Hospitalidad comunitaria en Frontera Comalapa, Chiapas: prácticas de acompañamiento y reconfiguración territorial en contextos de violencia
Community Hospitality in Frontera Comalapa, Chiapas: Practices of Accompaniment and Territorial Reconfiguration in Contexts of Violence
César Barranco Crisantos[1]
Elisa Sarahí Arroyo Relión[2]
Yuridia González Matías[3]
Resumen: Este artículo analiza la hospitalidad comunitaria en Frontera Comalapa, Chiapas, a partir de la recuperación de voces locales, la experiencia de las personas autoras y la revisión de fuentes documentales. A través de un recuento de experiencias de acogida, se examinan las condiciones territoriales y sociales que han configurado y reconfigurado dichas prácticas, particularmente en un contexto reciente de violencia criminal, así como sus tensiones y límites en escenarios de movilidad forzada. Finalmente, se muestra cómo, en medio de estas transformaciones, una comunidad históricamente reconocida por su capacidad de acogida se ha visto también obligada a desplazarse, evidenciando la inestabilidad de las fronteras entre quienes acogen y quienes requieren ser acogidos.
Palabras clave: migración forzada, solidaridad, comunidades de acogida, frontera sur de México, pastoral de migrantes.
Abstract: This article analyzes community hospitality in Frontera Comalapa, Chiapas, drawing on local voices, the authors’ field experience, and documentary sources. Through an examination of reception and support, it explores the territorial and social conditions that have shaped and reshaped these practices, particularly in a recent context of criminal violence, as well as their tensions and limitations in situations of forced mobility. Finally, it shows how, amid these transformations, a community historically recognized for its capacity to welcome others has itself been forcibly displaced, revealing the instability of the boundaries between those who host and those who seek refuge.
Keywords: forced migration, solidarity, host communities, Mexico’s southern border, pastoral care of migrants.
Introducción
Desde 2017 a 2024, las autoras y el autor colaboramos en la oficina de atención a migrantes del Servicio Jesuita a Migrantes (posteriormente Servicio Jesuita a Refugiados) en Frontera Comalapa,[4] Chiapas, México. La experiencia implicó para nosotros vivir la ciudad, acercarnos a la realidad del lugar y a la de sus habitantes, así como a la migración y a una forma de trabajo basada en el acompañamiento directo, cercano y fraterno de las personas en contexto de movilidad mediante la atención directa, labor que compartimos con la Pastoral de Migrantes de la Parroquia del Santo Niño de Atocha.
Esta ciudad fronteriza se caracteriza porque en ella convergen diversas dinámicas migratorias, en las cuales se entremezclan hostilidades como la trata de personas, el tráfico ilegal de personas o la xenofobia y, por otro lado, un papel comunitario de acogida históricamente hospitalario en la recepción de personas desplazadas de manera forzada. Su hospitalidad se funda, en gran medida, en procesos de identificación y reconocimiento de experiencias compartidas con quienes llegan: ambas partes han migrado, ambas han sufrido abusos o explotación.
La hospitalidad no es una práctica estable ni garantizada; en el camino hay dudas, desequilibrios, tensiones y reconfiguraciones. En los últimos años, estas transformaciones se han acentuado, primero por la pandemia de COVID-19 y, a partir de 2021, porque la comunidad de Frontera Comalapa (F. C.) ha sido asediada, intimidada y desplazada por la violencia del crimen organizado, pasando de ser una comunidad de acogida a sufrir desplazamiento forzado.
En este sentido, proponemos una reflexión en torno a ¿qué condiciones históricas, estructurales, territoriales y sociales permiten sostener o reconfigurar la hospitalidad?
El texto se ubica en el contexto que propone el dossier Migraciones: entre hospitalidades y hostilidades globales, resistencias y solidaridades translocales para situar, a partir de la experiencia en F. C., las tensiones y reconfiguraciones que se dan entre la hospitalidad y la hostilidad presentes en una comunidad con una historia de acogida, pero que posteriormente ha vivido un contexto de violencia criminal. Este análisis desde el territorio revela e intenta propiciar el diálogo sobre las capacidades de respuesta comunitarias y sus límites en escenarios de violencia y desigualdad.
La presente sistematización se realizó a partir de una revisión documental en fuentes abiertas, hemerográficas, entrevistas semiestructuradas a miembros de la comunidad de F. C., a integrantes de la Pastoral de Migrantes, al actual párroco de la Iglesia católica y a personas refugiadas que habitaron en F. C. mientras realizaron su proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, así como la experiencia en terreno de quienes suscriben la autoría.
Contexto territorial y actores: condiciones de la hospitalidad en Frontera Comalapa
Frontera Comalapa es uno de los diecinueve municipios fronterizos que tiene el estado de Chiapas con la república de Guatemala. Según el censo Nacional de Población y Vivienda 2020, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), su población fue de 80.897 habitantes, lo cual representa el 1.46% de la población total del estado de Chiapas, con una población activa dedicada preponderantemente al comercio y a las actividades agropecuarias.
Es un municipio que ha experimentado diversos tipos de migración. Su conformación se da en gran medida, producto de la llegada de personas de otras partes de Chiapas, como Las Margaritas y La Trinitaria, y de otros estados de la república mexicana, entre los que se encuentran Oaxaca y Michoacán, quienes llegaron a trabajar en la construcción de la carretera Panamericana en las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo xx, y después se quedaron a vivir ahí (Gutiérrez, 2021, p. 31).
Por sus condiciones agrícolas y su colindancia con Guatemala, F. C. también ha sido un lugar en el que históricamente se ha desarrollado lo que se conoce como migración estacional o migración laboral transfronteriza, la cual hace referencia a personas de Guatemala provenientes principalmente de los departamentos aledaños, como Huehuetenango y San Marcos, que van a trabajar en la cosecha del café o en la siembra de maíz y frijol (Gutiérrez, 2021, p. 34). En nuestras visitas en terreno era notorio ver el cruce de trabajadores agrícolas, en muchas ocasiones de forma irregular, generalmente eran hombres jóvenes y adultos que viajaban en grupo con sus herramientas de trabajo para el campo. Asimismo, pudimos observar que, en los ejidos en los que se instalaban, había una familiaridad con los miembros de la comunidad porque regresaban año con año al mismo lugar.
