Fronteras de la exclusión: economía, migración y criminalización en las políticas de México y Estados Unidos
Conrado Bonifacio Zepeda-Miramontes[1]
Resumen: La movilidad humana entre Estados Unidos y México ha sido profundamente influida por la asimetría de poder de ambos países. Este artículo propone una lectura crítica de las políticas migratorias que responden a intereses económicos y racistas. La migración se selecciona y jerarquiza, se tolera al migrante útil, blanco o calificado, y se rechaza en público, con fines políticos, al migrante pobre, racializado y vulnerable. Por ello las políticas de contención y criminalización, pero existe las resistencias que buscan regularización, protección y cooperación regional con una propuesta de llamado a la acción.
Palabras clave: migración, economía, racismo, contención, criminalización, resistencia, propuestas.
Introducción
La migración entre México y Estados Unidos es un fenómeno histórico y estructural que ha estado presente desde hace siglos, moldeado por factores económicos, sociales, políticos y culturales. Lejos de ser un proceso espontáneo, la movilidad humana en esta región ha sido profundamente influida por las asimetrías de poder entre ambos países, así como por las dinámicas del mercado laboral globalizado, que excluye a los países en vías de desarrollo y la necesidad de la acumulación de capital en los países industrializados, entre ellos Estados Unidos.
Los migrantes mexicanos han cruzado la frontera hacia Estados Unidos, pero también la frontera los ha cruzado a ellos, recordando que estados como California, Arizona, Nuevo México y Texas, entre otros territorios, fueron tierras mexicanas. En las últimas décadas, y especialmente durante las administraciones de Donald Trump (2017-2021, 2024-2029), las políticas migratorias estadounidenses han adoptado un tono abiertamente restrictivo y punitivo. Los migrantes fueron retratados como amenazas a la seguridad nacional, al empleo y a la identidad cultural estadounidense. Sin embargo, esta narrativa oculta una contradicción fundamental: mientras se criminaliza a los migrantes en el discurso público, se les sigue utilizando como mano de obra barata y desprotegida en sectores clave de la economía como la agricultura, la construcción y los servicios.
Este artículo propone una lectura crítica de estas políticas migratorias, argumentando que responden principalmente a intereses económicos y racistas y que su aplicación varía según las necesidades del mercado laboral, como señala Saskia Sassen (2014), “la expulsión de poblaciones no es un efecto colateral del sistema económico, sino una condición estructural de su funcionamiento”. En este sentido, la migración no se combate en abstracto, sino que se selecciona y se jerarquiza: se tolera al migrante útil, blanco o calificado, y se rechaza en público, con fines políticos, al migrante pobre, racializado y vulnerable, y se le tolera en sus trabajos precarios, de una manera velada, para seguir explotándolos.
Aquí es donde cobra relevancia el concepto de “aporofobia”, acuñado por la filósofa española Adela Cortina, quien define este fenómeno como el rechazo, miedo o aversión hacia los pobres. Al pobre que se le rechaza por su procedencia o color de piel, se le necesita ocultamente para que siga funcionando el país. En sus palabras: “No se rechaza al extranjero por ser extranjero, sino por ser pobre; no se rechaza al diferente por ser diferente, sino por ser pobre” (Cortina, 2017).
La aporofobia se entrelaza con otras formas de discriminación como el racismo y la xenofobia, pero se distingue por su énfasis en la condición socioeconómica del sujeto rechazado. En el contexto migratorio, esto se traduce en políticas que no solo segregan por nacionalidad o color de piel, sino también por clase social. Como advierte Achille Mbembe (2016), el control de las fronteras se ha convertido en una forma de “necropolítica”, en la que se decide quién merece vivir con dignidad y quién puede ser descartado, dependiendo del uso político o económico que convenga.
Asimismo, el gobierno mexicano, en lugar de ofrecer una política migratoria de seguridad humanitaria, ha replicado muchas de las prácticas de contención y criminalización impuestas por Estados Unidos, convirtiéndose en un muro extendido hacia el sur. Las fronteras se han externalizado más allá del lugar físico. Esta subordinación revela cómo la lógica económica y geopolítica prevalece sobre los derechos humanos y la justicia social de los migrantes, tanto en Estados Unidos como de los migrantes extranjeros en México.
