, al tiempo que utilizan el sufrimiento de otras como emblemas políticos.

Por ejemplo, en las mañaneras del expresidente Andrés López Obrador, víctimas y organizaciones civiles que criticaron la narrativa oficial fueron constantemente descalificadas (Alonso Muñoz, 2022), o etiquetadas como “conservadores” o “neoliberales” para socavar su credibilidad y demandas (Romeu, 2022).

Sin embargo, este proceso no es unilateral. A pesar de los intentos del Estado por encuadrar a las víctimas en un molde específico, las personas y colectivos han ejercido una profunda agencia, resignificado su condición y transformado su dolor en fuerza política. Muestra de ello son los avances jurídicos a nivel nacional e internacional que se han traducido en protocolos de protección en favor de las víctimas frente a las violencias institucionales (Santillán, 2023).

Otro ejemplo es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El movimiento, liderado por Javier Sicilia, criticó la narrativa gubernamental que estigmatizaba a las víctimas de la “guerra contra las drogas”, señalando que no solo eran delincuentes, sino también civiles, y que sus muertes no eran daños colaterales, sino tragedias que exigían justicia y respeto por la dignidad (Guerra, 2023).

En el siguiente apartado se exploran las estrategias de resistencia de las víctimas-agentes y su rol fundamental en la construcción de paz sostenible en México.

De la victimización a la agencia: resistencia y construcción de paz

Las personas victimizadas y aquellas afectadas por las violencias no son sujetos pasivos, sino agentes con capacidad de acción, cuya resistencia activa se convierte en motor para la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos en México.

La capacidad de las víctimas para actuar de forma autónoma e influir en su entorno no es un estado dado, sino un proceso de despertar político (Garza Placencia, 2017) en el que el miedo se transforma en indignación y acción colectiva. Esta capacidad se manifiesta en su posibilidad de liderar procesos de cambio, disputar la justicia y reconstruir sus propios proyectos de vida (Bustamante, 2017).

A pesar de la diversidad de formas de acción (Guerra, 2023), el proceso de construcción de agencia muestra un patrón constante: comienza con el autorreconocimiento como protagonistas activas en la lucha por derechos (Linares & Sierra, 2014), transita hacia el desarrollo de una conciencia política (Garza Placencia, 2017) y culmina cuando el miedo se transforma en indignación y acción colectiva (Cepeda & Leetoy, 2021).

Dichas acciones pueden ser políticas, legales o culturales y suponen estrategias de resistencia colectiva (Santillán, 2023), ya sea para exigir justicia, visibilizar las violencias o disputar al Estado la memoria y, por lo tanto, el significado de la propia categoría de “víctima”. La agencia de las víctimas-agentes se manifiesta en la capacidad de liderar procesos de cambio, disputar el significado de la justicia, exigir verdad, memoria y no repetición, pero principalmente, en la reconstrucción colectiva de sus propios proyectos de vida (Bustamante, 2017). Esta transición de la victimización a la agencia, también nombrada por la literatura como tránsito de víctima a sobreviviente (Bustamante, 2017), es un acto personal que se construye en colectividad.

No obstante, es crucial matizar que este tránsito hacia la agencia política no es lineal ni normativo. No todas las víctimas desean ni deben convertirse en activistas; el repliegue al ámbito privado o el silencio también son respuestas legítimas ante el trauma. La agencia aquí descrita, por lo tanto, no es un imperativo moral, sino una posibilidad política que emerge cuando el dolor individual encuentra eco en lo colectivo.

A continuación, se exploran las formas de agencia estratégica que colectivos de víctimas-agentes desarrollan como resistencia activa frente a los recursos estatales de control y administración del sufrimiento.

Agencia vs. leyes/instituciones: de la burocratización a la coproducción

La primera respuesta de agencia confronta la administración gerencialista y la burocratización del dolor, buscando la coproducción de reparación y verdad. Las víctimas organizadas se niegan a ser meros expedientes y utilizan formas de agencia que desafían la ineficacia estatal: la ciencia ciudadana y la rendición de cuentas.

a)      Ciencia ciudadana y saberes experienciales. La inacción y la ineficacia estatal se desafían mediante estrategias de ciencia ciudadana (Cepeda & Leetoy, 2021) que canalizan el dolor y la rabia de las víctimas. La agencia se construye a través de la implementación de saberes experienciales, un conocimiento adquirido por la propia experiencia de victimización que confronta directamente los criterios institucionales.