Más recientemente, en las últimas dos décadas, F. C. ha testimoniado también la migración internacional en tránsito de forma irregular, con el paso de personas del norte de Centroamérica hacia Estados Unidos, muy probablemente derivado de la búsqueda de rutas alternativas a Tapachula, Chiapas (ruta de la costa) o la de Tenosique, Tabasco (ruta de la selva), convirtiéndose en un punto de ingreso a México en la denominada ruta central.
Esta migración se ha dado en dos variantes. La primera mediante el tráfico ilegal de personas. Era muy común en nuestro monitoreo mensual de noticias sobre migración ver encabezados de notas que reportaban accidentes o detenciones de los llamados coyotes o polleros que trasladaban personas migrantes a bordo de cajas de tráilers o camionetas en la zona de F. C. Por otro lado, para quienes no podían pagar las cuotas establecidas por las redes de tráfico, F. C. era la primera localidad[5] de una travesía que realizarían a pie o con recursos limitados. El flujo más común de personas en tránsito era el proveniente de los países del norte de Centroamérica y en los últimos diez años se ha ampliado a nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua[6] y Venezuela.
Si bien se trata de un flujo mucho menor de personas en tránsito en comparación con otras ciudades de la frontera sur, la relevancia de estos datos para el presente texto radica en las diversas interacciones que se propician con la comunidad en los espacios públicos, vecinales o, en algunos casos, de forma personal. Aunque cabe señalar que, en los últimos cinco años, la migración en tránsito decreció significativamente debido a la violencia generada por los conflictos entre el crimen organizado (Redodem, 2021-2022).
Para algunas personas, F. C. se convirtió en el lugar de destino, dada la imposibilidad de obtener un documento migratorio que les permitiera continuar el camino, en otros casos, por decisión propia, pues, aun con las precariedades existentes en la región, muchas veces escuchamos decir a las personas migrantes: “aquí está mejor que en mi país”.
A partir de 2021, el nuevo rostro de la movilidad para F. C. ha sido el desplazamiento forzado, producto de la disputa del territorio entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Según algunas fuentes de información, en 2024 alrededor de cuatro mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en F. C. (Urrutia, 2024), y para 2025 más de trescientas personas solicitaron protección al Estado guatemalteco.
De esta forma, miembros de la comunidad que durante muchos años fueron receptores de personas migrantes y brindaron su hospitalidad, pasaron a buscar protección en otras regiones. Algunas personas que han conformado la Pastoral de Migrantes emigraron a Estados Unidos o a otras partes de México para resguardar su seguridad y debido a la falta de ingresos, pues muchos de ellos no pudieron continuar su actividad comercial por las extorsiones que impuso el crimen organizado.
En este escenario, las dinámicas de hospitalidad y hostilidad se configuran a partir de la interacción de tres tipos de actores: el Estado, la comunidad –particularmente a través de la Iglesia católica– y el crimen organizado.
El Estado desempeña un papel ambivalente. Por un lado, implementa políticas de control y contención migratoria y militarización mediante la presencia del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y fuerzas militares, lo que restringe la movilidad y condiciona las formas de interacción en el territorio. Por otro, se percibe como un actor ausente o insuficiente en la garantía de derechos y en la provisión de servicios básicos,[7] lo que limita las condiciones materiales para el sostenimiento de la hospitalidad.
Por su parte, la comunidad –en muchas ocasiones a través de la Iglesia católica– ha desarrollado prácticas organizadas de acogida y acompañamiento, constituyéndose en muchos casos como la primera en asistir las necesidades de las personas en movilidad. Estas prácticas tienen raíces en procesos históricos vinculados al cristianismo liberacionista desarrollado en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas durante el obispado de Samuel Ruíz (1960-2000) y que continúan su influencia hasta la actualidad, aunque por momentos han atravesado fragmentaciones en el interior de la base eclesial en F. C. (Rodríguez y Pérez, 2020).
Finalmente, el crimen organizado es un actor determinante en la configuración del territorio. Su presencia ha intensificado la violencia a través de dinámicas como el reclutamiento forzado, la instrumentalización de la población, las desapariciones y el desplazamiento. Estas condiciones no solo transforman las formas de habitar el espacio, sino que inciden directamente en las posibilidades, límites y riesgos de ejercer la hospitalidad.
Acoger a las personas que migran de manera forzada: historia de hospitalidad en Frontera Comalapa
Migrar de manera forzada implica no solo abandonar el lugar de origen, sino también separarse de la familia, la cultura, el idioma y las redes de apoyo, generalmente en contextos marcados por la precariedad económica, la violencia sociopolítica o la falta de acceso a derechos. En las últimas décadas, estas trayectorias se han vuelto cada vez más riesgosas: accidentes, violencias, desapariciones y violaciones a derechos humanos se combinan con el endurecimiento de las políticas migratorias, que incrementan los obstáculos y la exposición al peligro. Como señaló un migrante venezolano entrevistado en 2021 en un albergue de Ciudad de México, “es mucho más fácil cruzar la selva del Darién que atravesar México para llegar a Estados Unidos”.
Al llegar a nuevos contextos, las personas enfrentan múltiples dificultades de adaptación: barreras lingüísticas, cambios en la alimentación y el clima, falta de documentación migratoria y procesos de estigmatización. A ello se suma la precariedad material, que limita el acceso a vivienda, alimentación, educación y atención médica, y obliga a incorporarse a mercados laborales informales, caracterizados por bajos salarios y condiciones inestables. Este conjunto de factores configura lo que Achotegui (2008) denomina un “duelo múltiple”, en el que la migración se convierte en un proceso de supervivencia atravesado por altos niveles de estrés y vulnerabilidad.
Ante las múltiples violencias, carencias y riesgos que enfrentan las personas en contextos de movilidad, la hospitalidad popular emerge como una respuesta situada que no depende de dispositivos institucionales ni de políticas públicas planificadas, sino de prácticas cotidianas arraigadas en las comunidades. Se trata de una forma de acción que cobra especial relevancia en escenarios donde la violencia y la precariedad han debilitado otras formas de protección. En este sentido, la hospitalidad popular no solo expresa solidaridad, sino que constituye un reconocimiento activo de la dignidad humana y de los derechos de las personas, al contribuir al cuidado, la reconstrucción de sus vidas y la generación de vínculos y redes de apoyo.