El valor económico de la migración indocumentada
La historia de la migración laboral entre México y Estados Unidos está profundamente marcada por el Programa Bracero (1942–1964), con un acuerdo bilateral que permitió la entrada temporal de trabajadores agrícolas mexicanos a territorio estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Este programa surgió como respuesta a la escasez de mano de obra provocada por la movilización militar estadounidense, y aunque prometía condiciones laborales dignas, salarios justos y alojamiento adecuado, la realidad fue muy distinta para muchos de los trabajadores, migrantes de este programa. En la práctica, enfrentaron explotación sistemática, discriminación racial y condiciones laborales precarias, lo que sentó un precedente de desigualdad estructural en la relación migratoria entre ambos países.
Este patrón de utilización de la mano de obra mexicana como fuerza laboral barata y desechable, no ha desaparecido, sigue siendo utilizado veladamente y permitida en muchas empresas de la construcción, de la agricultura y de los servicios. Por el contrario, se ha transformado y adaptado a las nuevas dinámicas del capitalismo global. En este sentido, la migración no sólo responde a necesidades humanas, sino que es funcional al modelo económico, especialmente en sectores que dependen de trabajo intensivo y mal remunerado, promovido por el capitalismo “gore”: “El capitalismo gore es una categoría crítica que permite pensar la violencia extrema como parte constitutiva del sistema económico global, y no como una excepción o desviación” (Valencia, 2010).
En la actualidad, los migrantes —documentados e indocumentados— sostienen pilares fundamentales de la economía estadounidense, como la agricultura, la construcción, los servicios y la manufactura. La industria agrícola, en particular, depende en gran medida de trabajadores mexicanos e inmigrantes de Centroamérica, quienes realizan labores que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses no están dispuestos a asumir.
Estados Unidos dice que son una carga los migrantes documentados e indocumentados. La realidad nos dice que los aportes fiscales de los migrantes indocumentados fueron así: en 2024, sólo en el estado de California, contribuyeron con aproximadamente 8.500 millones de dólares en impuestos estatales y locales, según datos del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) (Lightman y Miranda, 2024, julio 30). A nivel nacional, la cifra asciende a 96.700 millones de dólares, lo que desmiente el mito de que los migrantes representan una carga para el Estado, por el contrario, generan riqueza y pagan impuestos.
El caso de California es especialmente ilustrativo. En 2024, el estado superó a Alemania y Japón en términos de Producto Interno Bruto (PIB), posicionándose como la cuarta economía más grande del mundo, sólo detrás de Estados Unidos, China e India. Este crecimiento económico está impulsado por sectores como la tecnología (Silicon Valley), la agricultura, el entretenimiento (Hollywood) y las energías renovables. Sin embargo, detrás de este éxito económico se encuentra una fuerza laboral migrante que sostiene silenciosamente esta maquinaria.
Se estima que 2.8 millones de personas indocumentadas residían en California para el año 2007, para el 2024, 1.8 millones, todo ellos pagaron impuestos y servicios, sin recibir beneficios como son el Seguro Social o el Medicare, entre otros programas. Esto representa aproximadamente el 8% de la fuerza laboral del estado. En sectores como la agricultura, más del 26% de los trabajadores son indocumentados, y el 61% son inmigrantes en general. Estos datos revelan que los migrantes no sólo son esenciales para el funcionamiento de sectores clave, sino que también contribuyen activamente al crecimiento económico y a la estabilidad fiscal del estado, según datos del Pew Research Center para enero del 2025.
En resumen, la migración laboral desde México hacia Estados Unidos, lejos de ser un fenómeno marginal, ha sido y sigue siendo una pieza central del desarrollo económico estadounidense y también la mexicana, entonces, ¿cómo es posible que los migrantes indocumentados en Estados Unidos sean el blanco de crueles políticas auspiciadas por el presidente Trump? Esto sólo se puede explicar cuando se percibe a los migrantes como inferiores, dentro de una visión racista o como moneda de cambio para imponer aranceles, como lo ha hecho Trump con México. Sin embargo, esta contribución se da en un contexto de criminalización, precariedad y exclusión, lo que exige una revisión crítica de las políticas migratorias y del modelo económico que las sustenta.