Un ejemplo de este tipo de agencia estratégica son las familias buscadoras, que se han convertido en expertas en geolocalización, exhumación y análisis forense, realizando búsquedas independientes, en muchos casos, más eficaces que las desarrolladas por las autoridades (ProDH, 2020). De manera paralela, otros colectivos se han especializado en cuestiones legales, logrando identificar restricciones en legislaciones y, consecuentemente, planteando oportunidades de mejora a leyes, reglamentos, procedimientos e instituciones vigentes (Cepad, 2018). Las acciones de búsqueda de estos colectivos desafían la gestión institucional de comisiones de búsqueda y fiscalías que buscan imponer sus criterios y reducir a la víctima a ser una pasiva de información. 

b)      Rendición de cuentas y control ciudadano. Las víctimas adoptan un rol de vigilancia y evaluación crítica de las instituciones (Rosanvallón en Garza Placencia, 2017). Esta postura las lleva a generar interlocución directa con el Estado, a menudo mediante reuniones de trabajo, lo que ha obligado a las instituciones a adoptar nuevas prácticas de rendición de cuentas y fiscalización. Para lograr el control efectivo, las víctimas desarrollan dos estrategias claves.

Primero, hacen un uso contrahegemónico y estratégico del lenguaje, apropiándose y resignificando tanto la categoría de víctima como el lenguaje de los derechos humanos, transformándolos en herramientas morales y jurídicas para exigir justicia, formalizar demandas (Garza Placencia, 2017) y desafiar la impunidad (Craig & Sailofsky, 2024).

Segundo, participan en redes y se vinculan con organismos locales, nacionales y transnacionales de derechos humanos como estrategia de negociación política. Estas redes funcionan como un mecanismo para presionar a las instituciones a rendir cuentas, ejerciendo una influencia que el Estado difícilmente puede ignorar (Keck y Sikkink en Garza Placencia, 2017) y, al mismo tiempo, resultan estratégicos para transformar las demandas individuales en colectivas (Santillán, 2023). Mediante estas estrategias de rendición de cuentas y control ciudadano, las víctimas disputan la narrativa hegemónica y se erigen como interlocutoras legítimas frente al Estado.

El caso Ayotzinapa es un ejemplo paradigmático de agencia estratégica de negociación política y de uso estratégico de redes trasnacionales. Ante la “verdad histórica” ofrecida por el gobierno federal, las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos rechazaron la narrativa oficial, activando el apoyo de la sociedad civil. El respaldo social, internacional y técnico permitió la creación de mesas de diálogo y seguimiento, la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la CIDH, la creación de una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, entre otras, ejerciendo una presión que ha obligado a las autoridades a establecer mecanismos especiales y continuar las investigaciones. Varela Guinot (2021) demuestra cómo, en este caso, el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil ha sido crucial para proteger y fortalecer la lucha de las familias, que de manera individual sería insostenible.

Este ejemplo demuestra que la etiqueta de “víctima” no solo puede ser instrumentalizada para producir pasividad, sino que puede ser utilizada por la misma persona etiquetada para activar control ciudadano y exigir rendición de cuentas del Estado, y movilizar redes solidarias de ayuda.

Agencia vs. discursos oficiales: memoria y resignificación política

La segunda respuesta de agencia estratégica confronta la jerarquía moral y la narrativa hegemónica impuesta por los discursos estatales y mediáticos, los cuales buscan imponer el olvido, justificar acciones punitivas o la criminalización de las víctimas.

a)      Memoria como acto social y político. La memoria histórica es la principal herramienta para desafiar los discursos hegemónicos. El acto de dignificar la memoria de las víctimas representa una acción política que confronta la normalización de la violencia y la apuesta estatal por el olvido.

La memoria mantiene viva la presencia de las personas y funciona como un campo de batalla donde las narrativas de las víctimas ofrecen una visión alternativa para la comprensión del pasado, buscando la no repetición y la reconciliación (Bohórquez, Rojas & Anctil, 2017; Maroño & Morales, 2021).

b)      Liderazgo y movilización política. Contrario a la visión tradicional de que el trauma inmoviliza y que la victimización genera sujetos pasivos y necesitados de asistencia, paradójicamente la victimización fomenta un sentido de fortaleza personal e impulsa la movilización ciudadana y la participación política (Ley, 2022).