Como señala el P. Adolfo Nicolás, se trata de “un valor profundamente humano y cristiano que reconoce el clamor del otro […] simplemente porque es un ser humano que merece ser bienvenido y respetado” (Nicolás, 2010, citado en Ruiz Varela, 2015, p. 8). En F. C., esta forma de hospitalidad ha tenido una expresión histórica concreta: la comunidad ha respondido ante diversas emergencias convirtiéndose en espacio de acogida para personas desplazadas, exiliadas y migrantes. Estas prácticas se han materializado en gestos cotidianos –abrir el hogar, compartir alimentos, ofrecer escucha y acompañamiento–, muchas veces sostenidas desde referentes religiosos, pero también desde una ética relacional que desborda lo institucional y se ancla en la experiencia vivida de la comunidad.
Encontramos algunos momentos clave y testimonios durante la historia de Chiapas y F. C., enmarcados por contextos de guerra y violencia, en los cuales se reconocen acciones concretas de hospitalidad comunitaria.
Entre las décadas de los setenta del siglo XX, el municipio, particularmente en la zona del distrito de riego San Gregorio, fue receptor de un gran número de personas provenientes de Venustiano Carranza, Chiapas, que ejercían presión sobre la tierra como resultado del despojo y el desplazamiento (Gutiérrez, p. 17).
Como estado fronterizo, Chiapas se convirtió en un lugar seguro para las personas que huían de la guerra. Ante este contexto, distintas comunidades respondieron desde la fe, el cuidado del otro y la solidaridad para abrir las puertas de sus casas a quienes llegaban huyendo y salvaguardando su vida. En 2017, el Servicio Jesuita a Migrantes presentó la producción del documental En el mismo camino andamos, en el que se recuperan testimonios de personas que han vivido y protagonizado estas experiencias de acogida y hospitalidad popular.
Una de estas historias es la de Ricardo y Alicia Cano, habitantes de Tziscao, Chiapas, localidad fundada a finales de 1919 por población indígena chuj proveniente de Guatemala. Ambos han sido actores clave para acoger a familias en tiempos de la guerra civil. Relatan que en una madrugada llegaron huyendo de la violencia aproximadamente 12 personas, entre ellas una madre y su hijo; al ver las condiciones y el sufrimiento por el que estaban pasando, y pese al espacio reducido, decidieron abrir las puertas de su hogar y albergarlas hasta que las cosas mejoraran.
A partir de 1981, comunidades de F. C. se convirtieron en puntos clave de llegada y asentamiento, recibiendo a decenas de miles de refugiados que buscaban resguardar su vida. Los convulsos años ochenta en Centroamérica pueden identificarse como los años de los refugiados guatemaltecos y como el tiempo en que la población de otros países de Centroamérica, como El Salvador, huyó de los enfrentamientos entre el gobierno y la guerrilla.[8] Se tiene el registro de que a principios de los ochenta del siglo anterior entró en México por el municipio de F. C. un considerable contingente de salvadoreños que se dispersó por el estado de Chiapas, y, luego de un primer asentamiento en ese municipio, por varios lugares de México (Gutiérrez, 2021, p. 18). Ante estas coyunturas, F. C. no solo fue un lugar de asentamiento temporal, sino que muchas personas decidieron establecerse de manera permanente.
En este proceso intervinieron diversos actores: el Estado mexicano, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que impulsaron acciones de atención, protección y asistencia humanitaria y legal; sin embargo, las prácticas comunitarias y los actores eclesiales desempeñaron un papel fundamental no solo para la respuesta inmediata ante la emergencia, sino también en la creación de condiciones mínimas de seguridad, integración, asentamiento y acogida cotidiana para las personas refugiadas.
Durante la experiencia de trabajo en el Servicio Jesuita a Migrantes, realizamos visitas a comunidades de las cinco zonas del municipio de F. C. En muchas de ellas fue posible visibilizar la presencia de familias guatemaltecas asentadas desde hace varias décadas, así como de otras provenientes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, que con el paso del tiempo se asentaron de manera permanente en dichas comunidades. Es de hacer notar que una parte importante de estas personas se encontraban en situación migratoria irregular a pesar de los años transcurridos desde su llegada y aún y cuando hubo un proceso de intervención por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no contaban con algún documento de identidad y vivían en condiciones de pobreza, dedicándose principalmente a actividades agrícolas.
En buena medida, la construcción de un lugar hospitalario en F. C. se ha sustentado en la fe y en los valores de solidaridad y fraternidad que promueve la Iglesia católica. Por ejemplo, una de las expresiones más comunes es el uso del término “hermano” o “hermana” para referirse tanto a quienes forman parte de la comunidad como a visitantes o personas externas. En una de las entrevistas, una mujer que perteneció a la Pastoral de Migrantes menciona que esto se refiere a que “todos somos hijos de un mismo Dios”; sin importar lugar de procedencia, sexo, estado civil, nacionalidad, trabajo o color de piel, toda persona merece ser reconocida, respetada y tratada con dignidad.
La señalada Pastoral de Migrantes, clave en los procesos de hospitalidad, está conformada por un grupo de personas que, en su mayoría, ellas o algún familiar han vivido experiencias de migración forzada por razones económicas, y que actualmente residen en el municipio. Estas experiencias les permiten reconocer, de manera compasiva, las dificultades, riesgos y violencias que enfrentan las personas migrantes y refugiadas. De manera voluntaria, se organizan para responder y acompañar a las personas que transitan por F. C. o que deciden establecerse en el municipio.
Un ejemplo claro de esta hospitalidad es el de quien fuera coordinador de la Pastoral de Migrantes, Saraín Vázquez, quien junto con su familia abrió las puertas de su casa y brindó un espacio para hospedar a migrantes. En algunas ocasiones, esta apertura implicó experiencias difíciles, como robos por parte de los propios migrantes; sin embargo, eso no fue impedimento para continuar promoviendo estas acciones de acompañamiento.
José Luis González, Sj (2016), quien fue coordinador del Proyecto Bi-provincial de atención a migrantes en F. C.,[9] señala que la opción por los pobres no se realiza porque sean “buenos”, sino porque vienen de contextos de pobreza, es decir, que viven condiciones de exclusión y vulnerabilidad. Al igual que Saraín, como muchas personas de la comunidad, aun siendo conscientes de los riesgos que estas acciones podían implicar, optaron por no caer en juicios y tratar a las personas desde una perspectiva humana y fraterna.