Políticas de contención y criminalización
Las políticas migratorias de Estados Unidos han adoptado, especialmente en los últimos años, un enfoque cada vez más punitivo y disuasorio, basado en tres pilares principales: campañas mediáticas, endurecimiento legislativo y militarización de la frontera. Mientras que en México la migración irregular se considera solamente una falta administrativa, en Estados Unidos es tratada como un delito federal, lo que permite justificar detenciones, deportaciones, encadenamientos y encarcelamientos masivos.
Desde el discurso oficial, se ha promovido la idea de que los migrantes representan una amenaza: se les acusa de “robar empleos”, “cometer delitos” o “poner en riesgo la seguridad nacional”. Aunque existen casos aislados de personas migrantes involucradas en actividades delictivas, la evidencia empírica demuestra que los índices de criminalidad entre migrantes son más bajos que entre la población nativa. La mayoría de los migrantes realiza trabajos precarios y esenciales que muchos ciudadanos estadounidenses no están dispuestos a asumir.
En la actual administración de Donald Trump (2025-2029) —conocida popularmente como Trump 2.0—, las políticas antimigrantes restrictivas y de criminalización se han intensificado. Aunque debemos reconocer, que, de una manera más velada, ya existían políticas de deportación masiva en la era de los presidentes Biden y Obama, sólo que hoy son más crueles y virulentas, generando un trauma colectivo en la comunidad migrante y sus familiares, y esta medida busca disuadirlos de la migración irregular.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha encabezado campañas mediáticas en plataformas como YouTube, en las que se difunden mensajes como “la frontera está cerrada a la migración ilegal”, reforzando una narrativa de exclusión. Las redadas migratorias se han incrementado, especialmente en estados como California y ciudades como Los Ángeles, generando imágenes de miedo y trauma que circulan ampliamente en los medios.
Las solicitudes de asilo están siendo rechazadas de forma masiva, con las deportaciones “ipso facto”, deteniendo a los migrantes por ICE inmediatamente después de las audiencias con un juez de migración. Programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) han sido revocados para miles de personas que anteriormente contaban con protección temporal y que tendrán que dejar Estados Unidos en un tiempo corto mientras se termina su estadía legal vigente. Más allá de la aplicación de la ley, lo que preocupa es la crueldad con la que se implementan estas medidas, generando traumas sociales e individuales profundos: familias separadas, niños detenidos, y el miedo generado a migrantes que cada día salen a trabajar sin saber si volverán a sus hogares sin saber que volverán a sus hogares, donde los esperan sus familias.
Incluso personas con estatus “legal” —como turistas, estudiantes o académicos— han sido objeto de represalias. Se han reportado casos de revocación de visas por publicaciones críticas en redes sociales contra el gobierno estadounidense. Esta vigilancia digital ha generado un clima de censura y autocensura, en el que nadie parece estar completamente a salvo de una posible detención en frontera y su respectiva deportación, sólo por no estar de acuerdo con el gobierno actual de Estados Unidos.
La Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido señalados por prácticas abusivas y uso excesivo de la fuerza. Recientemente se documentó un caso de un migrante que cayó de un techo en su huida y murió, provocado por la presión que ejerce ICE contra los indocumentados. Se han documentado otros casos de detenciones arbitrarias, en lugares inimaginables: como puede ser un centro comercial, a la puerta de tu casa o trabajo, o en la vía pública, muchas veces la aprehensión cometida por agentes vestidos de civiles, con los rostros cubiertos y sin identificaciones visibles. Estas tácticas, más propias de operativos contra el crimen organizado, refuerzan la percepción de que los migrantes son tratados como enemigos del Estado y merecen todo el rigor de la ley.