Ley (2022) demuestra una relación positiva entre la violencia y las formas de participación política no electoral. Esto sugiere que la violencia, en lugar de paralizar, puede motivar la movilización ciudadana, de forma que las personas afectadas por las violencias canalizan sentimientos como la ira o la frustración en participación política expresiva. En contextos violentos, en los cuales protestar implica riesgos significativos, la acción colectiva se apoya en redes de sociedad civil, por lo que las redes sociales juegan un papel crucial en las acciones de movilización política.

Un ejemplo de memoria y resignificación política lo encontramos en el caso de la Guardería ABC. Tras el incendio en Hermosillo, Sonora, en 2009, en el cual murieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos debido a la corrupción y negligencia en la operación de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las madres y los padres realizan acciones simbólicas de recuerdo y exigencia de justicia, entre ellas, marchas silenciosas de protesta y la creación de espacios públicos de memoria.

Estas acciones trascienden el duelo individual, y la memoria se utiliza para impulsar transformaciones legales buscando la no repetición, logrando la publicación en 2011 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Estas acciones de memoria y movilización lograron, además, la reestructuración de la cultura política de la ciudad al provocar en muchas personas sus primeras experiencias de movilización ciudadana (Flores Cuamea & Núñez Noriega, 2016).

La ética del cuidado como praxis de paz colectiva

Finalmente, las víctimas-agentes no solo resisten las imposiciones y violencias estatales a través de la ciencia ciudadana, la rendición de cuentas, la memoria y la movilización política. Su agencia más profunda radica en la capacidad de reconstruir el tejido social a través de la ética del cuidado colectivo. Esta praxis responde directamente a la crítica decolonial expuesta al inicio de este texto: frente a una justicia hegemónica que individualiza y fragmenta el daño, el cuidado colectivo recupera la dimensión relacional y comunitaria del sufrimiento.

Es en lo cotidiano donde el sufrimiento compartido transforma el dolor individual en motor de acción colectiva. Además, la acción colectiva no solo ayuda a resistir, sino que es fundamental para reconstruir la vida. A través de la organización, los colectivos logran cocrear agencia: aprender sobre sus derechos, compartir experiencias y conocimientos, generar acciones transformadoras y alianzas virtuosas para la incidencia (Linares & Sierra, 2014; Varela Guinot, 2021).

La agencia se manifiesta en el acto de cuidar a los seres queridos y a la comunidad. Los cuidados no son pasivos, sino que permiten a las víctimas transitar la aflicción y asumir roles de liderazgo (Comins-Mingol, 2015). Esta ética, ejercida de forma colectiva, se convierte en herramienta política que se opone directamente a la estrategia de aislamiento y fragmentación impuesta por los distintos dispositivos estatales.

Al cuidarse y cuidar en comunidad, las personas pueden resignificar la propia vida y reconocerse no solo como víctimas, sino como sobrevivientes y constructoras de paz, rechazando la visión que las reduce a seres pasivos (Comins-Mingol, 2015).

El trauma narrado y compartido forja comunidades morales (Das, 2007) y genera redes de apoyo que resisten la individualización y la criminalización impuesta. Estudios en el contexto mexicano, como los de Santillán (2023) sobre familiares de víctimas de feminicidios, o el de Garza Placencia (2017) sobre familiares de personas desaparecidas, demuestran cómo el cuidado mutuo y la sororidad son actos esenciales de reparación, no legal, sino una reparación profunda, coproducida que permite mantener la vida.

La ética del cuidado, que surge del compartir en comunidad y destaca habilidades como la empatía y la paciencia, es esencial para la paz. Por lo tanto, las acciones de cuidado colectivo se orientan a la construcción de paz positiva e imperfecta,[4] al transformar de fondo las estructuras violentas. De esta manera, la agencia de las víctimas en México se consolida no solo por su capacidad de denunciar al poder, sino por su compromiso con la vida, al convertir el dolor en una fuerza colectiva que reconstruye el tejido social y redefine el significado de la justicia y la paz.