En este marco, resulta fundamental considerar también las condiciones desde las cuales se ejerce dicha hospitalidad, particularmente en el caso de las mujeres que participan en estas prácticas. Ser mujer en México, especialmente en contextos marcados por la migración forzada, implica vivir una situación de alta vulnerabilidad, no sólo durante el tránsito migratorio, sino también en el lugar de asentamiento. La Pastoral de Migrantes está conformada principalmente por mujeres mexicanas que, en su mayoría, son madres, responsables únicas de sus hogares, trabajadoras y voluntarias en la Pastoral (ilustración 1). Muchas de ellas han vivido, desde sus contextos de origen, diversas formas de violencia, tanto intrafamiliar como estructural.
Asimismo, muchas han migrado por cuestiones económicas y, en los lugares donde trabajaron, enfrentaron situaciones de abuso y explotación laboral. Una de estas historias es la de la Hermana Elsira, quien comparte su testimonio en el documental En el mismo camino andamos (Servicio Jesuita a Migrantes, 2017). Ella expresa que tuvo que migrar y trabajar en Ciudad de México, donde vivió condiciones de maltrato y crueldad por parte de la empleadora, teniendo largas jornadas y negación de alimentos. A partir de esta experiencia de dolor y despojo, ella empatiza y reconoce las múltiples situaciones a las que están expuestas los migrantes, en especial las mujeres y es por esto que responde.
El Proyecto Bi-provincial del Servicio Jesuita a Migrantes, en articulación con la Pastoral de Migrantes y un equipo multidisciplinario, desarrolló en F. C. una serie de espacios de encuentro y acompañamiento que materializaron la hospitalidad comunitaria desde la experiencia concreta. A través de iniciativas como el Centro Comunitario, el Dormitorio “San José”, el Comedor “Papa Francisco” y el Albergue “San Rafael” se generaron condiciones de acogida, integración y atención a necesidades básicas de personas en movilidad, mediante el trabajo voluntario y organizado de la comunidad, promoviendo vínculos, el trato digno y procesos de reconstrucción de vida.
Además de estos espacios, uno de los ejes de acción del proyecto fue la formación y la visita a las comunidades fuera de la cabecera municipal. El objetivo principal fue conocer sus historias, necesidades y realidades, así como brindar atención a personas migrantes asentadas sin documentos de identidad o migratorios y acompañar a las comunidades que las acogían.
En este proceso, se hizo evidente que la hospitalidad no se limitaba a los espacios organizados por la Pastoral o el equipo del SJM, sino que también se desplegaba en prácticas cotidianas de la propia comunidad. Durante el periodo de atención, observamos que muchas personas que acudían a la oficina no requerían hospedaje, ya que cuando habían arribado por primera vez al parque central del municipio, si se quedaban a dormir ahí o se veían perdidos, alguien más de la comunidad les proporcionaba un espacio para dormir, comida y orientación para conseguir un trabajo.
Una de estas formas de acogida la encontramos en el testimonio del Sr. M y la Sra. N, padres de familia que, junto con sus hijos, huyeron de Honduras en 2018 por razones de violencia política y llegaron a F. C. buscando un lugar seguro. En su testimonio (abril, 2026), relatan que la hospitalidad se basa en la experiencia vivida: ser amables y hacer sentir bien a los demás; significa invitar a otra persona a pasar a tu casa y ayudarla a conocer un lugar que no conoce. Comparten que lo que más les ayudó a sobrellevar las situaciones y adaptarse a F. C. fueron las personas de la Pastoral de Migrantes, el equipo de atención y las personas que viven alrededor del albergue. Refieren que el equipo de la Pastoral es muy comprensivo y amigable y que, sin conocerlos, les ofreció apoyo y escucha. Gracias a estas acciones pudieron conseguir trabajo, afrontar las dificultades que presentaron y concluir su proceso jurídico para solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados (Comar).
Sin embargo, estas experiencias de acogida no son homogéneas ni generalizables a toda la comunidad. En estos contextos fronterizos de alta intensidad en la movilidad, también emergen conductas de xenofobia y discriminación; por ejemplo, en ocasiones la población local atribuye a los inmigrantes como responsables del aumento de la delincuencia y la violencia en el municipio; en consecuencia, les son negados servicios de salud, educación, la renta de una vivienda y oportunidades de trabajo.
Ambas dinámicas –la hospitalidad y la hostilidad– conviven en las localidades, se entremezclan y, en ocasiones, no son fáciles de distinguir ni de abordar. Más que aparecer como opuestas y claras, se manifiestan en distintos matices y tensiones que atraviesan la vida cotidiana. En este sentido, la hospitalidad no es una práctica pura; reconocerlo puede ayudarnos a no idealizarla y a avanzar hacia una comprensión más compleja y, sobre todo, más realista.
Reconfiguraciones de la hospitalidad en los contextos de crisis sanitaria y violencia criminal
Ese viento de tristeza que te sopló los ojos apagó tu mirada encendida.
¿Quién lastimó tu alegría?
¿Quién?
(Viento de tristeza de Humberto Ak´abal)
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia en un contexto marcado por crisis estructurales a nivel global. Sus efectos tuvieron un impacto directo en las ciudades y en las dinámicas económicas locales. En el caso de F. C., cuya principal fuente de ingresos es el comercio, la situación se agravó debido a las condiciones de pobreza que caracterizan a la región. A ello se sumaba que la economía local se había visto parcialmente dinamizada por la presencia de personas en situación de migración forzada. Sin embargo, la disminución del tránsito migratorio durante la pandemia afectó directamente estas dinámicas, provocando una mayor precarización del empleo.
Asimismo, se incrementó la duración de los trámites, lo que impactó negativamente el acceso a servicios básicos y en las posibilidades de generar ingresos para la subsistencia de las personas migrantes.
El impacto fue asimétrico, la crisis afectó a sectores de la población que ya se encontraban en situación de discriminación estructural y vulnerabilidad, como es el caso de las personas en contextos de movilidad forzada. Pese al estrago grande en la economía, la salud, las pérdidas humanas y, en general, el miedo a otras personas, la puerta de lo comunitario y de la hospitalidad no fue cerrada. Los espacios de apoyo gestionados por la Pastoral de Migrantes y el Proyecto Bi-provincial siguieron funcionando con sus respectivas medidas de cuidado para quien lo necesitara, no solo personas migrantes, sino cualquiera de la comunidad.