Tratemos ahora sobre la criminalización de la ayuda humanitaria. Uno de los casos más emblemáticos es el de Scott Warren, voluntario de la organización No More Deaths, quien fue acusado en 2019 de “conspiración por transportar y albergar a inmigrantes indocumentados”. Warren argüía que solamente daba ayuda humanitaria a migrantes en el desierto de Arizona. Aunque finalmente fue absuelto de la mayoría de los cargos, se le sentenció a 10 años de cárcel por dos cargos de transportación “ilegal” de migrantes, el caso sentó un precedente alarmante: la ayuda humanitaria puede ser criminalizada. En México, esta tendencia también comienza a manifestarse, con crecientes obstáculos legales y administrativos para quienes defienden los derechos de las personas migrantes, la prohibición de entradas a los centros de detención migratoria, donde se cometen una serie de violaciones a los derechos humanos.
El recorte de fondos de USAID ha impactado negativamente en organizaciones civiles. El gobierno de Trump ha recortado significativamente los fondos destinados a organizaciones humanitarias a través de agencias como USAID, bajo el argumento de que estas entidades “alientan la migración irregular”. Esta decisión ha afectado gravemente a albergues y organizaciones como Casa Frida, por ejemplo, han tenido que reducir sus operaciones por falta de recursos, y también muchas otras organizaciones de ayuda humanitaria a migrantes, tanto en México como en Latinoamérica, han reducido sus servicios o cerrado programas por la falta de financiación. Aunque el flujo migratorio disminuyó temporalmente en los primeros meses de 2025, la necesidad de protección y asistencia humanitaria persiste, y los recortes presupuestarios agravan la situación de vulnerabilidad de miles de personas en tránsito.
México como muro de contención
Desde 2019, la Guardia Nacional mexicana (GN), en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y, de manera informal, con otras corporaciones policiales, ha asumido un rol central en la contención de la migración en la frontera sur dentro del territorio mexicano. Esta estrategia responde a un proceso de externalización de fronteras, en el que México actúa como muro de contención para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.
Uno de los ejemplos más visibles de esta política es la presencia de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, donde se realizan patrullajes constantes para disuadir los cruces irregulares a través de una frontera altamente porosa. Además, se han instalado retenes migratorios a lo largo de las rutas ferroviarias y carreteras, utilizadas por los migrantes, con sus respectivas detenciones. Estos operativos han incrementado el arresto de personas migrantes, quienes son devueltas a estaciones migratorias en el sur del país, desalentando así la continuación del viaje hacia el norte.
Las estaciones migratorias mexicanas han sido objeto de múltiples denuncias por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. A pesar de que existe una sentencia judicial que prohíbe al INM incurrir en la llamada “desaparición administrativa” —es decir, la detención de personas sin registro oficial ni acceso a información sobre su paradero—, esta práctica persiste y genera una serie de irregularidades que pueden desembocar en la extorsión y el secuestro. Los registros siguen siendo manuales, sin un sistema digital transparente que permita el seguimiento de las personas detenidas y saber dónde está su paradero en tiempo real.
Tras el trágico incendio en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez en 2023, que dejó decenas de muertos, las autoridades realizaron remodelaciones en varios centros de detención para mejorar las condiciones físicas. Sin embargo, aunque el espacio de los centros de detención haya sido remozado, persisten los malos tratos, la alimentación deficiente, el aislamiento prolongado y prácticas, incluso, de extorsión, haciendo un uso indebido, en ocasiones, de los números telefónicos proporcionados por los migrantes para comunicarse con sus familiares. Estas condiciones no sólo vulneran derechos fundamentales, sino que también facilitan la comisión de delitos que quedan impunes, especialmente cuando las personas detenidas no tienen acceso a representación legal ni a mecanismos de denuncia efectivos.