Conclusiones: hacia una reconceptualización de la víctima

Este artículo ha analizado críticamente la categoría de “víctima” en el contexto de las violencias estructurales en México, concluyendo que no es una entidad neutral, sino una compleja construcción social y política en disputa. Históricamente, el concepto se construyó negando el sufrimiento y la capacidad de agencia de las personas. El análisis señala que el Estado utiliza distintas estrategias para enmarcar, jerarquizar y burocratizar el sufrimiento, lo cual promueve una imagen, ya obsoleta, de “víctima ideal”, al tiempo que mercantiliza el dolor con fines políticos y de control social. Esta visión hegemónica despolitiza la victimización, la despoja de su dimensión estructural e impide abordar las raíces profundas de la violencia, lo que dificulta procesos de construcción de paz (Del Río & Mancera, 2012).

Frente a esto, el artículo pone de manifiesto que las víctimas han demostrado capacidad de acción, transformándose en actores políticos organizados que resisten la imposición de etiquetas (Craig & Sailofsky, 2024). Su agencia se consolida por medio de un amplio repertorio de prácticas que incluyen la organización para la coproducción de verdad, la disputa por la memoria y la resignificación política del dolor, y la reconstrucción del tejido social a través de la ética del cuidado colectivo. Las víctimas-agentes son fundamentales como constructoras de paz porque redefinen la justicia desde la base social (Bustamante, 2017).

A pesar de sus hallazgos, este trabajo presenta ciertas limitaciones que abren la puerta a futuras indagaciones. Primero, el análisis se centra en las expresiones de agencia colectiva y organizada, lo que podría dejar en un segundo plano las múltiples formas de resistencia individual o no públicamente politizadas que también desafían las narrativas estatales. Segundo, el artículo aborda el caso mexicano de forma general, sin profundizar en las variaciones geográficas y territoriales de la victimización y la agencia, las cuales difieren entre distintos contextos. Futuras investigaciones podrían profundizar, por ejemplo, en la dimensión de género en el cuidado colectivo, analizando cómo esta labor reproduce roles de género tradicionales con sus respectivos costes; realizar estudios comparativos entre distintas regiones de México donde las concepciones de agencia y daño/reparación varían, o explorar el papel de las emociones como la ira, la indignación o la esperanza como catalizadores de movilización social.

En conclusión, para construir una paz duradera en México es crucial reconocer el papel de las víctimas como sujetos políticos activos, con capacidad de liderar la transformación social y de reconfigurar la relación entre justicia y Estado.

Agradecimientos

Este trabajo deriva del proyecto “Víctimas como constructoras de paz: trayectorias de resistencia y acciones transformadoras”, financiado por el Sistema Universitario Jesuita, mediante la “Convocatoria de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica del Sistema Universitario Jesuita”. El autor expresa su sincero agradecimiento por el apoyo.

Además, agradezco a Arisbeth Hernández, Mirela Barrios, Roberto Alonso y Joaquín Sánchez por la revisión de versiones previas, así como a los dictaminadores anónimos, cuyas observaciones críticas fortalecieron sustancialmente el argumento central. Finalmente, agradezco a Andrea Donají Martínez Rosario por su diligente asistencia en la edición técnica del manuscrito.

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[1] Académico investigador en la Ibero Puebla, adscrito al Laboratorio para la Paz con Reconciliación (ReconciLAB) del Sistema Universitario Jesuita. Doctor en Derecho (Criminología) por la Universidad Pompeu Fabra. Correo electrónico: tadeo.luna@iberopuebla.mx. ORCID ID: 0000-0002-6922-7495.

[2] Ver específicamente los párrafos 155 y siguientes, sobre el cumplimiento parcial de la ceav.

[3] www.idheas.org.mx/comunicaciones-idheas/sala-de-prensa-idheas/comunicados/atencion-a-victimas-austeridad-y-presupuesto-son-la-punta-del-iceberg-de-los-problemas-estructurales-que-ha-arrastrado-la-ceav-desde-su-creacion/

[4] Frente a la visión tradicional de paz como ausencia de conflicto (paz negativa), la paz positiva se enfoca en la transformación de las estructuras que generan desigualdad, mientras que la paz imperfecta reconoce la paz como un proceso continuo e inacabado que coexiste con el conflicto.