Posterior a la pandemia, F. C. vivió una de sus peores crisis marcada por la violencia, a partir de la cual este lugar, antes invisible, pasó a ser conocido en todo el país. Se trató de una crisis revestida con otro rostro: el de la violencia criminal. Lo que parecía ser un tiempo para recuperarse de los estragos de la pandemia no lo fue. Si bien el municipio ya había presentado los problemas típicos de una ciudad fronteriza –“movilidad humana, trata de personas, tráfico de drogas, comercio informal, inseguridad y violencia” (Villafuerte, 2017, p. 22)–, en los años recientes estos fenómenos adquirieron un protagonismo particular en la región.
En julio de 2021, las tensiones entre dos organizaciones criminales estallaron, dando inicio a una disputa territorial que generó graves afectaciones en la comunidad. Entre sus principales consecuencias se encuentra el desplazamiento forzado de numerosas familias hacia Estados Unidos y hacia distintos estados y ciudades del país. Esta situación fue resultado de los enfrentamientos armados, el reclutamiento forzado, las desapariciones y el cierre de carreteras, como lo señalan diversas fuentes periodísticas y los testimonios de habitantes.
Asimismo, los accesos a la cabecera municipal quedaron bajo control mediante bloqueos instalados por el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), identificado como brazo social de uno de los cárteles. Este grupo estaba integrado, en gran medida, por miembros de organizaciones sociales locales, muchos de ellos obligados a participar y a movilizar a otras personas para sostener los bloqueos. A ello se sumaron amenazas difundidas a través de redes sociales, cortes de energía eléctrica y el uso de drones para la vigilancia de la zona, entre otras acciones de intimidación.
Estas estrategias tuvieron como finalidad generar miedo y ejercer control sobre la población, se utilizaron como medios para alcanzar sus objetivos dentro de la economía criminal. Este concepto alude a la articulación entre diversos actores –como funcionarios públicos, empresas, fuerzas armadas y organizaciones criminales– que han diversificado sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico, configurando un problema estructural que trasciende el ámbito sanitario (Meléndez, 2025). En este contexto, el control sobre la población, el cobro de piso y la ausencia –o incluso complicidad– de las autoridades permitieron que se cometieran violaciones a los derechos humanos, incluso en su presencia.
Cabe señalar que F. C., al ser frontera y un punto estratégico para el tránsito de personas y mercancías que se trafican de manera irregular, así como por su cercanía con comunidades ricas en recursos naturales –como el municipio de Chicomuselo, históricamente asediado por intereses extractivos–, se convierte en un espacio clave para este tipo de dinámicas. En este sentido, estas economías “se transforman en una de las tantas expresiones de la diversificación de las mercancías, cuyas prácticas no buscan la acumulación individual de bienes, sino la generación de mayores ganancias a través de nuevos mercados ilícitos” (Meléndez, 2025). Estas formas de operación se han replicado en diversas comunidades de Chiapas, donde los efectos del control territorial continúan presentes.
El recrudecimiento de la violencia evidenció el control total del municipio bajo la economía criminal, colocando a todas las personas que residen o se habían asentado en el lugar en una situación de mayor vulnerabilidad en el que las afectaciones psicosociales eran evidentes.
En este contexto, la población migrante que había decidido establecerse en la comunidad enfrentaba condiciones adversas, en un entorno donde toda persona era percibida como sospechosa. Un caso emblemático de esta situación fue la desaparición de diez personas guatemaltecas en noviembre de 2023, quienes ingresaban al territorio con el propósito de comercializar sus productos, considerando el mercado transfronterizo como una fuente de ingreso y de los cuales no volvieron a saber sus familiares, en un ambiente donde los hombres eran presa de reclutamiento o de sospecha de pertenecer a algún grupo de los cárteles. Este hecho evidencia los riesgos específicos que enfrenta la población guatemalteca en la región, especialmente en un escenario marcado por la presencia y expansión de grupos delictivos, como el denominado Cártel Chiapas-Guatemala.
Además, la restricción coercitiva de la movilidad ejercida por el crimen organizado –que decidía quién podía entrar o salir del lugar mediante la presentación de una identificación como la credencial para votar, exigida tanto a la población migrante como a la local– desencadenó miedo y desesperanza, lo cual resultaba especialmente cruel para quien venían huyendo precisamente de esos sentimientos. Así, quienes pudieron optaron por irse. Sin embargo, había quienes no lograron hacerlo porque no contaban con un documento de identificación; ya no era el Instituto Nacional de Migración quien lo solicitaba, sino los miembros del crimen organizado.
Los estragos en la población local eran evidentes por sí mismos: miedo, desesperanza y desconfianza; así como afectaciones emocionales, de salud y económicas derivadas del alto costo de los productos básicos y del cobro de piso. A ello se sumaron el cierre de negocios, el riesgo de convertirse en un lugar olvidado ante el incremento de la violencia, las pérdidas humanas y patrimoniales, y el rompimiento del tejido comunitario.
Sin embargo, en medio de un contexto donde el silencio era impuesto y todos eran vistos como sospechosos, y, por tanto, como enemigos, la comunidad mostraba otra cara de la violencia: la de la fraternidad. Aun viviendo estas situaciones, los grupos de iglesia continuaban buscando espacios de encuentro: reuniones, celebración de misas y organización de eventos, tratando de mantener viva la esperanza.
De esta manera, en un contexto en el que numerosas personas se vieron obligadas a abandonar sus viviendas y su comunidad –refugiándose en montañas y cuevas para resguardarse–, emergieron diversas expresiones de solidaridad que evidenciaron la sensibilidad colectiva. Entre ellas destacan la apertura de centros de acopio y la organización de ayuda orientada a la localización y atención de personas desplazadas: “se abrieron centros de acopio, hubo mucha ayuda, medicinas, despensas, una caravana de ayuda con algunos doctores, enfermeros y voluntarios buscando a los hermanos desplazados, había muchos ancianos con diabetes, con presión alta, mujeres embarazadas, y demás personas en condiciones vulnerables” (comunicación personal, abril 2026).
Asimismo, las iglesias se constituyeron como espacios de encuentro y resguardo, en contraposición a la narrativa predominante de “nadie salga de casa”. Por su parte, los grupos juveniles, pese a encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad frente al reclutamiento, mantuvieron formas de resistencia. Algunos se organizaron para generar estrategias de acompañamiento a distancia, mientras que otros propiciaron espacios de encuentro en los que fue posible expresar emociones, nombrar los miedos y reflexionar en torno a decisiones como permanecer en el territorio o desplazarse, así como afrontar la separación de familiares y amistades.