Factores estructurales del desplazamiento forzado
En la actualidad, no podemos hablar de entidades aisladas que violan los derechos de los migrantes o delinquen, necesitamos entrelazar acciones de servidores público y privados con las criminalidades a gran escala. El concepto de macrocriminalidades, desarrollado por la Dra. María Eloísa Quintero, nos puede ayudar a entender este entramado cada vez más complejo y que afecta directamente a los migrantes en tránsito por nuestro país. Entonces entendemos la macrocriminalidad como:
Fenómenos criminales que, por el número de víctimas, victimarios, cuantía de daños, permanencia en el tiempo, habitualidad y complejidad, se entienden desarrollados en contexto macro, o sea a gran escala, y que por ende se diferencian cuantitativa y cualitativamente de las denominadas formas ‘normales’ de criminalidad. (Quintero, 2021)
Este enfoque ha sido adoptado tanto en el ámbito jurídico como en el académico y político para analizar fenómenos delictivos que no pueden entenderse como hechos aislados, sino como parte de dinámicas estructurales complejas, en las que convergen actores del sector público, privado y del crimen organizado. Estas redes operan de forma tan entrelazada que resulta difícil distinguir dónde termina la legalidad y dónde comienza la criminalidad.
En el contexto migratorio, las macrocriminalidades se manifiestan de manera alarmante en actividades como el tráfico y la trata de personas, la explotación laboral y sexual, utilización forzada de migrantes en actividades ilícitas y el tráfico de órganos.
Los migrantes, especialmente aquellos en situación irregular, son blanco fácil para estas redes, que los extorsionan, esclavizan o desaparecen. Casos documentados muestran cómo personas reportadas como desaparecidas durante su tránsito migratorio reaparecen meses después, en los mejores de los casos, en condiciones de esclavitud o explotación. Sin embargo, la mayoría de quienes desaparecen no regresan jamás, y sus familias quedan con la tristeza y el trauma de no conocer su paradero.
Las causas de las desapariciones de migrantes son múltiples: desde accidentes en rutas peligrosas —como el cruce del desierto— hasta ataques de animales salvajes o, más frecuentemente, la intervención de redes criminales que utilizan a los migrantes mientras son útiles y los desechan cuando ya no lo son. La impunidad con la que operan estas estructuras es facilitada por la falta de registros oficiales, la corrupción institucional y la ausencia de mecanismos eficaces de protección.
Otro factor estructural que afecta a la movilización de millones de personas es ocasionado por la llamada: “crisis socioambiental”, en la Encíclica “Laudato Si” (Francisco, 2025), que amalgama no sólo las causas estructurales de la desigualdad en el sistema, y que muestran cómo esta crisis se ha convertido en un factor determinante en los desplazamientos humanos contemporáneos (ver Banco Mundial, 2021). Sequías prolongadas, huracanes devastadores, pérdida de cultivos y el aumento del nivel del mar están forzando a comunidades enteras a abandonar sus territorios. En regiones rurales de América Latina, por ejemplo, la pérdida de cosechas debido a la falta de lluvias ha dejado a miles de familias sin medios de subsistencia, obligándolas a migrar en busca de mejores condiciones de vida a otros lugares que les puedan proporcionar lo básico para subsistir.
Fenómenos extremos como inundaciones, incendios forestales y tormentas tropicales están ocurriendo con mayor frecuencia e intensidad, dejando a su paso destrucción, pobreza y desplazamiento masivo. En zonas costeras, el avance del mar está invadiendo asentamientos humanos, obligando a sus habitantes a desplazarse de manera repentina y sin preparación.
Este tipo de migración, conocida como migración climática, para algunos autores, es consecuencia de la crisis socioambiental, antes mencionada, aún no está plenamente reconocida en los marcos legales internacionales de protección. Sin embargo, todo indica que en los próximos años aumentará significativamente el número de personas que requerirán protección internacional debido a las consecuencias del cambio climático. La comunidad internacional enfrenta el desafío urgente de reconocer y atender esta nueva categoría de desplazamiento forzado, que no responde a conflictos armados ni persecuciones políticas, sino a la degradación ambiental y la crisis ecológica global.
La resistencia: defensores de derechos humanos y redes de solidaridad
A pesar del endurecimiento de las políticas migratorias y del creciente cierre de fronteras, la resistencia social y comunitaria también se fortalece y se reinventa. Frente a cada nueva barrera, surgen nuevas formas de solidaridad. Diversos espacios —albergues, organizaciones de la sociedad civil, universidades, comunidades religiosas y personas voluntarias— han asumido un papel activo en la defensa del derecho a migrar y en la protección de quienes se ven forzados a desplazarse.
Estas iniciativas parten de una convicción ética y política: migrar es un derecho humano, no migrar también; y mientras no se atiendan las causas estructurales que obligan a las personas a abandonar sus hogares —como la pobreza, la violencia, la desigualdad o el cambio climático—, los flujos migratorios no sólo continuarán, sino que se transformarán y adaptarán a las nuevas condiciones.
Un ejemplo emblemático de esta resistencia se ha dado en Los Ángeles, California, donde las políticas de detención masiva impulsadas por la administración Trump han sido enfrentadas por movilizaciones comunitarias. En muchos barrios, la organización vecinal ha logrado expulsar a ICE de zonas residenciales, impidiendo detenciones arbitrarias y protegiendo a personas migrantes. Estas acciones demuestran que cuando una comunidad se organiza, puede desafiar y frenar políticas injustas, aquí puede entrar la discusión entre la legalidad y la justicia, porque hay políticas injustas, pero son legales.
Propuestas desde la sociedad civil: regularización, protección y cooperación regional
Desde la sociedad civil han surgido propuestas concretas para enfrentar la crisis migratoria desde una perspectiva de derechos humanos. Entre éstas se destacan:
Procesos de regularización migratoria que permitan a las personas vivir y trabajar con dignidad, sin temor a la deportación, como la nueva propuesta de ley en Estados Unidos, en la que se habla para migrantes indocumentados sin récord criminal, de una estadía y trabajo regular.
Mecanismos de protección internacional más amplios, que incluyan a personas desplazadas por el cambio climático, la violencia estructural o la persecución por razones de género.
Cooperación regional entre países de origen, tránsito y destino, basada en la corresponsabilidad y no en la externalización de fronteras.
Estas propuestas no sólo buscan aliviar el sufrimiento inmediato de las personas migrantes, sino también transformar las condiciones estructurales que generan la migración forzada. En este sentido, la resistencia no es únicamente una respuesta reactiva, sino también una apuesta por un modelo de sociedad más justo, solidario y humano.
Conclusiones y propuestas. Síntesis crítica de los hallazgos
La narrativa tradicional que presenta a Estados Unidos como un país fundado sobre los valores de la libertad, la democracia y las oportunidades, se ve profundamente cuestionada cuando se examina su historia y sus políticas migratorias contemporáneas. Desde la colonización y el despojo de los pueblos originarios, pasando por la esclavitud de personas africanas, hasta la explotación sistemática de la mano de obra mexicana durante y después del Programa Bracero, se revela un patrón estructural de acumulación basada en la exclusión, la violencia y la desigualdad, como diría David Harvey, “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005), son nuevas maneras de colonialismo, a través de un capitalismo neoliberal, que promueve el actual mandatario estadounidense.
Lejos de ser un fenómeno del pasado, estas lógicas persisten en el presente. Las políticas migratorias actuales —especialmente bajo las administraciones de Donald Trump— han reforzado un modelo de supremacía blanca y criminalización del “otro”, en la que los migrantes, particularmente los morenos, latinos, pobres e indocumentados, son tratados como amenazas y no como seres humanos con derechos. La represión, la detención arbitraria, la separación de familias y la negación sistemática del asilo son expresiones contemporáneas de un sistema que sostiene su prosperidad sobre la precarización de los más vulnerables.
Sin embargo, también es importante reconocer que no toda la sociedad estadounidense comparte esta visión excluyente. Existen movimientos de resistencia, comunidades organizadas, universidades, iglesias y ciudadanos que luchan por un país más justo e inclusivo.
Propuestas de política pública
Frente a este panorama, es urgente avanzar hacia políticas migratorias que pongan en el centro la dignidad humana y los derechos fundamentales. Algunas propuestas claves incluyen:
Garantizar vías seguras y legales para la migración, que eviten la exposición de las personas a redes criminales y a condiciones inhumanas y a situaciones de mayor vulnerabilidad. Se pueden implementar contrataciones de trabajadores agrícolas como se hace con las visas H-2A.