De igual manera, se impulsaron iniciativas orientadas al cuidado de las infancias, mediante el espacio del Centro Comunitario, donde pudieran jugar y dialogar sobre temas ajenos a la violencia que se vivía encontrando un lugar de resguardo, contención y socialización (ilustración 2). En suma, como diría una persona exiliada de su país: “No se trata de adaptarse, se trata de resistir”.
Ilustración 2. Las niñas y niños dejaban sus zapatos juntos para jugar, un símbolo de unidad y del significado del Centro Comunitario en Frontera Comalapa. Fotografía: Yuridia González.
Asimismo, frente al fenómeno de la desaparición forzada, emergieron procesos de sensibilización social y diversas expresiones de acción colectiva, entre ellas la organización de marchas pacíficas. En este contexto, comenzó a gestarse un grupo de madres orientado al acompañamiento mutuo, particularmente hacia aquellas que han sufrido la desaparición de un familiar, configurándose como un espacio de apoyo y visibilidad.
En medio de esta crisis y del clima de incertidumbre, el comedor para migrantes adquirió un papel central. Se convirtió en un espacio para quienes, debido a su situación de calle, condiciones económicas, de salud o el cierre generalizado de actividades, carecían de acceso a alimentos. En este marco, comunidades, agentes de pastoral y personas solidarias –incluso a costa de su propia seguridad– acudían a brindar apoyo, ofreciendo alimentos y compartiendo los escasos recursos disponibles.
De igual forma, el dormitorio continuó en operación. En un inicio, su horario era de 7:00. a 9:00 p.m.; posteriormente se ajustó de 6:00 a 8:00 p.m. y, más adelante, ante el incremento de la violencia, se redujo de 5:00 a 7 p.m., hasta llegar al horario actual de 4:00 a 6:00 p.m., debido a los toques de queda impuestos por el crimen organizado. Estos cambios reflejan cómo se fueron adaptando las condiciones sin cerrar la atención, a pesar de las dificultades. Incluso, algunos servidores que vivían más lejos, pese a los riesgos, buscaron la manera de mantener abierto el espacio, reafirmando un sentido de responsabilidad colectiva para garantizar que todas las personas pudieran resguardarse antes de la noche. Estas acciones de cuidado y fraternidad se mantuvieron aun en un contexto marcado por la violencia y la incertidumbre, así como una disposición constante de acoger a quienes lo necesitaran.
Una persona de la pastoral refiere que, a pesar de ser un periodo muy difícil marcado por el miedo, el alto costo de los alimentos y la escasez de trabajo, nunca se negaron a brindar apoyo: “nunca dijimos no, nunca se cerró; resistimos y, entre el grupo, nos animábamos”. También señala que, aunque existía temor, prevalecía la convicción de continuar: “si vamos a morir, Dios sabrá” (comunicación personal, abril de 2026).
Aun en los tiempos actuales (2026), en los que hay una aparente tranquilidad, el flujo de personas ha cambiado y disminuido considerablemente: “no se atiende como antes”. Aunque son pocas las personas que acuden al dormitorio –incluidas semanas en las casi nadie llega–, el servicio no se ha cerrado.
Se destaca la importancia de seguir preparados: “uno nunca sabe qué pueda pasar, algún día también nosotros podremos necesitar”, “cuidamos el espacio, lo mantenemos limpio y en condiciones para recibir a quien lo necesite, ya sea población migrante o personas con familiares en el hospital. Aunque ahora son menos quienes están al servicio, debido a que integrantes de la pastoral han migrado, el compromiso de continuar permanece, “aquí estamos esperando, por si alguien llega”(comunicación personal, abril de 2026).
Discusión
A partir de la experiencia descrita, proponemos un análisis en cinco puntos que consideramos relevantes para el debate actual en torno a las tensiones existentes entre la hostilidad y la hospitalidad en el contexto de la migración. La memoria histórica, las narrativas, la condición de lo humano, la interiorización de la hospitalidad y la hostilidad, y el territorio son el eje que motiva estas reflexiones de forma abierta, con preguntas por explorar y también con enseñanzas que procesar.
Memoria histórica: la hospitalidad como experiencia encarnada
En F. C., la hospitalidad no puede comprenderse únicamente como un principio ético abstracto ni como un mandato normativo derivado de discursos religiosos o de derechos humanos. Más bien, se configura como una práctica situada que emerge de una memoria histórica encarnada en las experiencias de vida de la comunidad. La trayectoria del territorio –marcada por múltiples formas de movilidad, desde el refugio guatemalteco en los años ochenta hasta las dinámicas contemporáneas de tránsito, asentamiento y desplazamiento forzado– ha producido una forma particular de comprensión del otro.
Esta memoria no es solo recordada, sino vivida. Muchas de las personas que hoy participan en acciones de acogida han experimentado, en distintos momentos de su vida o en su entorno cercano, procesos de movilidad forzada, precariedad o desarraigo. En este sentido, la hospitalidad no se activa únicamente por convicción, sino por identificación: se reconoce en el otro una condición compartida, una posibilidad latente de la propia existencia.
Sin embargo, esta relación entre memoria y hospitalidad no es lineal ni automática. La memoria también se ve tensionada por las condiciones materiales y de seguridad del presente. En contextos atravesados por la violencia del crimen organizado, el miedo, la escasez y el desplazamiento interno, la disposición a acoger puede reconfigurarse, retraerse o incluso redireccionarse. La experiencia reciente de F. C. –donde sectores de la comunidad han pasado de ser históricamente receptores a convertirse en población desplazada– introduce una inflexión significativa:la frontera entre quien acoge y quien necesita ser acogido se vuelve inestable.
Así, la hospitalidad aparece como una práctica profundamente situada, que no se sostiene únicamente en valores, sino en condiciones históricas, materiales y afectivas específicas. La memoria no garantiza la hospitalidad, pero sí constituye una condición de posibilidad que puede detonar empatía, comprensión, acción, organización.
Narrativas: entre la criminalización y la hospitalidad
El fenómeno migratorio contemporáneo se encuentra atravesado por un conjunto de narrativas dominantes que, en distintos contextos nacionales e internacionales, han tendido a asociar la movilidad humana con el riesgo, la ilegalidad o la amenaza. Discursos políticos, mediáticos y sociales han contribuido a la construcción de imaginarios de miedo, xenofobia y criminalización de las personas migrantes, dotándolos de una amplia capacidad de difusión y legitimación. Además, suelen emplearse canales masivos de comunicación y, no pocas veces, recursos públicos o voces de funcionarios gubernamentales con alto nivel de influencia.