Fortalecer la cooperación regional entre países de origen, tránsito y destino, basada en la corresponsabilidad y no en la militarización de las fronteras. Se necesita reforzar el derecho a no migrar, generando empleos bien remunerados, con oportunidades de salarios dignos y competitivos que generen riqueza y que las personas no busquen la migración como una huida de la vida precaria que viven.
Reconocer y proteger a las personas desplazadas por el cambio climático, desde una perspectiva de crisis socioambiental, ampliando los marcos legales internacionales de refugio y asilo y, con ello, buscar la protección de las personas y no sólo de las economías.
Impulsar una reforma migratoria integral, que permita a millones de personas vivir y trabajar con derechos plenos, eso sería lo ideal. Una reforma migratoria integral que regularice a aquellos que producen riqueza y pagan impuestos.
También hay otros exilios contemporáneos en el contexto de la globalización que hay que considerar, convirtiendo a los migrantes en personas más vulnerables, como pueden ser los exilios simbólicos y existenciales que afectan a personas marginadas por razones de género, orientación sexual, raza o clase, agravando las condiciones en que los migrantes pobres, racializados y descartados viven (Zepeda, 2019).
En todos los casos necesitamos vivir una ética de la compasión política, inspirada en una visión crítica de la realidad, como respuesta a las múltiples formas de exclusión que producen los capitalismos “gore”.
Llamado a la acción
Este análisis no puede quedarse solamente como denuncia. Es necesario un llamado a la acción desde todos los sectores: la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación y los gobiernos. La defensa de los derechos de las personas migrantes no es sólo una cuestión legal o humanitaria, sino una lucha por el tipo de sociedad que queremos construir: una más justa y donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos dignamente.
Estados Unidos —como cualquier otro país— no está condenado a repetir su historial de exclusión. Existen voces, movimientos y comunidades que trabajan día a día por un país verdaderamente democrático, donde ser blanco, negro, indígena o migrante no determine el acceso a la dignidad y a la justicia. Es en esas resistencias donde se encuentra la esperanza de un futuro más humano y solidario, un mundo con compasión política y efectiva.
Referencias
Banco Mundial. (2021). Millones de personas en movimiento: lo que el cambio climático podría significar para la migración interna. https://blogs.worldbank.org/es/voices/millones-de-personas-en-movimiento-lo-que-el-cambio-climatico-podria-significar-para-la
Cortina, Adela. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre. Madrid: Paidós.
Francisco. (2015). Laudato Si’: Sobre el cuidado de la casa común. Vaticano. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
Harvey, David. (2005). El Nuevo Imperialismo. Buenos Aires: CLACSO.
Lightman, David y Miranda Mathew. (2024, julio 30). Indocumentados en CA pagan miles de millones en impuestos. Fresno Bee. https://www.fresnobee.com/vida-en-el-valle/noticias/california-es/article290574989.html
Mbembe, Achille. (2011). Necropolítica. Madrid: Melusina.
Quintero, María Eloísa. (2021). Macrocriminalidades y corrupción. Cinco herramientas de combate e investigación. En S. García y O. Islas de González (Coords.), La justicia penal en México: Balance de dos décadas. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Sassen, Saskia. (2015). Expulsiones: brutalidad y complejidad en la economía global. Buenos Aires: Katz Editores.
Valencia, Sayak. (2010). Capitalismo gore. Ciudad de México: Paidós.
Zepeda Miramontes, Conrado B. (2019). Los exilios en la aldea global y la compasión política. En Concilium: Revista internacional de teología (383), 785-789.
[1] Maestro en Antropología Social y Licenciado en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; baccalaureum in Theologia por el Colegio Máximo de Cristo Rey, afiliado a la Universidad Pontificia de México. Académico de Tiempo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla. Miembro del Programa Universitario en Migraciones. Trabajó como Director Interino del Servicio Jesuita a Migrantes México y Director del Servicio Jesuita a Refugiados México.