Frente a estas narrativas hegemónicas, existen otras formas de nombrar y relacionarse con la migración que, aunque menos visibles, han persistido históricamente. En contextos como el de F. C., estas narrativas se expresan no tanto en discursos sistematizados o ampliamente difundidos, sino en prácticas cotidianas de hospitalidad, solidaridad y acompañamiento. Se trata de narrativas que no necesariamente ocupan espacios mediáticos ni se articulan como posicionamientos públicos, pero que se encarnan en acciones concretas: ofrecer alimento, habilitar espacios de descanso, acompañar procesos de integración o simplemente reconocer la dignidad de otra persona.
Estas formas de hospitalidad pueden entenderse como contranarrativas que disputan en la práctica los sentidos dominantes sobre la migración. No obstante, sería simplista plantear una oposición binaria entre narrativas de hostilidad y narrativas de hospitalidad radical. Entre ambos polos existe una amplia gama de posiciones intermedias, atravesadas por ambivalencias, dudas y condiciones contextuales específicas.
Particularmente en contextos urbanos, donde las dinámicas de anonimato, inseguridad y fragmentación social son más intensas, la hospitalidad no necesariamente se expresa en la apertura del espacio doméstico, sino en otras formas de mediación: redes de apoyo, organizaciones civiles, espacios comunitarios, mecanismos de integración laboral o acompañamiento institucional. Esto plantea la necesidad de reformular la hospitalidad según cada contexto. Así, la hospitalidad no es un acto único o idealizado, sino un conjunto de prácticas situadas que varían según el territorio, los recursos disponibles, las condiciones de seguridad, los actores involucrados y el entendimiento del otro.
En este sentido, más que definir qué es o debería ser la hospitalidad, el desafío analítico consiste en comprender cómo se está practicando y resignificando en distintos territorios, así como las tensiones que atraviesan dichas prácticas.
La dimensión humana de la hospitalidad
Si bien el Estado tiene la responsabilidad jurídica, política y ética de garantizar los derechos de las personas en contexto de movilidad mediante marcos normativos, políticas públicas y condiciones de protección, la experiencia muestra que estas estructuras institucionales suelen ser insuficientes para responder a las dimensiones más inmediatas y relacionales de la experiencia humana.
La hospitalidad, en tanto práctica concreta de acogida, implica elementos que difícilmente pueden ser plenamente institucionalizados: la escucha, la empatía, el reconocimiento, el acompañamiento cercano. En este sentido, las comunidades y las personas desempeñan un papel insustituible. Son ellas quienes, en muchos casos, constituyen el primer espacio de contacto, contención y dignificación para quienes transitan o se establecen en un territorio.
Esto no implica romantizar la acción comunitaria ni eximir al Estado de sus obligaciones y, por el otro, supone reconocer una doble dimensión: por un lado, la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para garantizar derechos tanto de las personas en contexto de movilidad como de las comunidades de acogida; y por el otro, la reapropiación de la condiciónhumana que en la sociedad actual aparece retraída, esto es, permitirnos el encuentro, sentir el cuerpo frente al otro que me es diferente, acercarnos, preguntar, conocernos, apoyarnos.
La hospitalidad, en este marco, puede entenderse como una práctica que interpela directamente a la condición humana. No se trata únicamente de una opción moral individual, sino de una forma de relación social que pone en juego la posibilidad de construir vínculos más allá de las fronteras jurídicas, culturales o nacionales. En el ámbito cristiano, desde el cual se apoya la Pastoral de Migrantes, esto es el equivalente a la fraternidad. Sin embargo, esta dimensión también tiene límites: no todas las personas ni todas las comunidades cuentan con las condiciones materiales, emocionales o de seguridad para sostener prácticas de acogida de manera permanente. Reconocer esta tensión, entre interpelación y límite, permite evitar tanto la idealización de la hospitalidad como su desestimación, situándose en un terreno más complejo y realista.
Hospitalidades y hostilidades entrelazadas
Lejos de configurarse como espacios homogéneos, tanto el Estado como las comunidades contienen en su interior prácticas, discursos y decisiones que pueden ser simultáneamente hospitalarias y hostiles. En el caso de F. C., esta coexistencia resulta evidente.
Por un lado, el Estado despliega dispositivos de control migratorio, securitización y militarización que restringen la movilidad y generan condiciones de vulnerabilidad. Por otro lado, también cuenta con mecanismos de protección, regularización o atención que, aunque limitados, forman parte de su marco de actuación. De manera similar, la comunidad articula prácticas de acogida y solidaridad, pero también puede reproducir –aunque sea de forma inconsciente– dinámicas de exclusión, desigualdad o explotación, como ocurre con las trabajadoras domésticas guatemaltecas que se encuentran al servicio de personas de la comunidad sin derechos laborales, o con otros trabajadores que son explotados en distintos servicios, incluso mediante la reproducción de estigmas.
Ahora bien, en este entramado, la comunidad de F. C. ha sido comoprimer respondiente. Antes, y muchas veces en ausencia de una intervención estatal eficaz, son las redes comunitarias, las organizaciones locales y las estructuras eclesiales las que generan respuestas inmediatas frente a las necesidades de las personas en movilidad. Esta capacidad de respuesta no se basa únicamente en recursos materiales, sino en formas de organización, vínculos sociales y disposiciones éticas construidas a lo largo del tiempo.
Sin embargo, esta función de primer respondiente no está exenta de tensiones. La sostenibilidad de estas prácticas depende de condiciones que pueden verse afectadas por factores externos como la violencia, la precariedad económica o la fragmentación social. Además, la existencia de contradicciones internas obliga a reconocer que la hospitalidad no es una práctica uniforme, sino que puede llegar a generar desacuerdos dentro de la propia comunidad.
El territorio en disputa
Finalmente, la hospitalidad en F. C. debe situarse en el marco de un territorio atravesado por múltiples disputas. La presencia de actores estatales, grupos del crimen organizado, dinámicas económicas formales e informales, así como organizaciones sociales y religiosas, configura un campo de fuerzas que incide directamente en las formas de habitar, transitar y acoger.
En contextos de violencia, la hospitalidad no desaparece, pero sí se reconfigura. Puede volverse más discreta, más precavida o incluso más riesgosa. La pregunta ya no es solo si se acoge, sino en qué condiciones es posible hacerlo sin comprometer la seguridad individual y colectiva. Esto introduce una dimensión crucial: la hospitalidad no depende únicamente de la voluntad, sino de las condiciones estructurales del territorio.
La experiencia de desplazamiento forzado vivida por sectores de la comunidad pone en evidencia la fragilidad de estas prácticas. Aquellos que históricamente habían ejercido la hospitalidad se ven, en determinados momentos, en la necesidad de buscar refugio en otros lugares. Esta inversión de roles revela la naturaleza contingente de las posiciones sociales en contextos de violencia: las comunidades de acogida pueden convertirse en comunidades desplazadas.
En este sentido, la hospitalidad no puede pensarse como una cualidad estable o garantizada, sino como una práctica que requiere condiciones específicas para su sostenimiento. Esto plantea un desafío central para el debate académico y político: identificar y fortalecer aquellas condiciones –materiales, institucionales y comunitarias– que permitan que la hospitalidad no solo emerja, sino que pueda sostenerse en el tiempo, incluso en contextos adversos.
Conclusiones
La experiencia de F. C. nos puede ayudar a comprender la hospitalidad comunitaria, desde la acción social situada, construida históricamente y a partir de experiencias compartidas de movilidad, precariedad y organización colectiva. A lo largo del tiempo, la comunidad ha desarrollado respuestas concretas frente a los distintos rostros de la movilidad humana y contextos de crisis, configurando una cultura de acogida que se expresa en prácticas cotidianas de solidaridad, acompañamiento y reconocimiento del otro. Esta hospitalidad surge de la memoria histórica y de la identificación con el otro.
La hospitalidad, como práctica comunitaria, no es estática ni está garantizada. Como se ha mostrado, en contextos de crisis como la pandemia por COVID-19 y la intensificación de la violencia criminal, la hospitalidad no desaparece, pero sí se reconfigura entre tensiones profundas, como son el cuidado del otro y la propia supervivencia, la solidaridad y el miedo, la apertura y el resguardo. En este escenario, la comunidad no solo continúa siendo espacio de acogida, sino que también experimenta procesos de desplazamiento, lo cual evidencia la fragilidad de las posiciones sociales y la inestabilidad de las fronteras entre quien acoge y quien necesita ser acogido.
Se busca reconocer que la hospitalidad no puede sostenerse únicamente en disposiciones éticas o voluntades individuales, sino que depende de condiciones estructurales, territoriales e institucionales que la posibiliten. Fortalecer estas condiciones implica no solo garantizar los derechos de las personas en movilidad, sino también atender las necesidades y vulnerabilidades de las comunidades de acogida. Así, la hospitalidad se revela como un proceso dinámico que no ofrece respuestas definitivas y acabadas, sino que abre preguntas sobre cómo sostener formas de vida más solidarias y fraternas en contextos atravesados por la violencia, la desigualdad y la incertidumbre.
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[1] Maestro en Estudios Jurídicos por la UAEMex. Su trayectoria articula formación académica, investigación y trabajo en campo sobre derechos humanos y movilidad humana. Colaboró como abogado en el Servicio Jesuita a Migrantes y a partir de 2020 en Casa del Migrante de Saltillo como voluntario, abogado y coordinador técnico de proyecto. Correo electrónico: barranco.crisantos@gmail.com
[2] Licenciada en Psicología y maestra en Psicopedagogía, con experiencia en acompañamiento psicosocial. Se ha enfocado en temas como salud mental, educación, migración y derechos humanos. Participó en Enseña por México y colaboró seis años en el Servicio Jesuita a Migrantes. Actualmente trabaja en la Ibero Puebla en la coordinación del área Formación y Orientación Educativa. Correo electrónico: elisa.arroyo.relion@gmail.com
[3] Originaria de Frontera Comalapa, Chiapas, es licenciada en Psicología por la UNICACH. Desde 2019 ha acompañado procesos psicosociales con población migrante y refugiada, así como iniciativas comunitarias de hospitalidad e integración. Actualmente colabora en el JRS en Tuxtla Gutiérrez. Sus intereses incluyen la salud psicosocial, temas sociales y de derechos humanos. Correo electrónico: yuridia.gm7@gmail.com
[4] César Barranco Crisantos colaboró de enero de 2018 a marzo de 2020 en la función de abogado, Elisa Sarahí Arroyo Relión colaboró como psicóloga de abril de 2017 a agosto de 2021, y Yuridia González Matías ingresó como psicóloga en enero de 2019 hasta diciembre de 2024 y actualmente sigue siendo parte del SJR en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras la reubicación de la oficina que estaba en Frontera Comalapa en 2025.
[5] De acuerdo con el Convenio Centroamericano de Libre (CA-4), los ciudadanos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua pueden transitar libremente entre estos países sin pasaporte, usando solo el documento de identidad nacional, lo cual facilitaba la movilidad en transporte público dentro de esta región.
[6] La emigración de forma masiva en Nicaragua tuvo su origen a partir de abril de 2018 debido a la represión política y las detenciones forzadas contra los ciudadanos que protestaron por una reforma al sistema de seguridad social. El exilio de miles de personas nicaragüenses continua hasta la actualidad.
[7] El 77.6% de los habitantes vive en pobreza y el 26.8% en pobreza extrema, con fuertes carencias sociales: el 84.9% no tiene acceso a seguridad social, el 54.5% no tiene acceso a servicios de salud y el 47.5% no tiene acceso a servicios básicos de acuerdo a los informes de la Secretaría de Bienestar. En materia educativa, según el Inegi, los habitantes de 15 años o más en F. C. tienen un grado promedio de escolaridad de 7.2, esto es el equivalente a haber terminado el primer año de secundaria.
[8] Desde la década de 1960 hasta 1996 se vivió uno de los conflictos más violentos de América Latina: la Guerra Civil de Guatemala y de El Salvador. A lo largo de 36 años, murieron más de 200 000 personas y alrededor de un millón fueron desplazadas. La mayoría de las víctimas fueron indígenas mayas y la gran parte de las violaciones a los derechos humanos fue cometida por el Estado y sus fuerzas militares o paramilitares (Bodenheimer, 2020).
[9] Ante el incremento de la migración internacional y el desplazamiento de mexicanos hacia Estados Unidos, en 2013, las provincias de México y Centroamérica de la Compañía de Jesús decidieron responder de manera conjunta a la realidad de la migración, y estableciendo una oficina de atención, primero en Comitán de Domínguez y posteriormente en Frontera Comalapa.